Nucleares y eólica amenazan con parar su actividad tras el decretazo

El Real Decreto-ley 17/2021 aprobado por el Gobierno para frenar la escalada de los precios energéticos este invierno, ha provocado un auténtico tsunami en el sector, que se ha manifestado al unísono en contra del paquete de medidas con el que el Gobierno pretende rebajar el precio de la factura mensual de la luz a los consumidores un 22% hasta final de año.

Las medidas adoptadas, que se suman a la reducción del IVA al 10% que entró en vigor el pasado junio, han tenido un impacto directo en los títulos de las principales comercializadoras eléctricas que cotizan en el Ibex 35. En las primeras 48 horas tras la aprobación de la normativa, Iberdrola, Endesa y Naturgy se dejaban cerca de 7.500 millones de euros.

El plan de choque del Gobierno también ha provocado un aluvión de críticas de la banca de inversión, que ha vuelto a poner a España en el ojo del huracán por la inseguridad jurídica que están generando estas medidas para los inversores, entre ellas, los cambios de retribución a las renovables por los contratos a largo plazo (PPA).

Una de las medidas incluidas en el citado plan, se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste del gas natural en otras tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear. El Gobierno impondrá a estas centrales un precio del gas de 20 euros/MWh y detraerá los ingresos extra que perciban estas tecnologías hasta marzo de 2022. Desde el sector calculan que el 80% del recorte (2.000 millones) recaerá en Iberdrola y Endesa.

Otra de las medidas clave que incidirá en las grandes eléctricas serán las nuevas subastas de electricidad. La primera se celebrará antes de que acabe el año. El Gobierno forzará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a aportar liquidez a los contratos bilaterales mediante la obligación de vender un 6% de la generación (15.000 GWh) en una subasta de la que se beneficiarán, sobre todo, el tejido industrial y las comercializadoras independientes.

El Gobierno, además, acomete una intervención de la tarifa del gas natural. Permitirá dos subidas del 4,4% en octubre y enero para paliar el incremento del 28% que se iba a producir antes de la llegada del invierno. Esto significa que los consumidores de gas no pagarán en estos momentos el coste real de la factura del gas, sino que lo harán durante los trimestres siguientes hasta compensar esta reducción.

El RDl también incluye medidas fiscales y sociales. Entre las primeras están la rebaja del impuesto de la electricidad del 5,11% al 0,5%, la prolongación de la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta finales de año y el uso de 900 millones de los ingresos de las subastas de CO2 para rebajar los llamados cargos del sistema. Respecto a las segundas, el Gobierno profundizará en las medidas de apoyo a los consumidores vulnerables con la creación del suministro mínimo vital para aquellos que cuenten con bono social eléctrico y prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kW durante ese periodo.

El Gobierno también ha decidido regular el agua embalsada para uso hidroeléctrico modificando la Ley de Aguas. Para evitar súbitos desembalses como los de este verano, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar.

Peligra la estabilidad del sector

Las reacciones no se han hecho esperar. El Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado su rechazo al Real Decreto-ley, ya que considera que, aun siendo de aplicación temporal, “ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”. Esto, unido a los términos en los que está planteado el proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y la excesiva presión fiscal actual, “abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear”, explican, de ahí que soliciten que, en el caso de que el proyecto de ley se apruebe, “no se aplique de forma retroactiva”.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) ha manifestado su “rechazo a estas medidas intervencionistas” e insta al Gobierno a buscar soluciones “eficaces que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada y no penalicen de forma injusta a un sector comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial, el empleo y la protección de los colectivos vulnerables”.

A juicio de la asociación, el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, “es una medida injusta y desacertada y tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella”. Respecto a la obligación de subastar energía, las compañías asociadas a aelēc recuerdan “que ya se introdujo en 2007 y se comprobó que no sirve para bajar los precios, ni beneficia a los consumidores de ninguna forma”. El resultado fue “una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios”, explican.

Desde aelēc creen que las soluciones pasan por “reformar la tarifa regulada que evite el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado, limpiar la factura de la luz de componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y acometer una reforma fiscal que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos impuestos”.

Paralización de proyectos renovables

Las renovables también se han sumado a la ola de críticas que ha suscitado el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha señalado que la medida de la minoración de retribución, implica, con su redacción actual, “un efecto retroactivo implícito sobre cientos de instalaciones renovables que afectará gravemente a su viabilidad”.

