Las energéticas, en pie de guerra contra el Gobierno por el impuestazo

Las compañías energéticas españolas afectadas por el impuesto temporal que el Gobierno aprobó a finales de diciembre del pasado año y que grava con un 1,2% las ventas de eléctricas, petroleras y gasistas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales en 2019, empiezan a rebelarse.

Cuatro días antes de que venciera el plazo para el ingreso del primer pago a cuenta del impuesto (20 de febrero), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) -de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP-, anunciaba su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas (y también a la banca), a la vez que señalaba el carácter “discriminatorio e injustificado” de dicho gravamen.

A este respecto, la asociación explica en un comunicado que, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno español, el impuesto establecido por la Unión Europea no incluye a las eléctricas (solo a gasistas y petroleras) y grava los beneficios de las empresas, no los ingresos. aelēc afea al Gobierno de Pedro Sánchez que solo haya elegido para el pago de la tasa a un número determinado de empresas eléctricas, mientras que otras han quedado eximidas; a la vez que califica la medida de “incoherencia fiscal”, afirmando que la nueva tasa grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67€/MWh, gravando incluso conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico.

La patronal del gas también se ha pronunciado. En declaraciones a elEconomista Energía, Sedigas confirma “no tener prevista ninguna acción jurídica contra el impuesto como asociación, sin perjuicio de lo que a título particular puedan realizar nuestros asociados en defensa de sus legítimos intereses”. Su valoración sobre la medida no ha cambiado respecto de lo expresado cuando se inició su tramitación parlamentaria. A este respecto, consideran la medida “desproporcionada y discriminatoria” al haber optado por una vía “que no grava los beneficios sino los ingresos, alejándose del modelo y espíritu expresado por Bruselas”.

Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) muestra su preocupación por que los 16.500 millones de euros de inversión prevista para desarrollar ecocombustibles, hidrógeno verde y captura y almacenamiento de CO2 en los próximos años, “puedan verse comprometidos por el gravamen, colocando a nuestras compañías en una clara desventaja competitiva, porque a quien se penaliza es a las empresas que producen en España”.

Repsol también recurre la Orden

Repsol, uno de los socios que conforman la patronal de las petroleras, ha sido la primera empresa energética en interponer, de manera particular, un recurso ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial, en el que pide suspender la norma de forma cautelar debido al ajustado plazo para abonar la primera parte del gravamen. Una petición que, finalmente, ha sido rechazada.

La Audiencia Nacional argumenta que la suspensión de la Orden “ocasionaría un grave perjuicio al interés general” y “se estaría paralizando la aplicación de una Ley que tiene una justificación detallada en su exposición de motivos”.

Asimismo, señala que rechazar la suspensión cautelar de la Orden “no supone un perjuicio irreparable para las compañías afectadas” porque, en caso de estimarse finalmente el recurso, se trataría de una situación “perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado más el abono de los intereses preceptivos”.

Precisamente Repsol, junto con Naturgy, son las únicas compañías energéticas que, hasta el momento (fecha de cierre de la edición), han desvelado el impacto que les va a provocar el nuevo gravamen y que, en conjunto, suma 750 millones de euros. Coincidiendo con la presentación de resultados anuales de ambas compañías, Repsol cifra en unos 450 millones la cuantía que tendrá que pagar este año, mientras que Naturgy calcula que serán unos 300 millones.

Endesa, por su parte, cuyos resultados anuales presenta mañana, 24 de febrero, considera que “una subida impositiva, y solo a las grandes eléctricas, no puede ser la herramienta para facilitar el proceso de transición energética”. La compañía sigue defendiendo que no tiene beneficios extraordinarios, a la vez que afirma que el 100% de su producción esperada de 2022, el 90% de la correspondiente a 2023 y el 46% de la que generará en 2024, la tiene vendida a 65 €/MWh, “un precio que cumple con la regulación gubernamental en esta materia, que marca un límite de 67 €/MWh”.

Error en la Ley

Sin embargo, el gravamen a bancos y energéticas podría dar un giro inesperado. El error que los expertos han detectado en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que regula la tasa temporal a las energéticas (y también a la banca), podría traer consigo una cascada de litigios.

La explicación radica en el hecho de que la citada Ley no recoge la obligación de autoliquidación dentro de la propia normativa y utilizó una norma inferior, la de Orden Ministerial, para regular la autoliquidación del gravamen a las entidades bancarias y a las energéticas. Los expertos señalan que los tribunales podrían llegar a tumbar la obligación de liquidación por este descuido en la concepción de la tasa.