El sector inmobiliario, en concreto el residencial, juega un papel decisivo en la CAM
Después de las elecciones de este pasado 4 de mayo se abre un nuevo camino para el Gobierno en la Comunidad de Madrid donde, además de poner el foco en materias tan imprescindibles como la sanidad en medio de la pandemia que vivimos por el Covid, el inmobiliario también es un sector donde hay que pararse a pensar las medidas que se deben tomar.
Los expertos del sector creen que se necesitan medidas que impulsen la creación de suelo promovible en zonas donde la demanda está insatisfecha, así como medidas para agilizar los plazos de tramitación de licencias y los procesos de planeamiento urbanístico. También se debería evitar el encarecimiento de la materia prima, que es el suelo, y en este sentido todo el sector pide a gritos la redacción de una nueva ley del suelo como algo imprescindible, que debería venir acompañada de una modernización en la gestión digitalizando los procesos y aprovechado los fondos Next Generation, que precisamente tiene como uno de sus objetivos la modernización de las administraciones y la digitalización de las mismas. Esto dará al urbanismo madrileño una seguridad jurídica que hasta ahora no ha tenido. Porque, uno de los principales retos a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo es garantizar un entorno de estabilidad jurídica y legal para que los diferentes sectores de actividad puedan impulsar sus planes de negocio y mantener el atractivo inversor de la Comunidad. El desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid depende de su capacidad para atraer y retener ciudadanos, así como de inversiones y empresas que aporten valor a la economía regional y a los madrileños. El sector inmobiliario, en particular el residencial, juega un papel decisivo. El Gobierno debe ser el catalizador de una nueva estrategia de desarrollo para el sector inmobiliario, que incentive a los operadores públicos y privados a trabajar juntos, a ser proactivos en la creación de soluciones que involucren al mercado residencial. por ello, también es es urgente atraer y captar parte de los fondos de la Unión Europea destinados al inmobiliario en residencial. Por otro lado, la nueva administración debe impulsar soluciones en materia de vivienda social o facilitar la creación de bolsas de suelo con bajo coste, así como aprobar ayudas a la compra de vivienda para los segmentos de población que no pueden acceder a la misma, como por ejemplo, los jóvenes. En este sentido, la colaboración público-privada es la vía para dinamizar el sector. En el alquiler la oferta siempre ha estado en manos de particulares en los últimos años y ahora se está profesionalizando con la llegada del build to rent, construir para alquilar. Cada vez más promotores construyen viviendas para el alquiler y para ello se necesita contar con una colaboración público-privada y el nuevo Gobierno tiene que seguir avanzando con más proyectos como el Plan Vive Madrid, para poner en el mercado vivienda asequible donde los precios están tasados y la administración aporta el suelo. En última instancia, la Comunidad de Madrid debe ser un referente en urbanismo.