Hacia un nuevo mercado eléctrico
El pasado mes de febrero se cumplía un año desde que comenzó la guerra de Ucrania, un conflicto que amenaza con cronificarse prolongando sus devastadoras consecuencias. A la crisis humanitaria se unen los efectos colaterales de la guerra, entre ellos la alta inflación producida principalmente por el elevado precio de la energía en una Europa muy dependiente del gas ruso.
Aunque la Comisión Europea ya había dado pasos para favorecer e impulsar la transición energética -desde el Clean Energy Package en 2020 en la que ya se incluían diferentes medidas y plazos que debían adoptar los Estados miembro (Green Deal y Green Power)-, han sido las repercusiones del conflicto y la creciente preocupación por entrar en una época de inestabilidad en la UE las que han puesto la sala de máquinas de la Comisión a funcionar a pleno rendimiento con el objetivo de acelerar la necesaria reforma del Mercado Eléctrico Común. La Comisión se pone manos a la obra y, en febrero de este año, abre un cuestionario para recabar la opinión de los diferentes actores del sector de los Estados miembro. Las preguntas incluidas en la consulta ya permitían intuir el enfoque de la futura propuesta de reforma sobre aspectos tales como la flexibilidad de la demanda, el almacenamiento o los contratos por diferencia.
Una vez recogidas y analizadas las respuestas al cuestionario, el 14 de marzo la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, presentó en rueda de prensa la propuesta de Reforma del Mercado Eléctrico Común: un nuevo diseño que adapta el mercado actual a un modelo que tenga en cuenta el periodo de transición energética en el que predominarán las energías renovables y aquellos combustibles que no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En la propuesta destacan tres objetivos principales: desvincular los precios de los mercados a corto plazo introduciendo medidas para impulsar el mercado de acuerdos de compra de energía aumentando la flexibilidad a través del almacenamiento y medidas de respuesta a la demanda, acelerar el despliegue de renovables y proteger a los consumidores. La comisaria finalizó su exposición con un llamamiento al Parlamento Europeo para que este expediente se trate como prioritario y se dé una respuesta legislativa a la crisis energética lo antes posible.
Nos estamos preparando para armonizar y descarbonizar nuestro mercado eléctrico para 2030 y el actual sistema de mercado se queda corto, ya que necesitaremos mucha más electricidad que deberá proceder cada vez más de fuentes renovables. La digitalización y la flexibilidad son la clave de esta reforma, por lo que aborda nuevos planteamientos disruptores respecto a la ordenación del mercado hasta este momento: la flexibilidad de la demanda, la generación distribuida y el almacenamiento que, siendo recursos bien conocidos, se les da especial protagonismo en esta reforma ya que su implantación es fundamental para conseguir los objetivos de descarbonización.
Mejorar el acceso a los mercados y a contratos a largo plazo más estables a través de los acuerdos de compra de energía impulsarán las inversiones en renovables, lo que es fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización. La garantía de precios estables a productores y consumidores impulsarán las inversiones en renovables y, junto a los demás instrumentos previstos en la reforma, aumentarán la estabilidad y la previsibilidad de los costes energéticos en la Unión Europea.
Un desarrollo y despliegue rápido de energías renovables y aquellas tecnologías bajas en carbono, se reflejará en una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en el mix de generación eléctrica y para el consumo directo a través de la electrificación. Pero la gran integración de estas energías sólo será posible con el uso paralelo de aquellos recursos que aporten flexibilidad al sistema, garantizando el buen funcionamiento y la eficiencia de la red eléctrica.
La propuesta pone el foco en los mercados intradiarios como la vía perfecta para los productores de energías renovables variables, ya que tienen mayor seguridad y precisión sobre su producción en tiempos muy cercanos al tiempo de entrega; por ello, deben desplegarse también productos flexibles como la gestión de la demanda y el almacenamiento -que se incentivará- y se mejorarán los PPA, contratos de renovables largo plazo entre un comercializador/agregador y un consumidor final. Normalmente, suelen estar enfocados a grandes consumidores, como los industriales, pero la idea es ir desarrollándolos para que cualquier consumidor pueda beneficiarse de la generación baja en emisiones contaminantes y se establece que los Estados miembro garanticen un buen uso de los mismos.
En la misma línea, la propuesta también desarrolla la implementación de los contratos por diferencias bidireccionales (CfDs) que permitirán que los inversores sigan apostando por las energías renovables, reduciendo el riesgo financiero y el coste de capital. Los CfDs fijan un precio mínimo y máximo, de modo que cualquier ingreso que supere el tope se devuelva y como medida de protección a los consumidores se exige a los Estados miembro que ese dinero sea canalizado, les sea devuelto, de forma proporcional a su consumo.
Unos de los grandes afectados de esta crisis han sido los consumidores que han visto cómo su factura eléctrica ha crecido de forma exponencial, precarizando muchas economías familiares y procesos industriales. La propuesta establece nuevos derechos para los consumidores: podrán elegir y cambiar los contratos de precios a aquellos que mejor se adapten a sus perfiles de consumo, pudiendo tener más de un contador y diferentes contratos según sus necesidades. También se introduce el derecho del consumidor a compartir su energía.
Es un gran avance que la propuesta de reforma de mercado eléctrico reconozca la flexibilidad de la demanda y la que aporta el almacenamiento como pilares de un mercado eléctrico competitivo y seguro y que son necesarias para acompañar el crecimiento de la generación renovable y apoyar la electrificación de una economía europea competitiva y limpia.