Los esfuerzos de la UE por descarbonizar los edificios para afrontar el invierno más duro del siglo XXI
La llamada Green Wave promovida por la Unión Europea desde 2020 y conocida en España como la Oleada de Renovación, está redactada poniendo especial énfasis en la descarbonización de los inmuebles de sus países miembros.
Tanto es así que, en diciembre de 2021, se hizo hincapié en hacer una revisión de la Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (DEEE), donde se proponían medidas para aumentar la tasa de renovación de los inmuebles, destacando los casos de los edificios menos eficientes. Con estas cartas sobre la mesa, no cabe duda que se ha convertido en un tema urgente para el viejo continente.
Y es de extrañar que esta cuestión no haya prevalecido antes, ya que los parques inmobiliarios proporcionan un 36% de las emisiones contaminantes de la Unión Europea y consumen un 40% de la energía de sus países miembros en la actualidad. Por lo que, queda todavía mucho camino que allanar para que lleguen a generar cero emisiones para el año 2050, como tiene previsto la Unión Europea.
El tiempo se echa encima a las empresas y, estando ya en el último trimestre de 2022, se necesita el control absoluto de que se cumplan las medidas estrella de la Revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios que, según Europa, están redactadas para maximizar la reducción de las emisiones y la pobreza energética. Además, también aportan a la disminución de la vulnerabilidad de las personas respecto a los precios de la energía y dan respaldo a la recuperación económica y a la creación de empleo.
A pesar de que la Comisión Europea lo deja casi todo en manos de los propios países miembros, entre las normas mínimas se encuentra amparado un calendario donde los edificios públicos y no destinados a la vivienda deben tener, como mínimo, una calificación de eficiencia energética F en 2027 y alcanzar una calificación E en 2030.
Para alcanzar este plan con éxito y duplicar la tasa de rehabilitación en 2030, se han destinado 150.000 millones de euros, un estímulo para dejar de tener al 75% del parque inmobiliario de Europa obsoleto en cuestiones de eficiencia energética para ayudar tanto a las empresas que quieren ahorrar energía y costes en su factura energética, como a los 35 millones de personas que no pueden mantener su casa caliente en invierno.
Cabe destacar que, en España, por ejemplo, el sistema de certificación está instaurado desde 2013 pero, de momento, no está sirviendo de mucho para potenciar el cambio, ya que si se comprueban cifras que maneja Moncloa en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, casi el 85% de los edificios en el país tienen las letras E, F o G debido a su consumo energético y solo un 0,2% alcanza la letra A, aquella que ratifica las emisiones como “casi nulas”.
Asimismo, a la urgencia climática que se replanteó la Unión Europea en diciembre de 2021 también hay que sumarle un factor que no se tenía en el radar cuando se redactaron estas medidas: el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha traído consigo amenazas por parte del gigante ruso del corte de suministro de gas al continente europeo, lo que afecta también al mercado eléctrico en uno de los inviernos que se pronostican como más fríos.
No obstante, ya se están tomando medidas a nivel internacional, y hace tan solo unos días, los llamados Veintisiete han instado a la Comisión Europea a que cree nuevas regulaciones para recortar el precio del gas -que produce la electricidad- y también los beneficios de las eléctricas, así como promover la reducción del consumo energético de todo el continente.
A nivel nacional, llevamos más de un mes impulsando las restricciones de energía con acciones como el límite a 27 grados del aire acondicionado o el apagado nocturno de los escaparates, pero aún se necesita más: poner el foco en la rehabilitación de los edificios empresariales.
Tras hacer un análisis de la situación, la conclusión a la que se ha llegado no es sorprendente. Los fondos europeos y la incertidumbre del mercado por la guerra que se está viviendo en estos momentos, va a provocar el interés de las empresas -sin importar su tamaño- por llegar al máximo ahorro energético y eso se consigue fortaleciendo los edificios para que estén preparados ante situaciones climáticas adversas sin tener que acudir a demasiada energía externa, así como invirtiendo en los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de cada inmueble para aprovechar al máximo la energía.
Entre las actuaciones más inmediatas y eficaces, se encuentra invertir en una buena envolvente térmica, renovación de calderas y, por último, acudir a la energía verde como son las placas solares.
Parece que la crisis bélica ha despertado a una crisis energética mucho más amplia con la que había que saldar cuentas en 2050. Pero no. Los problemas del futuro están ahora en el presente y son los resquicios de la mala praxis del pasado.
Una situación desafiante para una Unión Europea y sus Estados miembros que, desde el principio, sabían que era un asunto prioritario y ahora es el momento de conseguir la descarbonización de los activos inmobiliarios de las compañías.