Los Veintisiete alcanzan un acuerdo para reducir el consumo de gas

El pasado 20 de julio, la Comisión Europea presentó ‘Save gas for a safe winter’, un Plan de emergencia para reducir el impacto de un eventual corte total del suministro de gas ruso a la UE el próximo invierno, con medidas para ayudar a salvaguardar el abastecimiento a hogares, industrias y usuarios esenciales.

La Comisión fijaba en su propuesta una reducción del consumo de gas del 15% en cada Estado miembro entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, respecto a su consumo medio en los últimos cinco años, lo que permitiría un ahorro de gas en toda Europa de 45 bcm. Una medida, en principio, voluntaria, que podría convertirse en obligatoria si peligrara la seguridad de suministro, ya fuera porque existiese un riesgo sustancial de escasez grave de gas o por una demanda de gas excepcionalmente elevada.

La propuesta no resultó ser del agrado de todos. España, junto a otros países como Portugal, Grecia, Polonia, Bélgica, Chipre, Malta, Italia, Francia e Irlanda, fueron manifestando progresivamente su oposición al nuevo Reglamento de Bruselas. En el caso de nuestro país, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que la propuesta de la Comisión Europea no era “la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa” y se pronunció en contra de que el objetivo de reducir un 15% la demanda de gas tuviera carácter vinculante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, también se mostró muy tajante al manifestar su disconformidad a “imposiciones” que pudieran venir de Bruselas para reducir el consumo de gas en España, a la vez que confiaba en que la Comisión llegara a un acuerdo “equilibrado y solidario que garantice el suministro”.

Seis días después la situación daba un giro importante. El pasado 26 de julio, los ministros de Energía de la UE alcanzaban un acuerdo político en Bruselas sobre el Plan de emergencia -solo Hungría se manifestó en contra- tras suavizarse la propuesta inicial de la Comisión, justo el mismo día en que Gazprom anunciaba una nueva reducción del flujo de suministro y que hicieron que los precios del gas natural alcanzaran niveles récord en el mercado de referencia de Europa (TTF), al superar los 208 €/MWh. El Plan se aplicará durante un año, aunque la Comisión llevará a cabo una revisión para considerar su extensión en función de la situación general del suministro de gas en la UE en mayo de 2023.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que mostró su satisfacción por la aprobación del Reglamento, señaló que este acuerdo “garantizará una reducción ordenada y coordinada del consumo de gas en toda la UE de cara al próximo invierno, además de complementar el resto de medidas adoptadas hasta la fecha en el contexto de la iniciativa comunitaria REPowerEU para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar la transición energética”. Asimismo, von der Leyen manifestó que el pacto alcanzado por los Veintisiete, ayudará a “diversificar las fuentes de suministro de gas, acelerar el desarrollo de las renovables y aumentar la eficiencia energética”.

Posibles exenciones al objetivo

El objetivo de reducción aprobado el pasado martes en Bruselas, seguirá siendo del 15% voluntario para todos. Si bien todos los países de la UE se han comprometido a hacer todo lo posible para cumplir con las reducciones, se han incluido algunas exenciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio, para reflejar las situaciones particulares de los Estados miembros y garantizar que las reducciones de gas sean efectivas para aumentar la seguridad del suministro.

Concretamente, los Estados miembros no interconectados a las redes de gas de otros Estados miembros (es el caso de las islas) quedan exentos de las reducciones de gas obligatorias, ya que no podrían liberar volúmenes significativos de gas en beneficio de otros Estados miembros.

También quedan exentos los Estados miembros cuyas redes eléctricas no estén sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependan en gran medida del gas para la producción de electricidad (Balcanes), a fin de evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.

Asimismo, los Estados miembros también pueden solicitar una excepción si han superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas, si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o si su consumo de gas ha aumentado, al menos, un 8% en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.

También se incluye otra excepción para aquellos gobiernos en situación de crisis y que deban usar más gas para producir electricidad; por ejemplo si Francia tiene problemas para producir nuclear. En estos casos, un país puede solicitar una suspensión temporal de la reducción.

Por otro lado, los Estados miembros pueden solicitar una excepción para adaptar sus obligaciones de reducción de la demanda si tienen interconexiones limitadas con otros Estados miembros y pueden demostrar que su capacidad de exportación o su infraestructura nacional de gas natural licuado (GNL) se pueden utilizan para redirigir gas a otros Estados europeos.

Precisamente, esta es la cláusula que permite que España haya reducido significativamente su objetivo de recorte entre un 7% y un 8%, tal y como avanzó la ministra Ribera tras la celebración del Consejo Extraordinario en Bruselas.

La vicepresidenta tercera resaltó que el Plan incorpora, “de manera flexible”, la forma en que cada país puede contribuir a “ayudar al vecino”, a la vez que recordó que nuestro país es el “puerto de entrada más importante de gas natural licuado para el conjunto de la UE, ya que exportamos hasta el 20% del gas que importamos y estamos en condiciones de fortalecer estas capacidades”.

La ministra también aseguró que “es muy difícil que España tenga problemas de suministro”, pues cuenta con las reservas necesarias de gas y, además, también apostará por medidas de eficiencia energética que le permitan encaminarse hacia esta reducción del 7%-8% del consumo de gas. España no prevé tener que aplicar racionamientos obligatorios a la industria, aunque se decrete la situación de emergencia en toda Europa.

Con todas estas excepciones, la UE ya no prevé recortar el consumo de gas hasta 45 bcm hasta marzo de 2023, sino que la cifra se reduce al entorno de los 30 bcm. Además, los gobiernos también arrebatan a la Comisión el poder de activar la ‘alerta de la Unión’. Bruselas deberá proponerlo al Consejo solo si cinco estados o más lo solicitan y después serán los gobiernos quienes ratifiquen o no la decisión.

Al elegir las medidas de reducción de la demanda, los Estados miembros han acordado que deberán priorizar aquellas que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares y servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, las entidades críticas, la atención médica y la defensa.

Las posibles medidas incluyen la reducción del consumo de gas en el sector de la electricidad, medidas para fomentar el cambio de combustible en la industria, campañas nacionales de sensibilización, obligaciones específicas para reducir la calefacción y la refrigeración, y medidas basadas en el mercado como subastas entre empresas.

Los Estados miembros también deberán actualizar sus planes nacionales de emergencia que establecen las medidas de reducción de la demanda que están planeando e informarán periódicamente a la Comisión sobre el avance de los mismos.