El bombeo necesita un apoyo claro y menos problemas administrativos

España lleva un enorme retraso en la puesta en marcha de las centrales de bombeo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nuestro país dispone, actualmente, de 3.331 MW de potencia instalada de bombeo puro, con el objetivo de alcanzar los 6.831 MW en 2030, un objetivo que parece muy alejado en estos momentos por la falta de autorizaciones administrativas a estas plantas y de un esquema retributivo adecuado. Su cumplimiento supondría la creación de más de 10.000 empleos directos, así como una inversión prevista de unos 5.300 millones y facilitaría una mayor capacidad de almacenamiento de energía y unas menores pérdidas de energía renovable (sólo este pasado mes de enero los vertidos de energía limpia han registrado un aumento de más del 10% en nuestro país).

Los proyectos presentados hasta la fecha tienen una capacidad de turbinación que supera ampliamente el doble de los planificados, por lo que desde el sector entienden que el nuevo PNIEC (actualmente en revisión) debería ampliar con creces el objetivo actual y reducir la gran barrera actual: la obtención de permisos.

Prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con ubicaciones con potencial para desarrollar proyectos de bombeo hidroeléctrico. Entre las empresas más activas están Atalaya Generación, Magtel, Iberdrola, Capital Energy o Repsol, por citar solo algunas, con proyectos en Galicia, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid, etc., así como diversos promotores que han mencionado públicamente desarrollos en Extremadura, C. Valenciana, Cantabria y País Vasco.

Desde la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (ASEALEN) denuncian la situación de bloqueo a la que el Ministerio de Transición Ecológica está sometiendo a este tipo de infraestructuras por su falta de acceso a la red eléctrica al ser consideradas únicamente como generadoras, y piden un cambio urgente en la definición legislativa.

Desde ASEALEN recuerdan que el tiempo necesario para el desarrollo y construcción de proyectos de almacenamiento mediante bombeo hidroeléctrico es de un mínimo de tres años para proyectos de ampliación en instalaciones existentes y de diez años para grandes bombeos desarrollados desde cero. Teniendo en cuenta que, difícilmente, se va a disponer en 2030 de la potencia que recoge la actual versión del PNIEC, y aunque los modelos o la planificación digan que se necesita más capacidad, para poder conseguirlo, será necesario resolver previamente los problemas administrativos y de falta de apoyo a la remuneración de este tipo de centrales que se amortizan a muy largo plazo.