El Gobierno acelerará la tramitación de proyectos renovables hasta 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, con medidas “contundentes” para apoyar el tejido económico y empresarial en el ámbito del transporte, la energía y la ciberseguridad, que servirán para proteger a los sectores y colectivos más vulnerables que se están viendo más afectados por los efectos de la guerra, y minimizar las consecuencias económicas y sociales. El Plan movilizará 16.000 millones de euros y estará vigente hasta el 30 de junio.

En el último año el coste de la energía se ha disparado. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, el precio del gas natural se ha multiplicado prácticamente por siete, creciendo un 640%. El precio de la electricidad (mercado mayorista) se ha multiplicado prácticamente por seis, lo que supone un crecimiento del 530%. Asimismo, el petróleo se ha multiplicado un 1,8%, lo que supone un crecimiento del 80%.

Las medidas de ámbito energético incluidas en el nuevo RDl se engloban en cuatro grandes bloques. Entre las acciones con efecto inmediato, el Gobierno prorroga hasta el 30 de junio la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas debido a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas). Además, los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores. La medida también afectará a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura superior a los 67 €/MWh. En el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial, se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

Otra de las medidas de este primer bloque es la actualización anticipada y extraordinaria del régimen retributivo regulado de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que reducirá en unos 1.800 millones los costes del RECORE en 2022, lo que permite rebajar los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel anterior a las medidas para contener los precios que se aprobaron el año pasado. Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2023, dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado, incentivando que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable. Además, se actualiza una petición histórica del sector de la cogeneración y es que la Ro se calculará con carácter anual.

Por otro lado, el Gobierno extiende hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz, de manera que el IVA seguirá al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5% y se mantiene la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Con relación a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en la fórmula de cálculo durante las revisiones del 1 de abril y el 1 de julio, con la intención de contener su incidencia en la factura final de los consumidores.

Asimismo, y para mitigar el impacto en las familias por el encarecimiento de los combustibles, el Gobierno ha aprobado una bonificación mínima de 20 céntimos de euro en cada litro de combustible para todos los ciudadanos, el sector del transporte y el sector pesquero. El Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.

Bono social e industria electrointensiva

El segundo bloque de medidas está destinado a acompañar a distintos sectores y a los colectivos más vulnerables. A este respecto, el Gobierno prorroga hasta el 30 de junio los descuentos extraordinarios vigentes al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente, y refuerza su protección social, con varias medidas relevantes como la renovación automática.

Asimismo, el número de beneficiarios del bono social se ampliará en más de 600.000 (casi dos millones de hogares), al extenderlo a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro, al tomar como referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar. Los beneficiarios del bono social eléctrico también tienen derecho al bono social térmico. En consecuencia, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono térmico hasta los 228 millones.

Por otro lado, si antes la financiación del bono social eléctrico solo la asumían los comercializadores de electricidad, ahora tendrán que hacerlo todos los agentes que participan en la cadena de suministro de electricidad (producción, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos) de acuerdo con su facturación.

Las ayudas también se extenderán a la industria electrointensiva. En primer lugar, se aplicará un mecanismo de apoyo consistente en una reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables en cada momento. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, y supone un coste de 225 millones de euros.

En segundo lugar, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 empresas, el 88% de ellas pymes. Los sectores beneficiados son el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica.

En tercer lugar, el Gobierno ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 73,6 millones de euros.

También se ha aprobado un aumento de 65 millones para compensar los costes de emisión de CO2 para este año. Con este incremento se alcanza un total de 244 millones de euros, lo que permite alcanzar el máximo autorizado por la Comisión Europea. Este mecanismo permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Renovables y almacenamiento

El tercer bloque contiene medidas estructurales para acelerar la Transición Energética. Estas engloban un marco regulatorio para instalaciones fotovoltaicas flotantes, una normativa para canalizaciones para la inyección de gases renovables (biogás, biometano e hidrógeno verde) en el sistema gasista a través de líneas directas, o la liberación del 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber unos 7 GW adicionales de instalaciones de autoconsumo.

Asimismo, se habilita un procedimiento temporal acelerado, hasta el 31 de diciembre de 2024, para determinar la afección ambiental y la tramitación de nuevas plantas eólicas menores de 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW. Estas plantas tendrán que ubicarse fuera de la Red Natura 2000 y en áreas de sensibilidad baja o moderada según la zonificación ambiental para energías renovables.

Por otro lado, entre 2023 y 2025 las empresas distribuidoras ampliarán sus planes de inversión en las redes eléctricas en un mínimo del 10% para facilitar la evacuación de nueva generación renovable de pequeño tamaño y autoconsumo.

El cuarto bloque pretende reforzar la política de suministro, haciendo hincapié en el almacenamiento para ser más independientes respecto a terceros países. A este respecto, el Gobierno amplía en 7,5 días el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo. La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizándose su uso: el 50% podrá liberarse por orden del Miteco, cuando antes se requería acuerdo del Consejo de Ministros. Además, los comercializadores tendrán que disponer de 7,5 días de reservas operativas a fecha de 1 de noviembre para encarar la temporada invernal.