La nueva Ley del Suelo, más que liberalizar el urbanismo lo que hace es desburocratizar
Todo el sector aplaude la modificación de la nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid donde la medida principal que aborda es la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas -excepto las estatales-, que hasta ahora eran obligatorias y se sustituyen por declaraciones responsables para agilizar los plazos. De esta manera, las licencias que se otorgaban en una media de 12 meses se podrán hacer de inmediato con el beneficio que conlleva para los ciudadanos y ayuntamientos, encargados de tramitarlas, y el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Esta modificación no es novedosa, ya que en otras Comunidades Autónomas ya se aplica la declaración responsable. Por tanto y recogiendo las palabras de Mikel Echevarren, CEO de Colliers International España, esta modificación es “un pasito para el hombre, pero para el sector es poner un pie en la Luna”. El sector con esta modificación se da por satisfecho porque baja la incertidumbre en un proceso de inversión a largo plazo, pero claro ahora hay que ver a partir del 4 de noviembre que es cuando entra en vigor, si se aplica correctamente por cada Ayuntamiento y no se piden permisos que hagan volver a empezar otra vez en la casilla de salida.
Es una modificación buena para el cliente porque los precios en la vivienda van a bajar ya que los retrasos en las licencias de primera ocupación generaban al cliente un incremento medio de 13.000 euros en el precio final de la vivienda de obra nueva. También es buena para el sector porque puede dinamizar sus propias operaciones internas y por último, bueno también para la Administración, porque recibe unos ingresos de forma anticipada en el tiempo.
Lo que no se va a conseguir con esta modificación es desbloquear el urbanismo en Madrid y poner suelo finalista en el mercado de forma más rápida, para eso hace falta una Ley de Seguridad Jurídica que permita dar mayor seguridad a un desarrollo y que no esté sujeto a que el tribunal lo pueda tumbar por distintos motivos como los que hemos visto estos últimos años en varios desarrollos en Madrid. Por tanto, esta modificación de la Ley del Suelo más que traer una liberalización del urbanismo, lo que supone es una figura de reducción de toda la carga burocrática y de contratación donde ha quedado demostrado que había un problema. Esta modificación de la Ley es un primer paso para generar oportunidades de crecimiento mediante la mejora del marco normativo que regula el desarrollo de las empresas y el bienestar de los trabajadores madrileños. Dichas medidas permitirán ahorrar tiempo, reducir plazos y costes a los ciudadanos y atraer más interés para reactivar la economía de la región. No hay que olvidar que el sector inmobiliario representa más del 10% del PIB nacional -en millones de euros, más de 130.000-. Y en Madrid, que es la principal locomotora inmobiliaria de España, sólo la inversión en vivienda -sin incluir el resto de la actividad constructora e inmobiliaria- en 2019, ascendió a los 14.173 millones de euros, el 5,9% del PIB total autonómico.