Hay que aplicar criterios de Economía Circular de forma urgente

En el año 2030, ya habrá en el mundo 41 ciudades con una población superior a los 10 millones de personas; en la actualidad hay 18. El conjunto de población que reside en estas ciudades consumirá el 81% de los recursos mundiales. Concretamente, las estimaciones a 2050, sugieren que el crecimiento de la población y la urbanización doblará o incluso triplicará el uso de energía a nivel global, implicando un impacto similar en emisiones. Este crecimiento tiene una importante consecuencia, si continuamos explotando los recursos como lo hacemos ahora, basados en un modelo lineal, necesitaremos en 2050 los recursos de tres planetas tierra.

Estas tendencias tienen un impacto directo en el campo de la generación de residuos, la Unión Europea genera aproximadamente 2.500 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales el 30% son residuos de construcción y demolición. La transición hacia una economía circular, se prevé imprescindible a nivel global, fruto de ello y alineado con los objetivos de neutralidad climática de la UE para 2050 en virtud del Green Deal, la Comisión Europea impulsó en marzo de 2022 el primer paquete de medidas para acelerar este proceso, quedando plasmado en el Plan de Acción de Economía Circular.

En España, la nueva ley, 7/2022 de gestión de residuos y suelos contaminados para una economía circular, supone un paso adelante en la modernización y en la circularidad de nuestra economía y contribuirá, sin duda alguna, a la implantación de una nueva forma de diseñar los proyectos constructivos, que nos permita reducir y gestionar mejor los residuos generados.

En dicha ley, se introduce una recomendación ya hecha por el Parlamento Europeo en el año 2008 en el que se pedía a los estados miembros que se pusieran como objetivo alcanzar el 70% de valorización de los residuos generados por el sector de la construcción y demolición (RCD´s). Además de alcanzar dicho porcentaje de valorización (reciclaje), la Ley introduce determinados artículos que cambian por completo el paradigma de cómo se estaba actuando en el sector y que van a ayudar a la transición hacia un modelo de Economía Circular.

Uno de los principales cambios es la trazabilidad de los residuos de forma cronológica y en archivo electrónico, empujando de esta forma a la digitalización de la trazabilidad de los residuos para alcanzar el ya mencionado 70% de valorización. Además amplía la responsabilidad legal del promotor y del constructor haciéndoles corresponsables de lo que suceda con sus residuos hasta fin de ciclo, incentivando la reducción, reutilización y reciclado, y desincentivando el vertido y/o eliminación.

Por último, el aumento de los Impuestos y del Régimen Sancionador, en el cuál las sanciones muy graves pueden llegar a alcanzar los 3,5 millones de euros. El gran objetivo de la Economía Circular sería evitar la extracción y uso de materias primas naturales y sustituir éstas últimas por materiales reciclados y reciclables en la medida de lo posible. Para conseguir este objetivo el sector de la construcción está actuando en distintos niveles:

El diseño: utilizando modelos digitales, diseñando edificios con los máximos criterios de sostenibilidad, priorizando materiales responsables que permitan conceptualizar los edificios como “bancos de materiales”.

La ejecución: se está extendiendo el concepto de construcción industrializada. En ella se “fabrica” el edificio por partes en una fábrica para posteriormente montar y ensamblar las piezas en obra, esto permite ajustar al máximo el uso de materiales, disminuir en gran medida los residuos que se producen y reducir los tiempos de ejecución de las obras. Este tipo de construcción está apostando también por materiales alternativos, como la madera por ejemplo, u otros materiales que surgen de la investigación y aprovechamiento de materiales reciclados. El gran reto en la parte de ejecución está en realizar una correcta separación de los residuos generados directamente en la obra, ya que es la única forma de alcanzar el nivel de valorización deseado (70% como mínimo).

La nueva ley promueve este aspecto especificando que independientemente de la cantidad de residuo generado, por pequeñas cantidades que sean, deben separarse al menos en los siguientes flujos de materiales: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico, papel/cartón y yeso. Hasta ahora esa labor de separación se solía delegar en los centros de transferencia de las gestoras valorizadoras, y, desde la obra, se solía trabajar con contenedores de residuos con producto mezclado. Se ha comprobado que de esa forma no se supera el 37% de valorización, muy lejos del nuevo objetivo del 70%. Las empresas están invirtiendo en formación, concienciación y motivación de los equipos de obra para realizar de la forma más eficaz posible esa transición a la nueva forma de operar separando correctamente los residuos. De esta manera, las gestoras y plantas de tratamiento reciben los materiales en una condición que facilita realizar un correcto tratamiento que permita obtener materia prima secundaria.

Para lograr cerrar el círculo, los fabricantes están invirtiendo en investigación para la reintroducción de materiales reciclados como materia prima secundaria y por otro en el diseño de la logística inversa que les permita retornar a sus fábricas los retales de sus materiales no aprovechados en obra para volver a reintroducirlos en la línea productiva. Es clave el diálogo, cooperación y compromiso de todos los agentes de la cadena de valor (fabricantes, distribuidores, promotores, constructores, instaladores, gestoras, plantas de tratamiento y administración pública) para poder obtener los resultados exigidos por la nueva ley y conseguir esa transición hacia la economía circular. La digitalización será imprescindible para garantizar la trazabilidad y comunicación entre todos los agentes del sector.