Guerra comercial entre la UE y EEUU por la industria renovable

Bruselas ha anunciado un Plan Industrial de inversión en tecnología limpia, con el que pretende otorgar ayudas similares a las aprobadas en la Ley de Reducción de la Inflación americana, al objeto de evitar la deslocalización industrial.

La Unión Europea lleva varios meses inquieta. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada por Estados Unidos en agosto pasado para combatir el aumento de los precios y el cambio climático, se ha convertido en objeto de un feroz debate en el seno de la Unión por la desventaja competitiva en la que coloca a las empresas europeas.

Aclamada por la Casa Blanca como la acción más significativa que el Congreso ha desarrollado en energía limpia y cambio climático en la historia de la nación, y con la que la administración Biden pretende reducir los costes de energía a familias y pequeñas empresas y asegurar empleos de fabricación nacionales en el país, la IRA contempla préstamos, subsidios y exenciones fiscales por valor de 369.000 millones de dólares para la industria verde y del vehículo eléctrico.

La medida condiciona dichos subsidios a que muchos de estos bienes sean fabricados en el país, de ahí que una de las principales preocupaciones de los Estados miembro es que cientos de miles de millones de dólares para la fabricación de vehículos eléctricos y semiconductores en Europa, por ejemplo, desvíen la inversión y la producción de sus industrias nacionales hacia Estados Unidos.

Concretamente, la Ley americana establece disposiciones concretas para la fabricación y apoyo a la industria a modo de créditos fiscales para inversiones en proyectos energéticos avanzados, incluidos aquellos que amplíen o establezcan fábricas para la producción de equipos y vehículos de energía limpia en el país.

En el caso de los vehículos cero emisiones, la Ley ofrece créditos a las familias que adquieran un vehículo limpio siempre que un porcentaje mínimo de minerales críticos se haya extraído o procesado en EEUU o en un país con el que EEUU tenga un acuerdo de libre comercio, así como un crédito fiscal adicional para los vehículos que cumplan con el requisito de que un porcentaje mínimo de los componentes de sus baterías se fabriquen o ensamblen en Norteamérica.

La preocupación por los efectos colaterales negativos que la IRA pueda tener para la economía europea, ha provocado que la Comisión haya creado un grupo de trabajo con la administración Biden para analizar el impacto y las consecuencias de la normativa para las empresas comunitarias, al considerar como discriminatorios ciertos aspectos de la legislación, además de para destacar la importancia de mantener una cooperación transatlántica a nivel económico y geoestratégico.

Durante la celebración del Foro Económico de Davos en Suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba un Plan Industrial de inversión en respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación, centrado en cuatro puntos básicos relacionados con el entorno normativo, la financiación, la cualificación de los trabajadores y el comercio internacional.

Una de las acciones incluidas en el nuevo Plan es la puesta en marcha de la Ley de Industria Cero Neto, con objetivos claros para la tecnología limpia europea a partir de 2030, que seguirá el mismo modelo de la Ley de Chips. El objetivo es centrarse en proyectos estratégicos a lo largo de la cadena de suministro; en particular, se estudiará la manera de simplificar y agilizar la concesión de permisos para nuevos centros de producción de tecnología limpia.

A este respecto, la Agencia Internacional de la Energía señala en un informe reciente que existe una oportunidad de mercado global para tecnologías clave de energía limpia fabricadas en masa por valor de unos 650.000 millones de dólares al año para 2030, más de tres veces el nivel actual, si los países de todo el mundo implementan plenamente sus promesas energéticas y climáticas anunciadas.

El informe también indica que los empleos relacionados con la fabricación de energía limpia se duplicarían con creces, de los 6 millones actuales a casi 14 millones para 2030, con más de la mitad de estos empleos vinculados a vehículos eléctricos, energía solar fotovoltaica, energía eólica y bombas de calor.

Fondo Soberano a finales de año

Asimismo, la Comisión ha visto la necesidad de sacar adelante un marco regulatorio que permita crear las condiciones necesarias para sectores cruciales para las cero emisiones, como la eólica, el hidrógeno renovable o las bombas de calor, a la vez que se ha comprometido a buscar la manera de hacer que los Proyectos de Interés Común (PCI) europeos sobre tecnología limpia sean más rápidos de tramitar, más fáciles de financiar y con acceso más sencillo para todas las pequeñas empresas.

Von der Leyen también se ha propuesto adaptar temporalmente el marco de ayudas de Estado para acelerarlas y simplificarlas con cálculos más fáciles, procesos más sencillos y una aceleración de las aprobaciones. Por ejemplo, con modelos más sencillos de desgravación fiscal o ayudas específicas para instalaciones de producción de sectores estratégicos de la cadena de valor de las tecnologías limpias, de cara a hacer frente a los riesgos de deslocalización derivados de los subsidios de otros países.

Para evitar una fragmentación del mercado único y apoyar la transición hacia las tecnologías limpias en toda la UE, la presidenta también apuesta por intensificar la financiación de la Unión, de manera que, a medio plazo, se creará un Fondo Soberano europeo como parte de la revisión a medio plazo del presupuesto a finales de este año.

La jefa del Ejecutivo comunitario también ha tenido palabras para China, al señalar que la UE responderá si no hay unas reglas del juego justas para el comercio exterior y utilizará todas las herramientas a su disposición, como abrir investigaciones, si considera que los subsidios distorsionan la competencia del mercado.

El tirón de orejas a China viene dado porque el país asiático ha animado a las empresas europeas y de otros países que consumen mucha energía a deslocalizar toda o parte de su producción. Lo hacen con la promesa de energía barata, bajos costes laborales y un entorno normativo más permisivo, algo que se da de bruces con las restricciones que este país tiene sobre el acceso de las empresas de la UE a su mercado.

Bruselas ya había puesto sobre la mesa, en los últimos meses, que relajaría las normas de las ayudas de Estado como mecanismo para responder a los subsidios estadounidenses. Una propuesta que anunció que realizaría en enero de 2023.

A corto plazo la intención es ajustar las normas de las ayudas de Estado para impulsar a las industrias de tecnologías limpias y del vehículo eléctrico en el mercado comunitario. De hecho, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, proponía recientemente en una carta a los Estados miembro, dotar de ayudas a la industria europea para evitar la deslocalización y simplificar los cálculos de las ayudas de Estado y acelerar su aprobación. Una propuesta que plantea dotar de fondos a la producción de tecnologías verdes y de posibles desgravaciones fiscales.