Las eléctricas piden que la nueva tarifa recupere los costes del tope al gas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se comprometió con Bruselas a tener lista la reforma de la tarifa regulada (PVPC) antes del 1 de octubre de este año para reducir su volatilidad e incrementar la protección de los consumidores acogidos a esta modalidad de contratación. También era una de las exigencias de Bruselas para dar el visto bueno a la llamada excepción ibérica

Finalmente, el pasado 5 de octubre el Miteco lanzaba a información pública la propuesta de Real Decreto del PVPC, en la que fija un nuevo sistema de cálculo para la tarifa regulada. Contratada actualmente por unos 9 millones de puntos de suministro (el 35% del país), tendría que entrar en vigor el 1 de enero de 2023. La propuesta, cuyo plazo para presentar alegaciones finaliza el 7 de noviembre, plantea, entre otras cuestiones, incorporar a la fórmula de cálculo del PVPC una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual. Concretamente, se propone que el producto mensual suponga un 10% del total, el trimestral se sitúe en un 36% y el anual suponga un 54%. Con estas cifras, la volatilidad anual del precio diario se reduce del 27% al 17% y la del precio medio mensual del 23% al 16% frente a la volatilidad del precio del pool.

La incorporación de este nuevo modelo de tarifas se llevará a cabo dentro de un marco transitorio que ha impuesto el Gobierno y que va desde 2023 a 2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal a plazo suponga un 25%, incrementándose dicha representatividad en un 15% cada año hasta alcanzar el 55% en 2025, dejando el 45% restante para la señal de precios diaria e intradiaria.

Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), “valoramos positivamente dicha modificación, ya que es algo que veníamos reclamando desde hace tiempo”. “Establecer un mecanismo que reduzca progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y que tenga en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel), donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros, evitará las fuertes volatilidades del diseño actual y generará bondades tales como proporcionar mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor; mantener la volatilidad diaria, dando las señales adecuadas para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio; y generará más liquidez en los mercados a plazo, dado que las Comercializadoras de Referencia (COR) tendrán incentivos a comprar electricidad a plazo, replicando la cesta del PVPC”, apuntan desde aelēc.

A pesar de estos avances, desde la asociación consideran que hay algunos aspectos susceptibles de mejora dentro del ámbito de cálculo del PVPC. Entre ellos, “los relacionados con la necesidad de que los comercializadores de referencia, por desempeñar una actividad regulada cuya remuneración determina la Administración, recuperen en dicha remuneración los costes soportados en el desempeño de la actividad regulada”. Asimismo, creen que “deben reconocerse los incrementos en los costes de gestión de la morosidad que se han venido produciendo para garantizar el suministro a clientes vulnerables o la recuperación íntegra del mecanismo de ajuste de costes de producción para reducir el precio de la electricidad, conocido como excepción ibérica”.

Limitar el acceso a las empresas

Otro de los asuntos que recoge la propuesta hace referencia al tipo de consumidor que podrá acogerse a la nueva tarifa regulada. Hasta ahora, el único requisito para acceder a ella es que la potencia contratada por parte del cliente no supere los 10 kW, no habiendo ninguna restricción relacionada con el tamaño de la empresa.

Pero el Gobierno lo quiere cambiar, de ahí que proponga limitar la nueva contratación del PVPC a las personas físicas y microempresas, entendidas estas últimas como aquellas empresas con menos de diez trabajadores contratados y cuyo volumen de negocio o balance general anuales no supere los dos millones de euros. El límite de potencia para contratarla seguirá siendo de 10 kW.

Para acogerse a la tarifa regulada, las empresas deberán acreditar su condición de microempresa ante el comercializador de referencia en el momento de la solicitud o de la renovación del contrato, mediante la presentación de una declaración responsable, de cuya supervisión se encargará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, se establece un periodo transitorio para la adaptación de los contratos, de manera que la limitación del PVPC a personas físicas y microempresas no será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023. Una vez finalizado este periodo, las pymes que tengan contrato en vigor y no cumplan con los requisitos recogidos para acceder al PVPC, podrán continuar bajo la modalidad de contratación con el comercializador de referencia a precio voluntario para el pequeño consumidor hasta que se produzca su vencimiento.

Respecto a este último punto, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) considera “excesiva” la fecha de 31 de diciembre de 2023 para que las empresas puedan firmar contratos en la PVPC. “Eso quiere decir que puede haber empresas que firmen en diciembre de ese año y estén en la PVPC hasta el 31 de diciembre de 2024. Por eso, hemos pedido que se cambie la cláusula para que, a partir del 31 de diciembre de 2023, ninguna empresa (salvo las microempresas) pueda estar acogida al precio de la PVPC, haya firmado en febrero o en diciembre de 2023”, apuntan desde ACIE.