La economía digital necesita más certezas en los planes energéticos
La red de telecomunicaciones, los centros de datos y la red eléctrica son los pilares que sostienen la Economía Digital. La conjunción de estos tres elementos hace posible que los contenidos digitales se distribuyan, que compremos online o que realicemos operaciones bancarias desde nuestro teléfono móvil. Los operadores de telecomunicaciones se encargan de tender el cableado para que el contenido viaje hacia los puntos de intercambio y los nodos de interconexión. Estos son los centros de datos, donde se aloja la infraestructura que hace posible internet: la interconexión entre compañías, servicios y usuarios para que los datos lleguen a destino. Los centros de datos son entornos con un uso intensivo de la energía. Entra aquí en juego el tercer pilar: la red eléctrica, que debe proveer a estas instalaciones de la potencia suficiente para que este ecosistema esté disponible 24x7x365.
Actualmente, la creciente demanda de internet y la posición geográfica de España en el mundo hiperconectado están convirtiendo a la Península Ibérica en un polo de desarrollo digital. En los últimos años hemos visto cómo usuarios y empresas se han digitalizado, añadiendo una mayor carga de tráfico y de usuarios a esa economía digital. Una de las consecuencias de ese crecimiento ha sido la necesidad de reducir latencias o retardos a los servicios y, por ello, los principales proveedores de cloud pública están abriendo regiones en España con las que acercar servicio y contenido a los usuarios. Mientras tanto, los proveedores de cables submarinos y empresas como Facebook y Google están amarrando cables submarinos adicionales a las costas españolas y portuguesas para una interconexión resiliente y de mayor capacidad. La inversión se mueve y la Península Ibérica es foco de atención.
Hace dos años el estudio Madrid, un hub digital en el sur de Europa ya mostraba la oportunidad que se abría a la región para convertirse en un polo de atracción de los negocios digitales. La inversión en infraestructuras destinadas a hacer posible ese mundo online (centros de datos y operadores de telecomunicaciones) generaría entre 9 y 12 euros de retorno al PIB por cada euro invertido. Hoy, esta posición se consolida, y con la inversión ya anunciada de los grandes proveedores de centros de datos y nube pública el retorno sumaría más de 8.000 millones de euros extra al PIB madrileño en los próximos cinco años. Pero para atraer esa inversión es necesario contar con mayor certidumbre, sobre todo en lo referente al desarrollo de los planes de distribución de la red eléctrica.
Los centros de datos necesitan disponer de energía de forma constante para alimentar y refrigerar los equipos IT de los clientes y para sus propias infraestructuras. Con el tiempo, el requerimiento de potencia eléctrica suele crecer debido, entre otras cuestiones, a necesidades de nuevas tecnologías como IoT o Inteligencia Artificial. Conocer de antemano la capacidad energética de las regiones donde se planea implantar centros de datos es muy relevante para los proveedores. La planificación de inversiones en centros de datos suele desarrollarse en ciclos de dos años. En cambio, los planes relativos al crecimiento de la capacidad energética de REE lo son en quinquenios. Esa falta de alineación provoca que las empresas retrasen sus planes o tengan dudas a la hora de realizar la inversión.
Es vital que los planes energéticos incorporen la previsión de suministro a infraestructuras que alimentan la actividad digital. El auge de los centros de datos en España se está produciendo de manera orgánica, y no tanto como resultado de una planificación. Es más, estas instalaciones ni siquiera están incluidas en el esquema de infraestructuras de las ciudades. También están fuera de la planificación de la red de suministro eléctrico. Todo esto aumenta el desajuste entre los plazos de construcción y los de disponibilidad de potencia para centros de datos.
El sector de centros de datos especializados ya está en contacto con las administraciones públicas (local, autonómica y estatal) para dotar de mayor certidumbre los planes energéticos y trabajar de forma conjunta hacia la atracción de inversión. En esas reuniones se han presentado algunas cuestiones para las que es imprescindible la colaboración del conjunto de AA.PP. que resumimos en los siguientes puntos:
- El coste de la energía en España es mayor que el de otras geografías “competidoras”, lo que sitúa a nuestro país en una posición de desventaja.
- El gasto eléctrico de los centros de datos supone hasta el 40% de sus costes, por lo que podría ser reconocido como sector electrointensivo. Este hecho daría lugar a exenciones en el IEE, haciendo más atractiva la posible inversión en proyectos regionales.
- Una mayor transparencia en el trámite de permisos y otros requisitos para construir permitiría planificar la inversión con mayor exactitud.
- Incluir las necesidades del sector de centros de datos en la planificación de nuevos tendidos de redes de energía eléctrica.
- Una regulación similar en todo el territorio homogeneizaría los impuestos asociados al suministro eléctrico y los centros de datos se ubicarían donde realmente son necesarios y no solo donde haya exenciones fiscales.
- El 100% de la energía que se utiliza en los grandes centros de datos neutrales debe ser verde. Esto potencia tanto la generación de energía limpia como al sector de las renovables. Y enlaza directamente con otro aspecto para atraer inversiones, los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) que cada vez se tienen más en cuenta a la hora de hacer una inversión responsable.
El sector de centros de datos juega ya un papel destacado en la descarbonización de la economía, tal y como recoge el Climate Neutral Data Centre Pact firmado en enero por un importante número de proveedores de centros de datos y servicios cloud en Europa. Una iniciativa de autorregulación enmarcada en los objetivos del European Green Deal, que incluye medidas para alcanzar en 2030 la neutralidad en las emisiones de carbono. Entre las actuaciones se incluye el compromiso para que la energía consumida proceda de fuentes 100% libres de carbono certificadas en origen. Se abre una nueva incertidumbre para el futuro: ¿habrá suficientes fuentes de energía renovable para abastecer a todos?