La morosidad está presente en el 69,7% de los pagos entre empresas

En los últimos tiempos, nuestro mundo ha sufrido innumerables cambios que han supuesto grandes problemas para las familias y el tejido productivo. En el caso de este último, la incidencia de las crisis y problemas de suministros a las que nos estamos enfrentando ponen en graves problemas la supervivencia de las empresas para afrontar o recibir los pagos pendientes. Esta situación puede terminar con la actividad de las empresas que hayan quedado en una situación muy frágil y sean dependientes de otras compañías.

En el caso de las empresas de menor tamaño, la morosidad es un espectro con el que la convivencia es algo normal, ya que debido a su falta de estructura tienen una menor capacidad para acceder a financiación y menor liquidez de la normal, y con el contexto actual este tipo de problemas se agrava todavía más. Es en estos casos, cuando la pequeña y mediana empresa (así como el autónomo) están estresadas por la realidad económica, tratan de retrasar el pago a sus proveedores. La tendencia de la morosidad es un claro indicador de la propia salud del tejido empresarial.

En términos generales, la morosidad se puede entender como una práctica de ajuste en la empresa debido a una falta de liquidez importante y que podría poner en riesgo su supervivencia; o como el resultado de las malas prácticas empresariales. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), fuentes consultadas por este medio nos explican que, en el caso de las pequeñas compañías, no comparten la última tesis ni creen que así sea, y explican que la pequeña empresa en España depende de los proveedores y no tienen sentido que se arriesgue a perder a algún socio comercial.

Por otro lado, desde Cepyme apuntan que, en sus estudios sobre la morosidad, la mayor parte se produce entre pymes, a excepción de una pequeña parte, debido a que las empresas con mayor estructura y músculo financiero tienen el poder de hacer un convenio para retrasar sus pagos de forma legal, algo que la pyme siempre va a aceptar por su posición.

La morosidad en datos

La morosidad, no es un agente que genere únicamente un impacto negativo en los resultados de las empresas, sino que también es un elemento desestabilizador que genera un coste de oportunidad financiero, debido a que esta tardanza en el pago de las facturas y montos pendientes reduce sustancialmente la posibilidad de obtener un retorno en el mercado, en forma de interés a los acreedores de deuda comercial.

A través de los datos del último Observatorio de Morosidad de Cepyme, correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2021, podemos extraer la evolución y el impacto de la pandemia. La evolución de los pagos con los últimos problemas energéticos y de suministros derivados de la guerra en Ucrania no se ven reflejados en el informe.

En este sentido, los datos del tercer trimestre de 2021 muestran que la deuda comercial con retraso en pago ha crecido un 17,3% en términos interanuales, hasta alcanzar un valor de 279.808 millones de euros. De esta manera, a partir del tipo de interés legal del dinero fijado en el 3% por el Banco de España, se ha estimado que los intereses de demora exigibles por retraso en pago han alcanzado los 1.411 millones de euros (+15,8% interanual). Parte de esta subida se explica por el incremento del porcentaje de facturas totales con retraso en pago, lo que ha generado que la deuda comercial con retraso en pago creciese a una mayor velocidad que la propia deuda comercial. De esta forma, el porcentaje de facturas emitidas con retrasos en el pago suponen ya el 69,7% del total de las facturas.

Desde Cepyme, su presidente, Gerardo Cuerva, ha explicado a elEconomista que “esta merma de liquidez impacta de forma directa en la productividad de la empresa. Es un agujero en la tesorería, la empresa tendrá que acudir a financiación para suplirla y esto le cuesta más de 1.400 millones de euros. La empresa arrastra graves secuelas de la pandemia, ha salido sobreendeudada, con más morosidad, y además la actividad de la empresa no ha alcanzado todavía el nivel previo a la crisis. Por tanto, cualquier impacto en la liquidez de la empresa es muy lesiva para la salud de las compañías”, ha aclarado.

Para Cuerva, a todo esto hay que sumarle “el encarecimiento de los precios. Los costes de las empresas están aumentando tanto energéticos como de suministros y esto está haciendo peligrar la cadena de suministros de muchas empresas. Por parte de las más pequeñas, muchos sectores todavía no han repercutido los costes a sus precios finales por no ser expulsados del mercado y todo esto acrecienta la caída de liquidez en las empresas. Por este motivo, la morosidad impacta más de lleno en las empresas en el momento actual. Por un lado, porque el encarecimiento de los productos puede incrementar la morosidad a su vez, y por otro porque la estrechez de rentabilidad de los negocios reduce todavía más su liquidez dejando menos capacidad a la empresa para absorber la mora que pueda sufrir”, ha apuntado el también vicepresidente de la patronal CEOE.

Periodos de pago y tamaño de la empresa

No podemos hablar de morosidad sin tratar los tiempos medios de pago de la deuda. Las diferencias entre lo que se denomina PMP (Periodo Medio de Pago) en el informe elaborado por Cepyme, tiene en cuenta los datos del último trimestre del año.

Las diferencias entre los PMP de los distintos tipos de empresas en función del tamaño se han reducido en el cuarto trimestre de 2021. En esta ocasión, son las pequeñas y medianas empresas quienes lideran la caída del PMP, situándose los retrasos medios en 82,1 y 82,2 días, respectivamente.

Por su parte, las microempresas han visto como su PMP se ha incrementado en 2,4 días en términos interanuales hasta alcanzar un PMP de 78,4 días. Sin embargo, aunque en términos promedio las microempresas tardan 4,6 días más en pagar que las grandes empresas, esta diferencia se ha reducido en 4,1 días en este último trimestre.

Las grandes empresas (con más de 250 trabajadores) siguen teniendo los menores PMP, si bien ha crecido en 5,3 días respecto al cuarto trimestre del año anterior, lo que sigue alimentando la tendencia negativa que se viene observando desde principios de 2018. La media se sitúa ahora en los 81,4 días.