La gran oportunidad perdida de socializar nuestra riqueza energética renovable
La transición energética es un proceso transcendental que la UE ha decidido completar antes del 2050; pero conviene recordar que los primeros pasos se dieron hace 15 años. El primer hito, sin el cual no hubiéramos alcanzado los siguientes, se logró -en el ámbito fotovoltaico- gracias al esfuerzo de 65.000 familias pioneras, las cuales, nunca lo olvidemos, fueron llamadas por el Estado español y han sido sometidas a salvajes recortes retroactivos, pendientes aún de compensar. Desde el punto temporal en el que nos encontramos, es posible atisbar una evolución a medio plazo de nuestro sector energético donde, a nuestro juicio, nos encontraremos con unas previsiones de penetración de renovables en el sistema eléctrico que excederán, con mucho, los objetivos del PNIEC para el año 2030, frente a una electrificación de los consumos de energías que no está avanzando al ritmo esperado y que, si nada lo evita, ralentizará el avance esperado hacia los objetivos de descarbonización; y una implantación desordenada de megaproyectos que, además de desmesurada, en no pocas ocasiones tienden a ubicarse en localizaciones inapropiadas y que, desafortunadamente, ha copado el 95% de la evacuación de nuestras redes, cerrando el acceso a iniciativas de generación de tamaño pequeño y mediano.
El provecho de nuestras redes, nuestros suelos y nuestro sol va a beneficiar a grandes empresas y fondos de inversión, en detrimento de las economías locales, y los ciudadanos quedan relegados a micro autoconsumos. La Comisión Europea propone situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética y esta misma premisa es reiterada por la Administración del Estado español y la CCAA; sin embargo, lo que se dispone no se compadece con lo que se propone, y lo que nos ofrecen es un remedo de verificación parcial de solemnes postulados de socialización. Se viene a identificar a ciudadano con consumidor, y solo se le abre la oportunidad de autoconsumos, que son ahorros, o comunidades energéticas, sin ánimo de lucro. Los ciudadanos son también autónomos y pymes a los que se les debe dar la oportunidad de participar del negocio de la generación. El gran mercado de la energía eléctrica, al que españoles y pymes vierten miles de millones de euros al año, y que en un futuro próximo crecerá de manera exponencial por la electrificación de los consumos en nuestra península y las exportaciones al resto del continente, podría nutrir con esos mismos -y descomunales- aportes dinerarios, nuestros tejidos productivos locales. Cuestión ésta que no se atisba. Todo marco regulatorio habría de ser social y aspirar, en coherencia, al interés general. A tiempo estamos de que el planteamiento que expongo quede, en diez años, desmentido por la realidad si, efectivamente, logramos que esta transición energética resulte, realmente, justa.