La biomasa reclama medidas para evitar el cierre de sus plantas

El sector de la biomasa está muy preocupado. En los dos últimos años, los precios de los costes asociados a esta tecnología en España han subido de forma extraordinaria, un hecho que, sin embargo, el Ministerio no ha reflejado en las últimas órdenes publicadas por las que se actualizan los parámetros retributivos de las centrales correspondientes al segundo semestre de 2020 y los dos semestres de 2021.

Según datos del informe encargado por APPA Biomasa a una consultora independiente, el precio de la biomasa se ha incrementado un 36,49% desde 2020 debido a la subida de los costes de las operaciones agrícolas, forestales y de transporte; a la evolución del precio de la biomasa en origen; a la repercusión que ha tenido en el mercado español la evolución de los mercados internacionales; así como a la subida del IPC y la inflación.

Más concretamente, el precio del gasóleo para las operaciones de extracción y transporte de biomasa se han incrementado un 55,5% y un 61,39%, respectivamente, respecto a 2020; los costes salariales han subido de media un 13,36% de 2020 a 2021; mientras que los productos forestales en origen han aumentado su precio entre un 9% y un 150% desde 2020. Como consecuencia de la evolución creciente de todas las variables que afectan al precio de la biomasa, el coste de la biomasa también se ha incrementado.

Los costes de explotación de las plantas de biomasa también han subido. Concretamente un 21% en el periodo 2020-2022 debido, entre otros motivos, al aumento de la inflación, de los costes salariales, y de los seguros y garantías bancarias por la situación de incertidumbre de mercado.

Con estos datos sobre la mesa, el Ministerio ha actualizado las órdenes de parámetros retributivos del sector, que contemplan que los costes de biomasa y otros costes de explotación sólo han aumentado un 1% en 2022 (actualización anual fijada por normativa), “lo que implica que la regulación no ha atendido la realidad del sector al no reconocer sus costes reales, a pesar de haber demostrado con informe técnico independiente y mediante alegaciones jurídicas al Ministerio y a la CNMC el importante incremento que han sufrido los mismos”, afirma a elEconomista Energía Margarita de Gregorio, directora de APPA Biomasa.

Este supuesto de costes del que parte el Gobierno “está muy alejado de la realidad, lo que provoca que también lo esté la retribución que considera necesaria para alcanzar la rentabilidad razonable que había garantizado a esta tecnología”, tal y como manifestaba APPA Renovables en un comunicado reciente, “de manera que son las empresas las que están asumiendo este incremento de costes al no haber sido reconocido en la retribución establecida”, añade de Gregorio.

Paros, cierres temporales y EREs

La situación se ha vuelto tan complicada que algunas empresas “están parando la producción, cerrando temporalmente sus instalaciones y, en algunos casos, aplicando expedientes de regulación de empleo entre sus trabajadores”, añade de Gregorio.

Magnon Green Energy, filial de energías renovables del Grupo Ence, es una de las empresas afectadas. Dos de sus plantas de generación eléctrica con biomasa, localizadas en Huelva y Ciudad Real, han tenido que detener su producción. Adicionalmente, la compañía se ve en la necesidad de realizar paradas puntuales en el resto de sus plantas.

Como consecuencia de la suspensión de la actividad de estas dos instalaciones, la empresa ha tenido que aplicar expedientes de regulación temporales de empleo por causas organizativas y productivas. Magnon estima que solo la parada de la planta de Huelva afecta a más de un centenar de trabajadores. Asimismo, la compañía se encuentra en negociaciones con las principales empresas auxiliares de sus plantas para llevar a cabo medidas organizativas similares.

Para Carlos Retortillo, director de Operaciones de Magnon, es “urgente fijar un índice real y objetivo del precio de compra de la biomasa, así como para la operación de las plantas. Esta tecnología es la única renovable gestionable, lo que significa que es la única capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades del sistema eléctrico, aportándole al mix la estabilidad que necesita en su recorrido hacia la independencia energética”.

Zero Waste Energy también está sufriendo esta delicada situación. La compañía es titular de dos instalaciones de generación eléctrica a través de biomasa ligadas al sector del aceite de oliva y, más concretamente, al de extracción del aceite de orujo.

Ambas instalaciones, que suman una potencia instalada de unos 17 MW y emplean alrededor de cuarenta trabajadores, “han visto claramente afectadas sus cuentas de resultados como consecuencia directa del actual incremento de sus principales costes de explotación (en torno a un 20%) y de los costes asociados a los combustibles”, apunta Óscar Sacristán, Chief Executive Officer de la compañía. “A fecha de hoy -añade Sacristán-, el precio del orujillo se ha incrementado alrededor de un 300%, el de la biomasa forestal un 150%, el de la biomasa agrícola un 250% y el pellet de astilla aproximadamente un 350%”.

El Grupo ENSO lleva más de 20 años dedicado al desarrollo y explotación de centrales de energía eléctrica y térmica, con particular dedicación a la biomasa. Además del diseño y construcción de calderas, desde 2013 opera su propia central de biomasa en Garray (Soria), de 17 MW, y participa en el desarrollo de numerosos proyectos a nivel nacional e internacional.

Tal y como señala Elías Hernández, general manager de ENSO Energy Environment & Sustainability a nuestra publicación, “esta situación nos está dificultando la financiación y refinanciación de activos debido a la inseguridad regulatoria existente. Asimismo, su tardía aplicación provoca fluctuaciones enormes de caja en los proyectos, produciéndose situaciones de alta generación de caja ciertos años y otros en donde no se puede hacer frente al servicio ni a la deuda, llevando a los proyectos a situaciones de default en la financiación. Esta inseguridad redunda, igualmente, en la imposibilidad de cerrar precios a largo plazo para cubrir el riesgo regulatorio, al no existir liquidez en los mercados a plazo para cerrar la fórmula propuesta por el Gobierno conforme al RDL 11/2022”.

Peticiones del sector

Actualmente, el sector está pendiente de la publicación de los nuevos parámetros retributivos correspondiente al 2022 y de la nueva metodología para actualizar la retribución a la operación para empezar con ella en 2023. El Ministerio les ha manifestado su intención de que ambas normativas estarán listas antes de que finalice el año.

Respecto al primer punto, lo que el sector pide es que las Órdenes de parámetros pendientes para 2022 recojan la actualización de los costes de combustible (biomasa) y de explotación conforme a lo dictado en el RD 413/14, donde se establece que la retribución a la operación debe cubrir aquellos costes de explotación (incluido el coste de combustible) que no pueden ser cubiertos por el precio de mercado eléctrico. Eso implicaría recoger los costes que el sector está soportando hoy y no seguir aplicando la actualización de dichos costes al 1%, tal y como refleja el borrador actual.

En relación al segundo punto, el sector también solicita que se apruebe una nueva metodología para actualizar la retribución a la operación -tal y como recoge el RDL 6/2022 y que debería haberse publicado a principios de junio de este año-, de forma que se modifique lo establecido en la Orden 1345/15. De hecho, están en conversaciones con el Ministerio para tratar de instrumentalizar este mecanismo que permita una actualización de los precios de los combustibles más ajustada a la realidad para las retribuciones de 2023 en adelante. A juicio del sector, la nueva metodología debería contemplar un índice nacional de precios de biomasa.

Otra de las peticiones del sector es que, tanto la actualización de los parámetros retributivos como la nueva metodología, se reflejen en las próximas subastas de renovables y también en la nueva regulación que está a punto de salir para las nuevas cogeneraciones.