Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de España: “La digitalización necesita que se establezcan reglas de juego iguales para todo el mundo”

La Cámara de Comercio de España reclama al Gobierno que promueva la elaboración de un nuevo marco normativo que permita afrontar con garantías una transición digital en el país que sea "inclusiva, sostenible, equilibrada y justa". Para ello, han presentado la Iniciativa para la Transición Digital, un documento que recoge 65 propuestas para que la economía y la sociedad españolas den el salto definitivo hacia la digitalización.

¿Cómo pueden las empresas enfrentarse en un momento como este al proceso de digitalización?

Mucha gente dice que “nada va a ser igual después de la pandemia”. No estoy seguro de que vaya a ser así, pero de lo que sí estoy seguro es que algunas cosas no van a volver a ser como antes. Y una de esas cosas es todo lo que tiene que ver con la digitalización. Hemos alcanzado, en un periodo muy corto de tiempo, una situación a la que hubiéramos tardado años en llegar: millones de personas teletrabajando simultáneamente, un sistema educativo a distancia a través de internet, etc. Todo el mundo ha vivido una experiencia que les obliga a incorporar la digitalización a sus vidas.

A aquellas empresas que ya habían comenzado su proceso de digitalización, la pandemia les ha obligado a acelerar y completarla. Y las que no lo estaban, sobre todo las pymes, se han dado cuenta de que la digitalización ha sido el único instrumento al que se han podido agarrar. Es una lección que muchas pequeñas empresas han aprendido por supervivencia. Nos hemos pasado medio confinamiento viendo a gente contar que su pequeño negocio ha sobrevivido gracias al comercio electrónico, a chefs con estrella Michelin contando como se estaban adaptando a los envíos a domicilio, algo que nunca habían querido hacer, etc. La crisis nos ha cambiado a todos y ha puesto a todas las empresas frente a esta nueva realidad.

Una de las tendencias que ha estallado durante esta crisis es el teletrabajo.

Cuando hablamos de teletrabajo hay que huir de las posiciones maniqueas. Hemos oído a gente decir que el teletrabajo era un chollo para las empresas y a otros que el teletrabajo era una vía de fraude para los empleados, que podían trabajar menos. El teletrabajo es una realidad y el reto es trasladar las reglas del juego de una manera realista, razonable y equilibrada, de forma que sean aceptables para los trabajadores y para las empresas.

Es cierto que tanto unos como otros pueden verse en situaciones no deseadas. La clave es acertar en el equilibrio entre las dos visiones maniqueas, entender que el teletrabajo es trabajo y, por lo tanto, debe ser tratado de la misma manera. Y, a la vez, hay que entender que hay que dotar al trabajo a distancia de cierta flexibilidad.

Porque hay un problema más amplio que el teletrabajo, que es cómo la digitalización está cambiando la relación laboral. Es un problema de flexibilidad, de empleabilidad, presenta la opción de trabajar para una empresa o para varias... Se está poniendo en cuestión la relación laboral clásica y es un reto que los reguladores tienen que asumir.

¿Están los trabajadores preparados para esta nueva realidad?

Depende de las empresas y de los sectores de la economía. Los más ligados a la tecnología, los que aportan más valor añadido y los de mayor cualificación profesional, cuentan con gente más preparada, porque para ellos la digitalización de la relación laboral es algo con lo que llevan años conviviendo. Los retos, como siempre, están en los sectores más tradicionales, sobre todo entre las pymes. Es ahí donde se necesita una mayor recualificación de los empleados.

También es importante entender que la digitalización no es solo el uso de la tecnología en la empresa, sino algo que está cambiando la manera en la que los clientes se comportan y en la que se prestan los servicios. Lo importante no es meter un ordenador en la empresa, sino entender que los clientes están cambiando. Pagan sus impuestos por internet, y se preguntan por qué van a tener que ir a pagarte a ti con dinero o con una tarjeta de crédito física. Reciben paquetes de Amazon a diario y es probable que quieran que tus productos se puedan entregar igual.

¿El marco legal está preparado para enfrentarse a todos estos cambios?

Ese es un tema crucial. Desde la Cámara de España creemos que estamos ante una reforma estructural, tan importante como cualquier otra reforma estructural de la economía y la sociedad. Paradójicamente, los sectores tecnológicos son a los que menos afecta porque ellos ya han nacido digitales. Los que de verdad están afectados, y los que tienen un reto con la digitalización, son los sectores tradicionales, que tienen que hacer una transformación digital de la actividad. Y es una reforma estructural porque afecta a toda la economía y a todas las empresas, independientemente de su tamaño, su sector o su actividad.

En este contexto, nosotros hemos hecho 64 propuestas que creemos que es importante aplicar. Inspirando estas medidas hay una serie de principios, y uno de los fundamentales es la necesidad de establecer reglas de juego iguales para todo el mundo. No es lógico que haya empresas que por venir de sectores más regulados se enfrenten a más límites. Y no decimos que a los sectores menos regulados se les impongan las mismas normas que a los sectores más regulados, sino que hay que establecer un equilibrio entre unos y otros. Hay sectores donde esto es muy lacerante, pero, en general, se da en toda la economía. En el informe hemos hecho un cribado de la legislación existente y hemos analizado hasta 75 normas que es necesario cambiar o suprimir porque suponen un obstáculo al proceso de digitalización.

Hemos propuesto al Gobierno que apruebe una ley única que establezca una serie de principios para la digitalización, para garantizar que, en materia de protección de los consumidores, protección de datos o competencia, las reglas sean iguales para todos.

En todo este proceso, ¿qué papel juega la Administración Pública?

La Administración tiene dos importantes responsabilidades. La primera es como regulador, fijando las reglas. Y la otra es como protagonista de la digitalización. Que la Administración se digitalice es importantísimo, porque hace la vida más fácil a los ciudadanos, pero también porque genera confianza entre la sociedad y en el sistema. Muchas empresas piensan que, si pagan los impuestos por internet, cómo no van a poder hacer un contrato por internet con otra empresa.

Hay sectores de la administración con un gran nivel de digitalización. Por ejemplo, es difícil encontrar una Administración más y mejor digitalizada que la Agencia Tributaria, que ha sido durante muchos años la administración mejor digitalizada del mundo. Pero hay otros sectores de la administración mucho menos digitalizados, tanto desde el punto de vista normativo como desde la preparación de los funcionarios. Eso supone un auténtico cuello de botella.

Y, por último, ¿qué papel juega la Cámara de España?

Una de las cosas que yo he intentado transmitir permanentemente es que el reto de la digitalización no es sectorial. En los últimos años hemos vivido en una economía dual, con una parte analógica y otra digital. Pero ese dique que separaba a la economía analógica y a la digital se ha roto. Con la pandemia, además, definitivamente. Eso hace que todas las empresas, con independencia de su sector y su tamaño, tienen que afrontar el reto de la digitalización. Y para esto, no hay ninguna estructura, desde el punto de vista empresarial, como las Cámaras de Comercio, con capacidad para influir en empresas grandes y pequeñas, y con capilaridad para llegar a cualquier provincia de España, para explicarles a las pymes que la digitalización es un gran instrumento para internacionalizarse, diversificar y crecer.