Según la asociación, el impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compra venta de energía (PPAs) “hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red”. En un caso típico, las instalaciones renovables afectadas “tendrán que vender a pérdidas -por minoraciones que pueden superar los 100 euros/MWh-” lo que, a su juicio, “podría llevar a los propietarios a decidir paralizar temporalmente su actividad o denunciar los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del pool”.

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha afirmado que, a pesar de ser la tecnología más eficiente para reducir el precio de la electricidad y la que menor precio real ve del mercado, “la energía eólica es la que se verá más afectada con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno”. Según la asociación, el RDl afectará negativamente al 21% del parque eólico español (5.682 MW), de ahí que haya mostrado su preocupación por las implicaciones que dichas medidas puedan tener en el ritmo de instalación y en el grado de confianza inversora.

Teniendo en cuenta que el RDl afecta a proyectos con PPAs firmados en rangos de precios muy por debajo de los precios spot actuales y previstos, señalan desde AEE, podrían verse obligados a “parar temporalmente en los meses de otoño e invierno, cuando la generación eólica haga caer los precios sustancialmente en determinadas horas del día”.

Además de asegurar entornos regulatorios estables, los eólicos reclaman “facilitar la instalación de nueva potencia eólica”. AEE señala que el objetivo de 2,2 GW eólicos nuevos al año no se está cumpliendo, de ahí que crea necesario acelerar “la tramitación de proyectos y coordinar competencias para incorporar más de 5 GW al año de renovables”.

La incertidumbre y el nerviosismo generados en el sector renovable ha sido tal, que el Ministerio ha hecho pública una nota aclaratoria en la que se especifica que la minoración de ingresos sólo afectará a los contratos renovables a largo plazo que estén indexados al pool, salvo en el caso de las ventas de energía hechas entre compañías de un mismo grupo, además de a nucleares e hidráulicas.

Para poder evitar el hachazo del recorte, los generadores tendrán que presentar, a través de sus representantes de mercado, los detalles de la contratación a plazo, que la misma esté hecha con un precio fijo -es decir, que no esté indexada y, por lo tanto, asuma la subida de los precios del gas- y que no corresponda a contratos de las grandes eléctricas con sus propias comercializadoras.

Ante la nota aclaratoria del MITECO, AEE señala que el RDl “sigue penalizando a otro porcentaje de parques eólicos sin una explicación justificada”, de ahí su petición de que “ningún parque eólico que no esté integrando la subida de los precios del gas en sus ingresos esté sujeto a ningún mecanismo de minoración de sus ingresos”. La asociación eólica también muestra su preocupación por el impacto del Real Decreto-ley en la seguridad jurídica y en la estabilidad regulatoria, tal y como también ha manifestado la patronal fotovoltaica UNEF, a pesar de que ésta última se congratula de que los contratos bilaterales no indexados “no se vean afectados por la minoración de la retribución y de que la norma potencie los mercados a futuro”.

Trato similar para el gas

Aunque consideran que algunas de las medidas extraordinarias del plan de choque “son necesarias para proteger de forma temporal a los consumidores energéticos más vulnerables”, la Asociación Española del Gas (Sedigas), lamenta que el Ejecutivo no haya otorgado un “trato justo y similar a todas las formas de energía”, extendiendo las rebajas fiscales a todas ellas y trasladando al conjunto de las energías los cargos propios del sistema eléctrico soportados hasta ahora en la factura de la luz.

Respecto al tema fiscal, Sedigas cree que lo más apropiado es que los ocho millones de consumidores de gas que hay en el país, “pudieran beneficiarse de la rebaja del IVA de suministros como el agua o la electricidad (10%), en lugar de mantener el tipo máximo del 21%”, así como de la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos, ya que este combustible seguirá soportando el tipo vigente (0,234 c€/kWh).

Por otra parte, la asociación considera que el Ministerio “no ha proporcionado la información mínima necesaria para valorar adecuadamente el mecanismo de atenuación inmediato del incremento del coste de la materia prima incluido en la Tarifa de Último Recurso (TUR) y cómo se verá recuperado en las futuras revisiones trimestrales a partir del segundo trimestre de 2022”.

A este respecto, la patronal del gas esperará a conocer los detalles técnicos del citado mecanismo que deberá desarrollar el Ministerio, para hacer una valoración fundada “ante la posibilidad de incurrir en un potencial déficit tarifario de carácter estructural para el sistema gasista, que pudiera poner en riesgo su sostenibilidad económico-financiera y cuestionar el proceso de liberalización del sector emprendido hace ya más de dos décadas”.