Taxonomía: qué supone para las gestoras

El pasado 9 de marzo, mientras todas las miradas se centraban el desplome de los mercados globales, la inversión socialmente responsable daba un paso importante: se publicaba el informe final de la propuesta del Grupo Técnico de Expertos de Finanzas Sostenibles de la Taxonomía de la UE. Es un documento en el que este grupo de 35 expertos llevaba trabajando casi dos años.

La taxonomía -que no es sino una lista de actividades económicas y criterio- permitirá saber en qué medida un activo financiero es verde. Lo explican desde Spainsif, organización sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible en España: “Tiene como fin ayudar a los inversores a comprender si una actividad económica es ambientalmente sostenible” y debe contribuir a “aumentar la confianza en que efectivamente las inversiones verdes cumplen con unos principios y estándares ambientales sólidos y transparentes, alineados con los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”. Relativamente pronto -cuando esté implantada, previsiblemente a finales de 2021-, cualquier inversor que compre un fondo que se autodenomina verde podrá saber hasta qué punto lo es.

Dos aspectos importantes. El primero, la aplicación de la taxonomía es voluntaria. Cada gestora decidirá si, para sus fondos verdes, calcula y facilita un dato de alineamiento con la taxonomía -así lo denominan, no se trata de una nota en temas climáticos, ni de una calificación-. El segundo aspecto: la taxonomía solo se refiere a aspectos medioambientales, es decir, a la A del acrónimo ASG -que aglutina los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno-. No existe todavía una taxonomía para la S ni para la G. A efectos prácticos, un inversor podrá comparar los fondos verdes de varias gestoras, y saber que el de una de ellas está alineado con la taxonomía en un, por ejemplo, 50%, otro en un 40% y otro en un 10%. A mayor porcentaje, más verde se entiende que es el fondo. Pero, como se ha comentado, esto no es una nota, ni un 50% un aprobado.

Cómo se calcula

El alineamiento de un fondo con la taxonomía se expresa como un porcentaje, y se calcula en base a los integrantes de ese fondo. Cada gestora deberá analizar cada una de las compañías que tiene en cartera, y valorar sus actividades. Deberá ir actividad económica por actividad económica. Pongamos un ejemplo sencillo muy básico -y muy simplificado, ver gráfico-: una empresa energética que obtiene el 15% de su facturación de los combustibles fósiles y un 85% de la energía eólica tendría un alineamiento del 85% con la taxonomía -el 15% de actividad ligada a los combustibles fósiles no es elegible por ser perjudicial para el medio ambiente, pero el 85% restante sí-. La gestora que tiene esta compañía en cartera tendrá en cuenta ese alineamiento, y el de cada una de las restantes compañías en las que invierte, para calcular el porcentaje de alineamiento de su fondo verde. Obtendrá ese porcentaje final teniendo en cuenta, en proporción, el peso de cada compañía en la cartera.

El grupo de expertos ha identificado un total de 6 macrosectores y 67 actividades económicas que contribuyen a mitigar el cambio climático. Este universo de actividades lo han descrito utilizando los códigos de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE).

Son las fábricas de esos fondos las que calcularán su alineamiento con la taxonomía. Si ese fondo se comercializa a través de otra entidad, señala Verónica Sanz, responsable de análisis y estudios de Spainsif, lo hará con el porcentaje de alineación que viene con el producto. Cuando la gestora realice cambios en la cartera, también deberá actualizar ese porcentaje. Ojo, porque muchos fondos son sostenibles, e invierten en base a criterios ASG, no solo a la A de ambiental. En este caso, el alineamiento con la taxonomía se referiría solo a la parte climática.

Hasta ahora hemos hablado de fondos de inversión, pero ¿y si, por ejemplo, un cliente de banca privada quisiera conocer el alineamiento de su cartera, compuesta por varios fondos? La entidad se lo podría facilitar si lo considerase “una aportación de valor añadido para el inversor”, explica Sanz.

Pese a no ser algo obligatorio, según explica Claudia Antuña, analista de inversiones de Afi, “las principales gestoras nacionales ya están adaptando sus procesos a la incorporación de este extra a su análisis”. En su opinión, esta normativa “eliminará mucha heterogeneidad entre los diferentes fondos, y ofrecerá la posibilidad de comparar la exposición de diferentes carteras a las actividades recogidas en la taxonomía”.

Respecto a los tiempos, tardará todavía en implantarse. Por un lado, no hay tantos productos puramente verdes, y por otro las gestoras “deberán establecer los mecanismos y herramientas para identificar estas actividades y el porcentaje que representan de sus carteras”, señala Antuña. Verónica Sanz recuerda que el documento presentado “está pendiente de la revisión por parte de la Comisión, que aporta pautas operativas para el futuro marco regulatorio europeo, que se espera que esté establecido a finales de 2020 y entre en vigor a finales de 2021”.

Queda trabajo por hacer. Para calcular el alineamiento de sus fondos con la taxonomía, las gestoras necesitan disponer de información detallada de las actividades de las compañías. Y, según explica la responsable de análisis y estudios de Spainsif, en este punto “la cosa se complica, ya que entran en juego los requisitos de la Directiva de Divulgación no Financiera”. En este momento se encuentra en proceso de consulta pública la reforma de esta directiva, y se está planteando la posibilidad de exigir que se reporte en base a la taxonomía. “Se concluyó, en el acuerdo político previo, la obligatoriedad de reportar en base a la taxonomía para las empresas que ya deben informar sobre sus aspectos ambientales en base a la Directiva de Información No Financiera. También se intentó aclarar el encaje de la taxonomía con la Normativa de Disclosure para productos financieros, identificando los productos de Inversión Sostenible (ISR o ASG) con objetivos medioambientales claros del resto [de compañías], que tienen la posibilidad de no reportar obligatoriamente”, señala Verónica Sanz.