Bruselas ultima las nuevas medidas para reducir las facturas en Europa

La cuenta atrás ya ha comenzado. Los ministros de Energía de la UE aprobarán mañana un paquete de medidas excepcionales para hacer frente a la dramática subida de los precios de la energía, que está afectando gravemente a los hogares y empresas europeas.

Falta solo un día para que se celebre en Bruselas la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la UE, en la que está previsto que se apruebe la propuesta de Reglamento de medidas excepcionales que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el pasado 14 de septiembre en su discurso sobre el Estado de la Unión, a fin de aliviar la creciente presión de los hogares y empresas europeos por los altos precios de la energía, que se han disparado a máximos históricos tras la invasión rusa de Ucrania.

Las nuevas medidas, centradas en reducir la demanda de electricidad y redistribuir los excedentes de ingresos del sector energético a los clientes finales, son una continuación de las ya acordadas sobre el llenado del almacenamiento de gas y la reducción de la demanda de este combustible para prepararse de cara al próximo invierno.

Respecto a las medidas de reducción de la demanda, Bruselas propone fijar un objetivo obligatorio de recorte de la demanda durante las horas punta. Concretamente, para centrarse en las horas más caras de consumo de electricidad cuando la generación de electricidad a partir de gas tiene un impacto significativo en el precio, la Comisión propone la obligación de reducir el consumo de electricidad en, al menos, un 5% durante las horas de mayor consumo. Se solicitará a los Estados miembros que identifiquen el 10% de las horas con el precio más alto previsto y reduzcan la demanda durante esas horas de precio máximo.

La Comisión también propone que los Estados miembro se fijen como objetivo reducir la demanda global de electricidad en, al menos, un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. Para lograrlo, podrán elegir las medidas adecuadas, que podrían incluir compensaciones económicas.

Según recoge la propuesta de Reglamento, reduciendo la demanda en las horas de precio máximo se lograría bajar el consumo de gas 1,2 millones de metros cúbicos durante el invierno. Aumentar la eficiencia energética también es un elemento clave para cumplir los compromisos climáticos contraídos en el marco del Pacto Verde Europeo.

Tope a las renovables y nuclear

Otra de las propuestas de la Comisión consiste en poner un tope temporal a los ingresos de los productores inframarginales de electricidad. Dicha propuesta, con la que Comisión estima que se recaudarían unos 117.000 millones de euros, establece recuperar los ingresos excedentarios de los productores con costes marginales más bajos, como las centrales de energías renovables, energía nuclear y lignito, mediante el establecimiento de un tope en los ingresos por MWh de electricidad producida, que la Comisión ha decidido fijar en 180 €/MWh. Este tope deberá limitarse a los ingresos de mercado, en lugar de abarcar los ingresos totales de producción (incluidos, por ejemplo, los procedentes de los sistemas de apoyo), a fin de evitar un efecto significativo sobre la rentabilidad inicial prevista de un proyecto.

Dado que el tope se aplicará a los ingresos por MWh de electricidad producida, la formación de los precios en los mercados mayoristas de electricidad no se verá afectada. El despacho de las centrales eléctricas seguirá realizándose en función de su nivel de eficiencia, de manera que, en primer lugar, se despacharán aquellas con costes marginales más bajos. El comercio transfronterizo de electricidad tampoco se verá afectado.

El tope en los ingresos de mercado se aplicaría a los ingresos procedentes de la venta de electricidad por parte de todos los productores inframarginales, tal como se define en la propuesta de Reglamento, y abarcaría todos los horizontes temporales del mercado, con independencia de que la electricidad se negocie bilateralmente o en mercados centralizados.

Dado que el tope en los ingresos no interfiere en la formación de precios, Bruselas cree que los consumidores tendrían interés en celebrar acuerdos de compraventa de energía a largo plazo que les permitieran beneficiarse directamente de precios inferiores a los observados en el mercado. El excedente de ingresos resultante de la aplicación del tope, se destinará a los clientes finales de electricidad, incluidos todos los compradores de electricidad para consumo propio.

Otra de las propuestas planteada por Bruselas consiste en imponer un impuesto que grave a empresas de los sectores del petróleo, gas, carbón y refinerías por sus beneficios extraordinarios. Se trata de una contribución solidaria temporal de un año en forma de tasa, que rondará el 33% sobre los beneficios del ejercicio 2022 de dichas empresas, siempre que hayan obtenido un beneficio un 20% superior al de la media de los tres últimos años. La recaudación se reorientaría a los consumidores de energía -hogares vulnerables en particular-, empresas gravemente afectadas e industrias con gran consumo de energía (ver reportaje electricidad).

Otro de los anuncios hechos por la presidenta de la Comisión Europea, es la creación de un Banco Europeo de Hidrógeno, que contribuirá a garantizar la compra de este combustible -en particular utilizando los recursos del Fondo de Innovación- y en el que el bloque invertirá 3.000 millones de euros en los próximos años para acelerar el desarrollo de esta tecnología. Esta iniciativa ayudará al objetivo marcado por Europa de duplicar la producción de hidrógeno renovable en la Unión Europea de aquí a 2030 hasta los diez millones de toneladas anuales.

Mientras, la Comisión continúa trabajando para mejorar la liquidez de los operadores del mercado, reducir el precio del gas y reformar la configuración del mercado de electricidad a largo plazo. Respecto al precio del gas, en estos últimos días varios países están intentando que prosperen distintas iniciativas para atajar el aumento de este combustible. Concretamente, un total de 15 Estados miembro, entre los que se encuentra España, han enviado una carta a la comisaria de Energía, Kadri Simson, para pedir que se extienda el tope del gas a toda la UE y se aplique “a todas las transacciones de gas y no limitarlo a las importaciones de jurisdicciones específicas”, señala la misiva.

Test de estrés

La Comisión Europea también ha propuesto una batería de medidas para tratar de incrementar la liquidez de las empresas energéticas en los mercados, que se centran en tres actuaciones principales: un test de estrés sobre liquidez, fijar un índice de precios para las importaciones de gas y analizar los sistemas de precios máximos de los mercados energéticos.

Respecto a la primera medida, la Dirección General de Finanzas de la Comisión Europea recibía el pasado 22 de septiembre el informe de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA), que analiza la situación actual de liquidez de las empresas energéticas para tratar de hacer frente a los problemas que están experimentando frente al fuerte crecimiento de las garantías que tienen que consignar para poder operar.

En su informe, la ESMA alerta de la concentración en los derivados. Concretamente, el organismo europeo señala que las operaciones de derivados se centran en unas pocas cámaras de compensación en la UE y fuera de la misma. Esta situación ha provocado un gran aumento de los volúmenes a partir del cuarto trimestre de 2021, lo que se ha traducido en un incremento de los márgenes pagados a estas cámaras de compensación.

Respecto a la intención de fijar un nuevo índice de precios del gas que sustituya al TTF, Bruselas llevará a cabo una evaluación que determine la entidad mejor situada para gestionar un Centro Europeo de información y consolidación de datos de todas las transacciones de entregas de gas de la UE. La intención de Bruselas es que, una vez que se alcance un nivel suficiente de cobertura del mercado, este centro establezca un punto de referencia ponderado por el precio sobre la base de las transacciones diarias (o semanales). En un segundo paso, este índice de referencia ponderado por el precio se licitaría a un administrador autorizado establecido en la Unión Europea. El tercer paso consistiría en la promoción de un mercado de futuros activo que haga referencia al nuevo índice.