La eólica se lleva el 70% de la potencia adjudicada en la subasta

La celebración el pasado 19 de octubre de una nueva subasta de renovables -la segunda que se celebra este año en España-, ha tenido lugar en un momento de altos precios de la energía y en un entorno de alta tensión entre el Gobierno y las eléctricas provocado por la reciente regulación puesta en marcha por el ejecutivo español para frenar la escalada de la luz, y que ha llevado a que alguna de las grandes compañías, como Iberdrola, Endesa y Acciona no hayan acudido a la puja, en la que han participado 61 agentes, siendo adjudicatarios un total de 26.

De los 3.300 MW subastados, se han adjudicado un total de 3.124 MW (el 95%), de los que 2.258 MW corresponden a eólica, con un precio medio ponderado de 31,65 €/MWh, y 866 MW a fotovoltaica, con un precio medio ponderado de 30,18 €/MWh.

Capital Energy y Forestalia han sido las grandes ganadoras de la subasta. La compañía propiedad de Martín Buezas ha conseguido llevarse 1.548 MW -el total de potencia por la que competía y la mitad de la potencia subastada-, de los que 1.540 MW son eólicos y 8 MW solares. Esta cantidad se suma a los 620 MW eólicos que consiguió en la subasta de enero. Forestalia, por su parte, ha sido la segunda empresa con más potencia adjudicada, con un total de 779 MW, de los que 562 MW corresponden a eólica y 215 MW a fotovoltaica (ver gráfico).

Concretamente, y por lo que respecta a la eólica, el resultado definitivo de la subasta, de mayor a menor potencia adjudicada, es el siguiente: Capital Energy ha conseguido 1.540 MW en 21 bloques, le siguen Forestalia con 562 MW en 22 bloques, Repsol con 138 MW en tres bloques y AV Paxareiras, empresa perteneciente a Tasga Renovables, que se ha hecho con 17,6 MW en un único bloque.

En la parte que corresponde a la fotovoltaica, el reparto ha recaído en un mayor número de empresas. La que más potencia se ha adjudicado ha sido Naturgy con 221,4 MW, seguida de Forestalia con 215 MW, Grupo Ignis con 144 MW y Bruc Energy con 100 MW. Por debajo de los 100 MW están EDPR con 59,86 MW, Total Energies con 35 MW, Abei Energy con 23,4 MW, Engie con 22,3 MW, Solarig con 10,5 MW y Trébol Desarrollos Fotovoltaicos con 4,5 MW.

Por su parte, BayWa r.e. y Capital Energy han sido adjudicatarias del cupo destinado a proyectos de disponibilidad acelerada, habiendo obtenido 13,5 MW y 8 MW, respectivamente, mientras que Blacksalt y Enerland han resultado adjudicatarias de 3,25 MW y 2,5 MW, respectivamente, en el segmento reservado a las instalaciones solares de generación distribuida con carácter local.

Toda la potencia subastada tendrá que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024, excepto los 21,5 MW de instalaciones de disponibilidad acelerada que deberán estar operativos el 30 de septiembre de 2022. La instalación de toda esta potencia movilizará inversiones por valor de unos 3.000 millones de euros y ocupará a unos 32.000 trabajadores.

Agilizar los permisos

Desde Appa Renovables valoran positivamente la subasta, “si consideramos que se ha cubierto el cupo a unos precios muy competitivos que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, pueden no obedecer únicamente a un criterio de coste y precio durante el período de aplicación de la subasta”.

Desde la asociación ven con preocupación el hecho de que solo se haya incorporado eólica y fotovoltaica en 2021, “siendo necesario que contemos también con renovables gestionables como la biomasa”, cuya subasta se espera antes de final de año, “así como la concentración de agentes y la tipología general de los proyectos”, afirman. Desde Appa Renovables también ven con sorpresa “la bajísima adjudicación de potencia en las nuevas reservas de capacidad, tanto en generación distribuida de carácter social como en disponibilidad acelerada”.

Aunque para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el resultado de la subasta es “un paso importante para el avance hacia el cumplimiento del PNIEC”, considera que la coyuntura actual regulatoria en el sector, junto con la situación preocupante en la tramitación administrativa de los proyectos y la exigencia de unos plazos menores para la puesta en marcha de los proyectos, “han condicionado la participación de las empresas en la subasta”. De igual manera, opina que la situación de mayores precios en las materias primas y la logística también ha influido, “suponiendo un impacto directo en las ofertas y, por tanto, en el precio final”.

Respecto a las subastas, la asociación eólica cree que su diseño “debe evolucionar” y conseguir enfocarlas “a maximizar el valor y no a minimizar el precio”, así como avanzar en esquemas de subastas “que permitan un grado de gestionabilidad de la energía, con la hibridación y el almacenamiento, para maximizar la integración de las renovables en el sistema”.

Desde AEE tienen muy claro que, para lograr los objetivos marcados en eólica, es necesario que se dé un “entorno adecuado”. A este respecto, reclaman un “marco regulatorio estable que genere confianza en los inversores, una política industrial que apoye el progreso de la cadena de valor de la industria eólica en España, y poner las bases regulatorias para el despliegue de la eólica marina”.

Asimismo, pide que se “simplifique, agilice y fortalezca la capacidad de tramitación administrativa por parte las administraciones”, a la vez que cree importante “seguir apostando por esquemas complementarios como los PPAs y merchant que garanticen un ritmo de encargos a las fábricas durante 2022 y 2023”.