El capital privado será clave para lograr el ‘cero neto’

La transición energética requiere una rápida ampliación del despliegue de energía renovable a nivel mundial, para lo que será necesaria una inversión económica anual de, al menos, 4,4 billones de dólares de media hasta 2050. Además de las energías solar fotovoltaica y eólica terrestre, la necesidad de acelerar el desarrollo de otras tecnologías como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la eólica marina, se ha vuelto cada vez más crítica para cumplir tanto con los objetivos climáticos globales como para lograr el éxito de la transición energética.

Para que estas tecnologías puedan desarrollarse, es fundamental el acceso a financiación de bajo coste para apoyar dichos proyectos, particularmente en países con mercados emergentes y economías en desarrollo para los que el acceso a la financiación suele ser insuficiente y, a menudo, demasiado costoso para acelerar la transición energética al ritmo necesario. En este sentido, aunque las circunstancias específicas de cada país varían, el riesgo país o el riesgo de política a menudo se identifican como el principal impedimento para los flujos de capital institucional internacional. Todo un desafío, especialmente en medio del endurecimiento global actual de las políticas monetarias, dado que aún no se ha obtenido una parte sustancial de la inversión necesaria en tecnologías de transición energética.

Consciente de la importancia de este asunto para lograr un planeta limpio y eficiente, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) ha presentado un nuevo informe en colaboración con el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) de la India -país que ostenta la presidencia del G20 hasta el 30 de noviembre de 2023- sobre cómo la financiación de bajo coste puede acelerar la transición energética. En líneas generales, el documento identifica la necesidad apremiante de una mayor participación del sector privado en la financiación de proyectos de transición energética, así como una colaboración público-privada más estrecha para sostener el camino de cero emisiones netas.

Concretamente, el informe destaca que el sector público debe desempeñar un papel activo en la creación de un entorno propicio y predecible para impulsar las decisiones del sector privado a largo plazo a la hora de desarrollar, financiar y construir el volumen de proyectos necesarios para la transición energética. Asimismo, recomienda al sector público que intensifique sus esfuerzos para ofrecer medidas de mitigación de riesgos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada país, lo que atraería más inversiones privadas al conjunto de recursos dedicados a financiar los proyectos tecnológicos críticos de transición energética y reducir el coste de capital.

Hay que tener en cuenta que aunque el sector privado ve oportunidades de inversión atractivas en la transición energética, solo dirigirá sus inversiones de capital a proyectos con perfiles de riesgo-recompensa adecuados. Por ejemplo, en una estructura de financiación combinada, el sector público proporciona estratégicamente pequeñas cantidades de capital público para mitigar ciertos riesgos que el capital del sector privado no puede (todavía) absorber o por los que exigiría un precio muy alto (tasa de rendimiento).

Importancia de la innovación

El informe también recomienda a los países que proporcionen incentivos políticos -económicos, financieros y regulatorios- que faciliten el desarrollo e implementación de las tecnologías críticas. Desde estándares de certificación transparentes que ofrezcan garantías a compradores y vendedores sobre la procedencia del hidrógeno a contratos a largo plazo para la compra de hidrógeno verde, pasando por permisos mejorados y planificación para la eólica marina, hasta contratos de servicios auxiliares que reconozcan el valor del almacenamiento en baterías en la integración de renovables variables en el sistema eléctrico.

La innovación es una de las principales palancas disponibles para reducir los costes de tecnología, acelerar la penetración en el mercado y desbloquear los recursos financieros necesarios, de ahí que el informe de IRENA recomiende mantener a lo largo del tiempo políticas de innovación efectivas, particularmente el apoyo a la investigación y desarrollo, la demostración y el lanzamiento temprano al mercado, para abordar los desafíos clave que enfrenta una tecnología específica en su escalamiento y permitir que las nuevas tecnologías se conviertan en soluciones comercialmente maduras y que, al igual que ha sucedido con la eólica terrestre y la solar fotovoltaica en los últimos diez años, consigan reducir significativamente sus costes y ser competitivas frente a la generación de electricidad basada en combustibles fósiles.

El informe también ve con buenos ojos que la industria y los formuladores de políticas trabajen de manera conjunta para identificar aquellas cuestiones que ayuden a reducir el coste de capital para las tecnologías de transición energética. Esto puede generar mayores beneficios en algunos mercados para que los formuladores de políticas brinden seguros de riesgo en lugar de préstamos concesionarios si los desarrolladores internacionales pueden ayudar a obtener financiación de bajo coste para proyectos desarrollados con socios locales.

Del mismo modo, se aconseja trabajar con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otras instituciones financieras involucradas en la financiación del desarrollo y mitigación climática, para comprender el papel mejorado que pueden desempeñar en la reducción del coste del capital y el aumento de la reserva de capital disponible.