S.O.S.: las pequeñas y medianas empresas se hunden

En julio de 2010 se publicó en el BOE la modificación de la Ley 15/2010 de la Morosidad. Dicha ley establecía unos plazos de pago que en la práctica no se están cumpliendo, de hecho, en los últimos años, la situación de la tesorería de pymes y micropymes ha empeorado. Las pymes somos la parte más débil en la cadena de valor y nos encontramos ante una situación muy complicada, debiendo pagar antes a nuestros proveedores y sufriendo demoras en el cobro por parte de los clientes.

En el año 2021, con la moratoria concursal en pleno funcionamiento por el Covid-19 (iniciada el 14 de marzo de 2020 y ampliada hasta el 30 de junio de 2022), en España se han producido más de 5.500 concursos de acreedores y la expectativa para este 2022 es que crezcan el 27%. En el escenario económico actual, la inflación de prácticamente dos dígitos, nos lleva a unas pérdidas seguras, pues teniendo cerrado el precio de venta, con esta subida de costes los márgenes son negativos. Con el incremento de los costes energéticos la situación se agrava, pues no está habiendo apoyo a las empresas, fundamentalmente a la industria. El final de los Ertes Covid en el peor momento, y la consecuente obligatoriedad del mantenimiento del empleo cuando no ha existido la recuperación necesaria, también es muy dañino para las pymes.

Por otra parte, el inicio de los pagos de los créditos ICO Covid supone otra andanada más, ya que justo ahora se acaba la carencia de los dos años del pago de estos créditos. Y, por si fuera poco, la escasez de materias primas está echando más leña al fuego ya que, en determinadas pymes, la afectación de estos materiales está produciendo la parálisis de fabricación y comercialización.

En resumen, las pymes se hunden. En este escenario de intranquilidad no podemos disponer de nuestro dinero, desde la obligatoriedad de la inversión del sujeto pasivo y facturar el IVA a la Hacienda Pública, ni compensar con la Agencia Tributaria gastos con ingresos. La incertidumbre política y económica, forman la conjunción perfecta para bloquear la actividad empresarial e incrementar de forma exponencial el incumplimiento de los pagos. La situación en que se están viendo inmersos importantes sectores empresariales por el aumento de los costes de la electricidad resulta de una extrema preocupación. Se está poniendo en cuestión la viabilidad de muchas pymes españolas y, con ello, el efecto arrastre hacia una enorme cantidad de empresas con las que se relacionan comercialmente.

Es el momento. Las empresas necesitamos que se acorten los plazos de pago y precisamos garantías de cobro con urgencia. En este camino, es preciso reivindicar y poner en valor el papel de las asociaciones sectoriales y profesionales como portavoces en defensa de nuestros intereses. Tras el fracaso de algunas iniciativas por alejarse de su fin fundamental, es necesario afrontar esta situación buscando soluciones viables y no demagógicas, que cuenten con el respaldo de las organizaciones de la mayoría de pymes españolas encuadradas en Cepyme.

Actualmente se está tramitando en el Parlamento el Reglamento Sancionador contra la Morosidad. A la espera de que pase al Senado para sus modificaciones y de que sea aprobado en el Congreso de forma definitiva, desde las organizaciones profesionales tenemos la obligación de trabajar en ello para corresponder a la confianza que las pequeñas y medianas y empresas han depositado en sus representantes. Y debemos hacerlo mediante una interlocución única, con un solo frente abierto, marcadamente empresarial y nunca politizado.

De hecho, desde Cepyme, tenemos diversas líneas de trabajo que esperamos se concreten en medidas y actuaciones que impulsen el acortamiento y la garantía de los plazos de cobro. Así, hemos puesto en marcha el Observatorio de la Morosidad. Este observatorio ya ha impulsado iniciativas técnicas y de información básicas para poder analizar correctamente el problema de la morosidad. Se trata de la primera base de datos de acceso público sobre morosidad, una herramienta muy útil para las empresas, que permite a los usuarios acceder a los indicadores más relevantes para conocer la situación de la morosidad interempresarial, tanto pública como privada. El Índice de Morosidad Empresarial que aporta el Observatorio mide las fluctuaciones coyunturales de los retrasos de pago, basándose en los indicadores del periodo medio de pago y el porcentaje de los importes pagados fuera de plazo. Además, este Observatorio tiende a impulsar los contactos intersectoriales entre las cadenas de pago. Es cierto que la morosidad se concentra especialmente en ciertos sectores empresariales y, aunque tiene una raíz común, tiene concreciones diferentes. Es por ello que creemos que por la vía del diálogo podemos encontrar soluciones más eficientes.

Entendemos que cualquier solución debe ser progresiva, buscando una solución eficaz más que llamativa. Al final, todos los sectores somos cadenas de producción que dependemos unos de otros en nuestra actividad empresarial, por lo que no tiene sentido pretender perjudicar a una parte del sector ya que, de esta forma, quedaría condicionada la competencia de todo el sector. Creemos que el acortamiento de los plazos de pago es una cuestión básica, pero no menor es la existencia de unas garantías de cobro justas que permitan agilizar las relaciones económicas entre empresas. Para ello, es necesario que el sector financiero comprenda el problema y encuentre nuevos instrumentos financieros de beneficio común.

De esta forma, y con la urgencia necesaria descrita anteriormente, ante el previsible incremento que va a registrar la morosidad este año como consecuencia de la situación económica ya descrita, el Observatorio de la Morosidad contribuirá a adoptar las propuestas más adecuadas para combatir esta mala práctica comercial y evitar los daños que ocasiona a las empresas, especialmente a las pymes.

Nos enfrentamos a momentos difíciles en los que nos estamos jugando la continuidad de nuestros negocios, especialmente endeudados en este escenario de crisis económica tras la pandemia sanitaria y, ahora, en una dificilísima coyuntura económica.