El biometano tiene potencial para alcanzar hasta 2.300 plantas

El biometano es un gas renovable de características análogas al gas natural cuyo desarrollo en nuestro país generaría multitud de beneficios. Especialmente recomendable en aquellos sectores donde la electrificación supone ciertas dificultades por la naturaleza de sus actividades, el despliegue del biometano en España no solo ayudaría a cumplir los objetivos de descarbonización a nivel nacional y europeo, así como a reducir nuestra dependencia energética con el exterior, también serviría para solucionar el problema de la gestión de residuos en el país, atraer inversión en los sectores primarios y fijar empleo en las zonas rurales, tal y como recoge el informe Estudio de la capacidad de producción de biometano en España, elaborado por Sedigas, en colaboración con PwC y la consultora Biovic.

A diferencia de otros países europeos donde el biometano ha cogido velocidad de crucero -Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Francia, entre otros-, en España, el apoyo por parte de las administraciones ha sido prácticamente inexistente en estos últimos años, lo que ha hecho que nuestro país solo tenga cinco plantas operativas.

Esta falta de ambición, sin embargo, contrasta con las estimaciones de potencial disponible para la producción de biometano en el país, que nos sitúan como uno de los tres países de la UE con mayor potencial de desarrollo de este gas renovable.

España cuenta con un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año, una cifra que permitiría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural y cuyo desarrollo podría haber supuesto un ahorro a los consumidores en su factura energética en 2022 de alrededor de 4.000 millones de euros por la reducción de las compras a terceros países, según el estudio de Sedigas.

Su despliegue conllevaría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas a lo largo de todo el territorio, con una inversión asociada estimada de 40.495 millones de euros -equivalente al 3,6% del PIB- que supondrían la generación de cerca de 62.000 empleos entre directos e indirectos asociados a su operación y mantenimiento.

A la inversión mencionada, habría que sumar una inversión estimada de 3.349 millones en redes de gas derivada de la realización de las conexiones de estas plantas a las redes de gas existentes y las inversiones necesarias para la ampliación de la red de gas actual para absorber el biometano producido en las nuevas plantas propuestas. Con todo ello, se evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano que, de otra manera, se liberarían a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo.

El estudio también desglosa el potencial de producción de biometano por regiones. Castilla y León lidera el ranking con 37,78 TWh, es decir, el 23,2% del total. Le siguen Andalucía con 23,62 TWh (14,5%) y Castilla-La Mancha con 20,37 TWh (12,5%). Las tres regiones suman la mitad del total del potencial nacional (50,2%). El cuarto puesto es para Aragón con 17,62 TWh y el quinto para Cataluña con 14,46 TWh.

Por otro lado, atendiendo a la distribución y tipo de residuos susceptibles de ser transformados en biometano analizados en este informe, de las 2.326 plantas potenciales, un total de 1.566 serían plantas de residuos agroindustriales, EDAR ó RSU, cada una de ellas con una producción anual estimada de 40 GWh, una inversión estimada de 12 millones de euros, 8 empleos directos y 10 indirectos.

Asimismo, un total de 609 plantas utilizarían los denominados cultivos intermedios como materia prima para la generación de biometano, cada una con una producción anual estimada de 100 GWh, una inversión estimada de 24 millones de euros, 12 empleos directos y 35 indirectos.

Las 151 plantas restantes serían de gasificación térmica, que usarían biomasa forestal residual como materia prima para la generación de biometano. Según la ubicación y la biomasa forestal disponible, el estudio diferencia tres tamaños de planta: de 75 GWh/año de producción de biometano, 20 millones de inversión estimada, 8 empleos directos y 15 indirectos; de 100 GWh/año de producción de biometano, 27 millones de inversión estimada, 8 empleos indirectos y 15 indirectos; y de 200 GWh/año de producción de biometano, 50 millones de inversión por planta, 12 empleos directos y 20 indirectos.

Barreras y propuestas

Como acabamos de ver, el potencial del biometano en España es enorme pero, para su completo desarrollo, es necesario vencer una serie de barreras para las que se proponen diferentes soluciones. Respecto a las barreras regulatorias identificadas por Sedigas en el estudio, se incluyen la falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz y con incentivos y cuotas ambiciosas esta actividad (alineadas con el objetivo europeo de que un 10% del consumo de gas sea biometano); la incapacidad de disponer de un acceso competitivo a los residuos; o un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular los usos del biometano que no estén relacionados con aplicaciones estrictamente eléctricas, como sería la inyección en la red gasista.

En este ámbito, Sedigas considera necesario que se modifiquen las normas medioambientales existentes para hacer partícipe al biometano en el cumplimiento de los objetivos en materia de descarbonización del sector energético y otros sectores. Asimismo, apela al desarrollo urgente de una regulación específica que asegure un acceso competitivo a los residuos y que genere señales de precio a los generadores de los mismos para que valoren de forma adecuada las emisiones evitadas y les permita internalizar los costes.

En cuanto a las barreras administrativas, el principal reto a superar es la complejidad para obtener permisos y la demora en los trámites (por la involucración de muchas administraciones y la falta de recursos de estas) que se acaba trasladando a la ejecución de los proyectos, así como la inexistencia de un proceso de tramitación homogéneo a nivel nacional (en la actualidad hay 17 procesos distintos, uno por cada comunidad autónoma).

A este respecto, las medidas propuestas por Sedigas para acelerar la tramitación administrativa incluyen la definición de proyectos de interés estratégico para la transición energética y la creación de una oficina coordinadora o de seguimiento de estos en el MITECO, el incremento de los recursos económicos necesarios para la tramitación de expedientes autorizadores, el fomento de la figura de Encomienda de Gestión en materia de medio ambiente y de energía, o la homogeneización de criterios.

Finalmente, las barreras identificadas a nivel económico y fiscal están relacionadas con la ausencia de incentivos específicos de apoyo a la producción, inyección en red y consumo de biometano, los impuestos asociados tanto a la generación (como el que grava el autoconsumo) como al punto de consumo y los costes logísticos derivados de la alta dispersión de los residuos. Desde Sedigas se insiste en que el biometano puede ser rentable, pero son necesarias medidas de apoyo para dar seguridad y una señal de precio adecuada al promotor.