Colaboración público-privada y transición energética
La convulsa situación geopolítica, enmarcada por la invasión rusa en Ucrania, nos está arrojando una realidad en la que muchas preguntas que los Estados pensaban responder en varios años en materia de producción energética y sostenibilidad deben afrontarse ahora mismo y con rapidez de ejecución. La energía está jugando un papel fundamental en la geopolítica actual y todo hace indicar que se debe trabajar hacia la autonomía energética de los países miembros de la Unión Europea a través de las energías renovables.
Ante este objetivo, España tiene una gran oportunidad para ser una referencia internacional en transición energética. Por sus peculiaridades geográficas, está capacitada para desarrollar un fuerte proyecto de renovables que pudiera asumir una cuota mucho mayor de la demanda eléctrica actual del país y, por el camino, abaratar los precios de la luz. La urgencia que se ha generado con la intención de cortar la dependencia energética de Rusia debe acelerar este proceso.
Dicho acelerón se ha visto, por ejemplo, en Alemania, donde su Gobierno pretende aumentar la cuota de las renovables en la demanda bruta de electricidad hasta el 80% en 2030, suponiendo un aumento de la demanda de entre 680 y 750 TWh anuales. En el caso concreto de la energía fotovoltaica, el nuevo objetivo alemán de instalación para 2030 es de, aproximadamente, 200 GW, cuando antes de esta revisión era de la mitad. En España, un país con un clima más propenso para la fotovoltaica, el objetivo de instalación para 2030 se sitúa solamente en 39 GW. La diferencia es más que evidente y difícil de justificar en base a la dimensión geográfica o demográfica del país germano.
España debería tomar decisiones en materia energética similares a las de Alemania, pero sufre en ocasiones una ralentización burocrática y de las administraciones públicas que desemboca en cierta falta de agilidad y retraso en la ejecución de proyectos. El sector privado percibe, en ocasiones, que la administración pública rema en solitario y no pone todas las facilidades para que el sector privado colabore y empuje en esta dirección. Para que un proyecto de país funcione y salga adelante cualquier tipo de iniciativa ambiciosa, es absolutamente fundamental que la colaboración público-privada sea fluida, constante y real. Ninguna de las dos patas, por separado, podrá conseguirlo sola.
Existen ciertas reticencias en la apuesta por las energías renovables debido a que su productividad energética, en comparación con los combustibles fósiles, sigue siendo inferior, pero poco a poco se han ido logrando hitos que nos acercan al objetivo de cubrir toda la demanda eléctrica con energías limpias. El pasado 2 de abril, casi toda la demanda eléctrica de la España peninsular fue cubierta puntualmente solamente por energías renovables. También el Estado de California al completo, con sus 40 millones de habitantes, logró cubrir el 99% de la demanda eléctrica del Estado con renovables por primera vez en su historia. En ambos casos no fue durante un día al completo, solo durante un tramo horario, pero ya nos acerca a un futuro que queremos alcanzar lo antes posible.
Ante este crecimiento imparable de las energías renovables, tanto como impulso medioambiental como industrial o económico, lo público debe ser un facilitador para las compañías privadas, apoyándolas, fomentando su actividad y poniendo las menores trabas posibles. Para el futuro inmediato, a la Administración Pública se le vuelve a plantear una gran oportunidad con la aparición fulgurante del hidrógeno verde, el vector energético del futuro, donde podrá apoyar de forma firme al sector privado.
Ya está anunciado por parte de Ansasol el desarrollo de 440 MW de potencia de electrólisis en Castilla y León mediante energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo para la producción de hidrógeno verde destinado a la industria y transporte pesado, siendo este solo el principio de todo el plan a nivel nacional. Actualmente, la compañía cuenta con más de 19 proyectos en cartera de hidrógeno verde, tanto en proyectos propios como para terceros, trabajando con empresas de primera línea en el sector. En cifras totales, ya están entregados 800MW dentro de la documentación en tramitación por toda España y la previsión es entregar otros 500 MW en los próximos seis meses y alcanzar hasta los 2 GW a final del año 2023.
No estamos solos, ya que la grandes compañías nacionales y extranjeras están ya desarrollando proyectos sobre hidrógeno verde. Por ello, el pasado 8 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abrió una convocatoria de cuatro programas de ayudas a la cadena de valor innovadora del hidrógeno renovable, con un presupuesto de 250 millones de euros. Estos programas forman parte del Perte ERHA y, en un principio, son beneficiosos para este impulso que necesita lo privado, pero con ello no será suficiente si en los próximos años no se logra cumplir con el objetivo actual de instalar 150 estaciones de repostaje de hidrogeneras para el año 2025. Por un lado, se antojan pocas estaciones para toda la red de carreteras nacionales y, por otro, cuesta creer que se cumpla esa fecha si, a día de hoy, todavía no se ha empezado ninguna de dichas instalaciones.
Para facilitar la consecución de estos objetivos, Ansasol, como parte de su plan estratégico, quiere instalar 20 hidrogeneras en zonas estratégicas y carreteras de España para, de este modo, suministrar hidrógeno a nuevas flotas de camiones y autobuses, así como a vehículos ligeros y maquinaria de trabajo pesado.
Este es solo otro ejemplo de cómo la Administración Pública puede beneficiarse de una interlocución directa con los actores del sector privado, facilitando la consecución de objetivos. Por tanto, en materia de fotovoltaica e hidrógeno verde, nuestra compañía se pone a disposición del Estado y estamos seguros de que muchas otras empresas están dispuestas a hacer lo mismo para la ejecución de proyectos de transición energética y así convertir al país en un referente en materia de autonomía energética y renovable.