Acelerar los plazos de la transición energética, una prioridad de país
En el actual contexto, acelerar la transición energética mediante el despliegue de las energías renovables es una asignatura pendiente para una mayoría de los países de la UE. El plan REPowerEU, que esboza la estrategia general para que Europa sea independiente de los combustibles fósiles antes de 2030, lo pone de manifiesto. Por lo que la agilización de la tramitación de proyectos de energías renovables es fundamental e imprescindible, si queremos alcanzar los objetivos marcados y garantizar la independencia energética. Para ello, sería necesario continuar por la senda de la reforma del marco regulatorio con el objetivo de simplificar a fondo todos los procesos de autorización administrativa
Con esto en mente, el gobierno adoptó medidas que van en la buena dirección y que, bien aplicadas, pueden contribuir a acelerar el despliegue de fuentes de energía clave como la eólica o la renovable. Entre ellas, la aprobación del Real Decreto 6/2022, mediante el cual se eliminaban trabas administrativas para agilizar el desarrollo de proyectos de energías renovables de más de 50MW. No obstante, últimamente se viene observando que cada vez más proyectos corren el riesgo de acabar paralizados, o incluso cancelados, debido al incumplimiento de los plazos establecidos por dicho decreto. La tramitación en las Comunidades Autónomas sufre un retraso de tres años en la aprobación de proyectos renovables clave para el futuro de las regiones y municipios en los que está prevista su construcción. Con frecuencia, el proceso de interconexión es mucho más largo que la propia construcción de la planta. La vía simplificada en la que se ampara la tramitación de esos proyectos no está cumpliendo con el plazo establecido de 24 meses, una falta que está poniendo a los proyectos al borde del precipicio ante un posible vencimiento del período de prórroga concedido para esta última regulación.
La prórroga de nueve meses aprobada por el Gobierno en diciembre de 2021 para la concesión de licencias se está acabando y, a pesar de las buenas intenciones, dicho plazo será de nuevo insuficiente si los procesos se siguen atrasando y ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas consiguen agilizar los trámites. Las Comunidades Autónomas no son capaces de abordar la ingente avalancha de solicitudes que han recibido. Y son precisamente las Comunidades Autónomas las que más abogan por una ampliación de la prórroga. Sin embargo, de momento no parece que exista la suficiente voluntad política para aprobar una nueva extensión de los plazos.
En este punto de inflexión tan crítico, acelerar el despliegue de las instalaciones fotovoltaicas renovables debe ser una prioridad estratégica para nuestro territorio. Para ello, sería necesario una reforma profunda para simplificar a fondo todos los procesos de autorización administrativa, algo que reclaman de forma acuciante la gran mayoría de actores del sector renovable. La hoja de ruta de la UE para el impulso de la energía solar aprobada recientemente nos debe motivar lo suficiente como para acelerar nuestros objetivos, teniendo en cuenta que contamos además con una posición privilegiada en nuestro acceso al sol. Alcanzar más de 320 GW de energía solar fotovoltaica de nueva instalación para el año 2025, y los casi 600 GW de aquí a 2030, es un objetivo muy ambicioso, pero realizable y necesario. Por lo que debemos hacer todo lo posible por conseguir que la nueva regulación se convierta en una contribución real al sector, y no en una dificultad y una traba burocrática más que pueda poner en jaque el desarrollo energético y sostenible de nuestro país.
La construcción de proyectos de energías renovables tiene que producirse y va a producirse. Los objetivos nacionales son claros y estamos en un punto de no retorno que, además, es beneficioso para todos. Por ello, no podemos, y no debemos, permitir que aquello que nació para contribuir al buen desarrollo del sector acabe empujándolo al abismo, poniendo en riesgo y retrasando la concesión de las licencias necesarias para la construcción de proyectos. Tanto la regulación como las instituciones, a todos los niveles, deben favorecer de una forma clara, ágil y estable las iniciativas y planes de desarrollo sostenible capaces de llevarnos a ese cambio de paradigma y de modelo que tanto necesitamos.
El sector de la energía renovable requiere encarecidamente de un marco legal estable que aporte certidumbre y seguridad jurídica. Porque solo así podremos acercarnos a esos ansiados objetivos que son la independencia y la sostenibilidad energética