Así es el nuevo plan anticrisis del Gobierno para frenar la inflación

El Gobierno ha decidido prorrogar hasta final de año algunas medidas del plan anticrisis que entraron en vigor el pasado mes de abril, y adoptar algunas nuevas, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables, así como paliar los efectos de la guerra y las tensiones inflacionistas en los ciudadanos y las empresas del país.

La cuantía del nuevo plan superará los 9.000 millones de euros (5.500 millones en gasto y 3.600 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales). En total, entre los dos decretos, se estima un esfuerzo de unos 15.000 millones en 2022. Además, el conjunto de medidas tomadas anteriormente y a partir de ahora, permitirá, según el Gobierno, contener en 3,5 puntos el alza de los precios.

En materia energética, la principal novedad del Real Decreto-ley radica en la rebaja del IVA de la luz, que será del 10% al 5% a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022, de la que se beneficiarán todos los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, lo que permitirá reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. Esta reducción se suma a la llevada a cabo en junio de 2021, cuando el Gobierno ya bajó este gravamen del 21% al 10%.

El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos), así como a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, lo que beneficiará a más de 640.000 hogares.

Por otro lado, el decreto mantiene la suspensión, durante todo 2022, del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final. También mantiene el gravamen del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno rebajó en septiembre pasado del 5,1% al 0,5%.

Otra de las novedades del nuevo RDl es la congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros hasta final de año. El Gobierno argumenta que, desde el mes de noviembre de 2020, los precios de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados no han parado de incrementarse en su revisión bimestral, superando desde enero de 2022 el anterior máximo histórico, establecido en 17,5 euros. En mayo de 2022 el precio máximo de la bombona de butano se actualizó a 19,55 euros, lo que supone un 54% más que su precio en noviembre de 2020.

Combustible y transporte

El Gobierno también ha decidido ampliar, hasta el 31 de diciembre, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. El impacto de esta medida se estima en 4.038 millones de euros entre julio y diciembre de 2022. Están excluidos de las bonificaciones los productos que se utilicen como carburante en la navegación privada de recreo.

En el caso del transporte de mercancías por carretera, el Real decreto-ley modifica la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, para establecer la obligación de que, en los contratos de transporte por carretera que tengan por objeto un único envío, todas las facturas por servicios realizados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, reflejen de manera desglosada el coste del combustible necesario para la realización del transporte.

En segundo lugar, se aprueba una modificación temporal, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022, de las fórmulas aplicables para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible, para que recojan el peso real del coste del combustible en la estructura de costes de las empresas, en función del tipo de vehículos, en el contexto actual, y de conformidad con lo que refleja el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera.

Familias vulnerables e industria gasintensiva

El Gobierno también ha decidido mantener los vigentes descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente, durante todo 2022. Asimismo, y hasta el 31 de diciembre de este año, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

Con relación a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), en marzo pasado se decidió mantener el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en su fórmula de cálculo para las revisiones del 1 de abril y del 1 de julio. Ahora, esta medida para contener el impacto del precio del gas en la factura final de los pequeños consumidores, se aplicará también en las revisiones del 1 de octubre y del 1 de enero de 2023. Igualmente, se mantendrán las medidas de flexibilización de la contratación de suministro de gas natural para la industria, de modo que las empresas puedan adaptar sus contratos a sus pautas de consumo.

Asimismo, para evitar un encarecimiento en los contratos eléctricos a precio fijo a largo plazo, el Ejecutivo prorroga la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas). Igual que ahora, únicamente resultarán exentos los contratos con precios de coste de energía inferiores a 67 euros/MWh.

Por otro lado, el Gobierno también ha decidido ampliar el número de CNAES (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de la línea de ayudas directas a la industria gasintensiva. Concretamente, se extienden las ayudas inicialmente previstas en el RDl 6/2022, de 29 de marzo, a otros sectores. Esas ayudas se concibieron, inicialmente, como una primera reacción para apoyar a aquellas industrias en las que los costes energéticos derivados del consumo de gas suponían un alto porcentaje de los costes totales de producción y, por tanto, se veían especialmente afectadas por la subida de precios.

Teniendo en cuenta que la guerra de Ucrania que motivó la adopción de estas medidas continúa actualmente y sus consecuencias se mantienen, el Gobierno considera urgente ampliar el marco de apoyo a la industria extendiendo las actuaciones a otros sectores que no se incluyeron en aquella línea, pero que también se han visto afectados por estos incrementos de costes energéticos por su intensidad en el consumo energético en general y, en particular, por su intensidad en el consumo de gas. La cuantía máxima de las ayudas por empresas asciende a 400.000 euros (2.600 euros por cada empleado de la empresa). Las ayudas pueden solicitarse entre el 15 de julio y el 31 de agosto. La partida del Gobierno para estas ayudas será de 250 millones.

Se aplaza el Fondo de Sostenibilidad

Unos días antes de que se aprobara el nuevo paquete legislativo, el Gobierno decidía no convocar la Comisión de Transición Ecológica, que pretendía llevar a cabo el 28 de junio, con la intención de dar luz verde al denominado céntimo verde a petroleras y gasistas. El Gobierno daba así marcha atrás a la aprobación e implantación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), así como al recorte a los ingresos a las centrales eléctricas no emisoras y de mayor antigüedad por el coste de emisión de CO2, que tenía como objetivo rebajar los beneficios de las energéticas.

En un momento en el que el precio de la gasolina está por encima de los dos euros y en el que el Ejecutivo ha decidido prolongar la subvención a los carburantes, se ha optado, “por prudencia”, retrasar el debate de estas leyes hasta el mes de septiembre, según confirman fuentes cercanas a Transición Ecológica. A esto se le suma la falta de apoyo parlamentario, sobre todo por parte del PNV y ERC, y la “contradicción” que existe entre algunas medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros Extraordinario el pasado 25 de junio.

La intención que tenía con este fondo la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era repartir entre todo el sector de la energía la financiación de los costes energéticos que hasta ahora eran sufragados por las eléctricas. Un recargo que iba a tener un impacto directo sobre los consumidores de gas, gasolina y diésel, ya que el coste supondría unos 7,5 céntimos de euro por litro de combustible más.

En el caso del mecanismo de minoración de los ingresos extra de las centrales eléctricas que no emiten CO2, principalmente nucleares e hidroeléctricas, y que se benefician de la subida de los derechos de emisión, algo muy criticado por las grandes eléctricas, fue presentado hace ya casi un año y también estaba previsto que se votase en la Comisión de Transición Ecológica.

Recordemos que la aprobación del Fondo para la Sostenibilidad, ha sido objeto de duras críticas no solo por empresas del sector energético, sino también por parte de patronales industriales, especialmente por la gasintensiva, por el impacto que esta decisión iba a tener en sus costes en un momento con tanta inestabilidad como el actual.