Lo que el sistema emprendedor español tiene que decir de la digitalización de la Justicia
Si la transformación digital ya era una necesidad y una tendencia al alza antes de la pandemia, la crisis del Covid-19 no ha hecho más que acelerar la importancia de tener economías digitales, flexibles y resilientes, que puedan afrontar un contexto cambiante y mantener la actividad incluso en los entornos más inciertos. Esta importante y necesaria transformación digital se ha materializado en un esfuerzo de las instituciones en acelerar la innovación, cuyo máximo exponente es el despliegue de los fondos europeos Next Generation EU y programas específicos para la transformación de nuestra economía, como es el caso del Kit Digital en España.
Estos esfuerzos son muy positivos para el conjunto de la sociedad y la competitividad de nuestro sistema productivo. Sin embargo, todos estos procesos de digitalización de las empresas españolas no pueden hacerse de espaldas a las corrientes de innovación y generación de proyectos disruptores que ya existen en nuestra economía. Hablamos de los emprendedores y las empresas nativas digitales, que tienen que ser protagonistas también de la transformación digital en la que estamos inmersos y que ya cuentan con la experiencia previa de la gestión empresarial en la economía digital.
En el caso del sector jurídico, el Ministerio de Justicia ya ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Justicia 2030, que contempla un ecosistema de innovación 100% digital e invita al talento emprendedor y empresarial a sumarse a esta gran transformación a través de la colaboración conjunta. Se trata de un proyecto dinámico y sostenible, que solo será posible a través del trabajo cooperativo entre todos los actores de la justicia, administraciones, autónomos, emprendedores, grandes y pequeñas empresas. Hay que ser consciente de que las nuevas corrientes de emprendimiento dinamizan nuestra economía, la hacen más competitiva, y sirven como referencia para la transformación del resto del tejido productivo.
La digitalización es un asunto que compete a todos, tratándose de un proceso mucho más amplio en el que no solo podemos hablar del sector privado por un lado y del público por otro, sino que ambos deben caminar a la par con el objetivo de introducir mecanismos asequibles, sostenibles y homogéneos para mejorar la vida del ciudadano. Esto, en suma, significa que no puede haber una transformación digital exitosa si se produce a varios niveles y no de manera conjunta. El reto es concebir y ejecutar la digitalización como un esfuerzo integral de toda nuestra sociedad, y para esto es esencial la colaboración público-privada.
Encontramos en el panorama español casos de éxito que contribuyen a esta necesaria transformación digital en la Justicia, como el de las compañías que fortalecen el sector “Legaltech”. Las compañías del sector legal basadas en la innovación tecnológica, como es el caso de Atlante, son un ejemplo de cómo se consigue acompasar la digitalización, ayudando a la transformación digital de todo el sistema judicial. Las empresas Legaltech no solo facilitan los trámites judiciales, sino que también colaboran con las empresas a mantener una relación más fluida con la Administración de Justicia, una cuestión indispensable en la gestión empresarial.
Esto se hace especialmente relevante en un sector como el legal, con tradicionales carencias en materia de digitalización debido a su rigidez. Aquí, el ecosistema Legaltech es ejemplo del valor que se puede aportar a la digitalización de todo un sector y, en definitiva, al conjunto de la sociedad. Esto incluye también los beneficios que se aportan a los clientes desde las empresas Legaltech, ya que los profesionales del sector jurídico quedan descargados de tareas rutinarias de poco valor añadido y pueden centrarse en otras áreas que generan más valor a la compañía y, por supuesto, al cliente.
Sin embargo, en algunos casos, los emprendedores encuentran un gran número de resistencias fuera y dentro de su sector, especialmente en el legal, y por eso es importante que desde las propias instituciones públicas y también desde el sector privado se haga fuerza de manera conjunta, facilitando la generación de ideas y proyectos que sean nativos digitales. De este modo, si apostamos por la digitalización, pronto podremos celebrar juicios telemáticos, comisiones por videoconferencia o regular digitalmente los sistemas de autentificación e identificación, sin pérdida de garantías y sin aumento de cuantías; además de impulsar la digitalización del resto del tejido productivo. Atlante, es un ejemplo de apuesta por la digitalización y emprendimiento a través de su ecosistema propio LYRA, una herramienta tecnológica integrada, que permite, entre otras cosas, gestionar miles de notificaciones diarias mediante Machine Learning e IA, conectividad directa con Lexnet.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que las ideas y proyectos que surgen de compañías con espíritu emprendedor muchas veces van por delante de los marcos legislativos que existen. Esto nos hace subrayar la importancia de que el legislador sea también ágil y flexible para adaptar el marco jurídico a la realidad de una economía digitalizada que fomente precisamente la generación de ideas y la innovación. Es una obviedad, pero si de verdad queremos apostar por la disrupción como sociedad, se hace necesario tener marcos jurídicos dinámicos que sean capaces de generar certezas y seguridad jurídica a los emprendedores y sus negocios.
El ecosistema emprendedor de España tiene un gran potencial, no solo para crecer, sino también para hacer crecer al conjunto de la economía y del tejido productivo, especialmente en el sector jurídico. El ecosistema Legaltech está consiguiendo en España optimizar tiempos de gestión y tramitación documental, fomentar la generación de valor para los clientes y profundizar en la digitalización de todo el sector, incluyendo la Administración. Por ello, es esencial continuar apoyando la creación de empresas nativas digitales y seguir generando oportunidades de negocio para los emprendedores.