Las renovables piden al Gobierno que se acelere la conexión a la red

La duración del proceso completo de tramitación de un proyecto puede extenderse hasta seis años. Las empresas afirman que es necesario un nuevo diseño de tramitación que elimine a las administraciones.

El mayor obstáculo al que se enfrenta el sector de las renovables actualmente, es la lentitud de las administraciones a la hora de conceder permisos a los proyectos y conectarlos a la red. Así se puso de manifiesto en la segunda mesa de debate del VII Foro de Energía, moderada por Concha Raso, redactora de elEconomista Energía.

Con un volumen de 145 GW en permisos de acceso, Roberto García Merino, consejero delegado de Redeia reconoció que “somos ágiles en la gestión; sin embargo, es en gestionar el acceso físico y el despliegue de los proyectos donde se encuentra el verdadero reto”.

El directivo puso en valor la planificación actual de la red de transporte, la existencia de un marco muy focalizado en proyectos renovables para que se ejecuten e integren en el sistema de manera acelerada y el incremento de la inversión de la red de transporte. “Aceleraremos muchísimo el despliegue de nueva infraestructura en los próximos meses, lo que permitirá la conexión de muchos de los proyectos renovables de los que estamos hablando”, anunció.

José Luis Moya Jiménez, consejero delegado de Ric Energy, encomió el papel relevante de REE en todo el proceso burocrático, pero defiende que el problema real es la tramitación. “Tener plantas finalizadas y dispuestas para evacuar energía y que tarden seis meses, es un lujo que no nos podemos permitir”.

La aceleración en los trámites y los plazos se constató como el eje primordial para que el sector de renovables suponga una solución real a la crisis actual. “Llevamos unos años de espera viendo cómo algo va a pasar y cómo nuevos proyectos van a salir. Pese a ello, somos pocas las empresas que hemos conseguido nuevos puntos de conexión. Hace falta más agilidad”, destacó el director general de Statkraft España y Portugal, José Miguel Ferrer.

En línea con sus palabras, el consejero delegado de Ingeteam, Adolfo Rebollo, apuntó que, desde su compañía, están exportando más del 90% de toda su producción. “Vemos la lentitud de mover los proyectos. El mercado nacional está muy parado y es imprescindible el desarrollo de la industria doméstica. Rogamos que se agilicen los trámites. Es lo que tira de la industria y del sector manufacturero”.

Lluís Noguera, CEO de X-Elio, subrayó la evidencia de que en España el proceso completo de tramitación de un proyecto dura entre 3 y 6 años y la necesidad de acortar los plazos. “De aquí a 2030 deben instalarse entre 3 y 5 veces más de renovables en el año que las que se hicieron en 2018. Si se cumple, generaremos 700.000 puestos de trabajo solo en esta industria y se van a invertir 1.700 billones en esta transición. Hay pastel para todos, busquemos un objetivo común”, señaló.

Juanjo Sánchez, consejero delegado de Capital Energy, incidió en que el problema no se encuentra tanto en la gestión de los nuevos accesos como en la tramitación para la conexión de estos a la red. “Centrémonos en lo que es urgente en el corto plazo para recuperar la senda de crecimiento como corresponde a un país de potencial como el nuestro, con la mejor combinación de viento y sol”, reclamó.

Los datos hablan por sí solos. Según Sánchez, el retraso está siendo más sangrante en la eólica. “Para alcanzar los objetivos de 2030 con lo que tenemos hoy, necesitaríamos incrementar anualmente un 70% el promedio de los últimos 3 años. La evolución ha sido decreciente. Para cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2025, el incremento tendría que ser del 110%”.

¿Cuál es la solución que proponen estos expertos? Manuel García, CEO de Greenalia, destacó el problema cultural de España en el ámbito de la regulación y de Europa con la gobernanza como dificultades añadidas en la crisis actual. “Estamos entretenidos con temas de burocracia que lo único que hacen es complicar más frente a lo que hacen en EEUU, que toman medidas extraordinarias con temas como el hidrógeno. Hay que trabajar en desregularizar y que Europa tome medidas”, apostilló. Como solución, García propuso buscar un sistema que no dependa directamente de la administración, como se ha hecho en Galicia o Madrid con una parte pequeña de la regulación. En su opinión, “Europa debe realizar un nuevo diseño de tramitación de las energías que elimine a las administraciones”, añadió.

El papel de la biomasa

Adaptar los objetivos del PNIEC a la coyuntura actual es otro de los asuntos en los que los participantes mostraron su acuerdo, aunque con ciertas discrepancias sobre aumentarlos cuando los actuales no se están cumpliendo. Adolfo Rebollo, consejero delegado de Ingeteam, reconoció que el plan está retrasado. “Admite una revisión profunda, desde luego”.

Marc Gómez, CEO de Magnon Green Energy, defendió la función que debe jugar la biomasa en la consecución de estas metas. “Tenemos que ser capaces de visibilizar toda la biomasa que hay en España. Sólo conseguiremos los objetivos si somos capaces de utilizarla”, insistió. Como argumento, señaló el papel de esta tecnología para una transición justa. “Está localizada en zonas rurales y genera empleos. Es la tecnología renovable que más crea, 25 por cada MW. Además, la correcta gestión de la biomasa agroforestal reduce hasta en un 70% el riesgo de incendios. No podemos descarbonizar de espaldas a la biomasa. La revisión de los planes es importantísima para que todo esto suceda. Y sólo lo conseguiremos si somos capaces de habilitar toda la tecnología”, señaló.

Por su parte, el CEO de Greenalia aludió a la normativa que se debate en Europa. “Tenemos un problema de energía como nunca, 25.000 hectáreas de incendios y se está negociando eliminar la biomasa forestal para generar energía eléctrica. En España tenemos 45 millones de materia forestal disponible y consumimos 12,5”, afirmó.