La falta de talento e incentivos fiscales dificultan la transición verde

El sector reclama un sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) acorde a un mercado susceptible a disrupciones, una fórmula que está siendo exitosa en otros países como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual.

La complejidad administrativa, la falta de talento e incentivos fiscales y la ausencia de un papel ejemplarizante en la Administración pública, obstaculizan el proceso de descarbonización en España. Se trata de algunas de las barreras abordadas en la primera mesa de debate de la jornada empresarial Descarbonización y Sostenibilidad, organizada por elEconomista.es y Anese, con la participación de Clara Rey, directora de Sostenibilidad de Repsol; Teresa Rodón, CEO de España y Portugal de Bureau Veritas; Íñigo Bertrand, CEO de España de Edison Next; Raúl Suárez, CEO de Nedgia; y Ruperto Unzué, socio de Suma Capital.

“En este país tenemos una asignatura pendiente con la obtención de permisos derivada de la complejidad de nuestro propio sistema administrativo”, defendió el socio de Suma Capital. El proceso de tramitación para poner en marcha los proyectos renovables, que se extiende entre dos y tres años, ha generado un atasco que amenaza la construcción de toda la capacidad aprobada en el plazo marcado por el Gobierno.

”También está costando encontrar ingenieros de todo tipo para abordar los diferentes servicios que damos en todas las áreas de energía, sostenibilidad y eficiencia”, añadió la representante de Bureau Veritas, quien señaló que el reto se encuentra en elaborar desde las propias compañías un plan de transformación de las capacidades técnicas de los empleados.

Desde Edison Next alertaron sobre la dificultad para contratar personal con formación en control, frigoristas y electricistas. “Tenemos una media de 10-15 vacantes que no somos capaces de cubrir y esto es un problema estructural a nivel nacional”, aseguró su CEO en España.

Mientras, la directora de Sostenibilidad en Repsol, afirmó que la compañía cuenta con unas capacidades técnicas muy relevantes para desarrollar en energía geotérmica en el personal del negocio de exploración y producción de crudo.

“Es como una orquesta en la que si uno desafina suena mal”, comparó el socio de Suma Capital. “A nada que falle un detalle, como pueden ser las tramitaciones de los permisos o la mano de obra para poner en marcha los proyectos, no conseguiremos el objetivo”, alertó el experto, quien abogó por la creación de espacios de colaboración que permitan poner en común los diferentes problemas con los que se está topando el sector.

Para el representante de Nedgia, la transición energética debe equilibrar tres vértices de un triángulo: objetivos de desarbonización, independencia energética, así como sostenibilidad social y económica. En este sentido, el experto defendió la importancia de incentivar las soluciones de eficiencia energética, en lugar de penalizar el consumo. “Para alcanzar la eficiencia hay que incorporar nuevas soluciones que compatibilicen los objetivos de descarbonización con la reducción de las inversiones”, aseguró Suárez, para quien el biometano es una gran oportunidad en este sentido.

Por su parte, Ruperto Unzué advirtió de que, “por su tamaño y complejidad, la eficiencia energética sigue siendo un elemento de inversión menos atractivo que otros en los que es más sencillo definir el proyecto”. Según el experto, los últimos años han impulsado significativamente el interés por las finanzas sostenibles, “pero sigue siendo más fácil entender la inversión en un parque fotovoltaico que en la descarbonización de una empresa”, afirmo.

Raúl Suárez, CEO de Nedgia, también hizo hincapié en la importancia de la neutralidad tecnológica, “que permita a los usuarios tomar la mejor decisión de acuerdo a su patrón de consumos”. El principio de neutralidad tecnológica se refiere a la idea de que los gobiernos no deben promover ciertas tecnologías sobre otras a través de la creación de regulaciones. Asimismo,Suárez enfatizó en el papel de las infraestructuras. “Por ejemplo, hay que desarrollar las infraestructuras de hidrógeno verde y biometano, que enriquecen y generan soluciones más flexibles”, afirmó.

Según Clara Rey, si la Administración no apoya la construcción de redes de transporte y distribución de CO2, “jamás se podrán desarrollar iniciativas de descarbonización”. “Los compromisos no abarcan solamente dejar de emitir, también tenemos que retirar CO2 de la atmósfera”, aseguró.

El CEO España de Edison Next apuntó que en Europa la energía eléctrica representa el 25% del consumo de energía final y el plan de los países más ambiciosos es llegar al 50%-60%. Sin embargo, “el resto de la tarta se tiene que atender con otras soluciones, como es el caso de los gases renovables”.

En cuanto al impulso comunitario a las inversiones, Teresa Rodón destacó el ejemplo del plan de Estados Unidos para reducir la inflación, la conocida como Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es incentivar las inversiones verdes con descuentos fiscales. “Implementar este tipo de incentivos podría acelerar la descarbonización en el Viejo Continente”, defendió.

Otra de las demandas históricas de eficiencia energética para el sector público es el papel ejemplarizante. Íñigo Bertrand, CEO España de Edison Next, advirtió de que un 50% de los ayuntamientos de España no dispone de iluminación led. “Hay que sofisticar la demanda, la Administración debería dar un paso al frente en la adjudicación de los contratos de servicios energéticos”, denunció.

Certificados de ahorro

El Gobierno aprobó en enero un sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Esta herramienta permitirá a las empresas del sector sujetas a cuota anual de ahorro sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética.

En este sentido, las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etcétera, cuya ejecución permitirá obtener los CAE. “La nueva directiva de reportes financieros que está por salir supondrá una solución al reto de asegurar la integridad de los datos que reportan el impacto ambiental, lo que evitará las técnicas de greenwashing o falsa conciencia medioambiental”, defendió Teresa Rodón, CEO España y Portugal de Bureau Veritas.

Desde Edison Next, donde ya están observando una avalancha de peticiones en este sentido, quisieron agradecer al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) esta nueva normativa. “Faltan los detalles de las ordenes ministeriales, pero los incentivos ya están sobre la mesa”, dijo Íñigo Bertrand, quien aseguró que si los certificados de ahorro energético se aprueban de aquí a verano, tal y como contemplaba el plan inicial del Gobierno, “es una noticia que marcará un antes y un después en el desarrollo del sector”.

Para el socio de Suma Capital, “el demonio está en los detalles”. “La clave está en determinar cómo hacemos esta compensación, que sea intercambiable y que encaje en un mercado susceptible a las disrupciones”, apostilló Ruperto Unzué en su intervención.

La directora de Sostenibilidad de Repsol aseguró que la contribución de la compañía al FNEE se sitúa en torno al 20% de su aportación. La petrolera está analizando sus oportunidades de generar estos certificados de ahorro en sus negocios. Eso sí, puntualizó que existe una parte importante de su negocio, que es el refino de crudo, que no va a poder conseguir esos certificados por la falta de medición del cómputo en energía primaria.

La responsable de Bureau Veritas recordó que los CAE son una fórmula exitosa en otros países como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual.

Para el consejero delegado de Nedgia, se trata de una herramienta necesaria, pero es importante que tenga un buen diseño. En este sentido, Raúl Suárez quiso apuntar que, aunque en Francia este sistema ha potenciado notablemente el mercado de la eficiencia, se estima que los costes de abatimiento del mercado de los CAE es de 350 euros por tonelada de CO2. “La clave para que no nos encontremos con ese aumento de costes que vemos en el sistema francés es afrontar el desarrollo de los certificados de ahorro desde una verdadera neutralidad tecnológica”, advirtió el responsable de Nedgia.