La ‘medida estrella’ del Gobierno no empieza con buen pie
Han pasado más de dos semanas desde que se pusiera en marcha el mecanismo por el que se limita el precio de la electricidad en el mercado mayorista de España y Portugal. Esta medida, conocida como excepción ibérica y cuyo objetivo es rebajar la factura de la luz alrededor de un 15%, no está dando los resultados esperados, ya que la rebaja ahora mismo apenas alcanza un 5%.
Desde que se conocieran los primeros resultados de la medida, el Gobierno salió al paso “pidiendo calma y un poco más de tiempo para que ésta se asentara”. La ministra Ribera explicaba que su aplicación había comenzado en medio de una ola de calor, con una baja generación por parte de las tecnologías eólica y fotovoltaica que había provocado un incremento del peso de los ciclos combinados en el mix de generación eléctrica, en un momento de altos precios del gas y de un aumento de la exportación de electricidad a Francia. A pesar de estas circunstancias, Ribera afirmó que “los consumidores que se benefician de la medida del tope al gas para generación eléctrica -que finaliza el 31 de mayo de 2023-, se habían ahorrado en la primera semana de aplicación entre 25 euros y 30 euros/MWh”.
Quince días después, la situación ha dado un pequeño giro. Según el documento de aprobación de esta medida, elaborado por la Comisión Europea y al que ha tenido acceso elEconomista.es, España esperaba alcanzar un precio durante el primer mes de 176,60 euros (incluidas las compensaciones y los ingresos de la interconexión), cuando la realidad ha sido muy distinta, con precios prácticamente muy por encima de los 200 euros todos los días (ver reportaje en páginas interiores).
De hecho, se esperaba que los primeros meses de la medida iban a ofrecer las mayores rebajas, pero la tensión en los precios del gas ha provocado que la medida estuviera muy alejada de su objetivo y, por tanto, no sirva para alcanzar su principal objetivo, mitigar la inflación, lo que coloca al Gobierno en una situación crítica.
Ahora el Gobierno reconoce, según el informe de la Comisión, que la medida es un parche hasta llegar a la reforma del PVPC que no llevó a cabo a finales del año pasado pese a que inició el proceso. En aquel momento, Teresa Ribera indicó que no modificaba el PVPC por la negativa de las asociaciones de consumidores, pero ahora reconoce a Bruselas que no lo hizo debido a la escasa liquidez y alta volatilidad de los mercados de futuros en la Península Ibérica, aunque espera que entre en vigor en octubre de 2022.