Renovables al rescate
Podría empezar esta tribuna diciendo que vivimos tiempos revueltos en el sector eléctrico, pero sería más apropiado decir que el sector eléctrico no conoce remansos y cuando no es por una coyuntura de precios altos del gas de consecuencias globales, un cambio regulatorio nos preocupa y nos genera incertidumbre.
Es cierto también que, en esta ocasión, nos hemos superado y nos encontramos afectados por la tormenta perfecta, pues vivimos las dos situaciones, siendo aparentemente la segunda, consecuencia de la primera, pero si rascamos, veremos que un “fallo en Matrix” -entendiendo como “Matrix” al complejo sistema eléctrico- tiene la culpa de la situación actual.
Todos los sistemas europeos se ven afectados por los precios altos del gas, materia prima indispensable en los usos eléctricos y térmicos de nuestro mix de generación. Pero España tiene una tarifa regulada cuyo mecanismo de indexación al pool eléctrico ha arrastrado al alza la factura de algo más de un tercio de los consumidores domésticos de electricidad. Hasta julio, los precios mayoristas de energía en el mercado diario estaban limitados por arriba a 180 €/MWh. Para homogeneizar las reglas de mercado con nuestros vecinos, desde el verano estrenamos tanto los precios negativos como el límite superior de 3.000 €/MWh en el mercado day ahead. Al contrario de la mayoría de nuestros vecinos, el consumidor doméstico está muy expuesto a este mercado y menos al mercado de futuros, con lo que la predictibilidad de precios es más complicada.
La estabilidad regulatoria es fundamental para asegurar el éxito del PNIEC en el horizonte 2030, pero si no se remedia a tiempo, asistiremos a la publicación del enésimo Real Decreto-ley que modifica la regulación de las renovables que, a lo largo de los últimos tres lustros y bajo sucesivos Gobiernos, han servido para modular los ingresos y costes del sistema eléctrico. No puedo dejar de subrayar que la frecuencia con la que se recurre al rango de RD-L justificando la urgencia de las medidas camina en sentido contrario a la necesidad de la mencionada estabilidad. Si un sistema tan complejo como el eléctrico debe recurrir constantemente a mecanismos de urgencia para ser modificado, merece una reflexión profunda y un gran consenso político entre partidos para ampliar el horizonte, no solo en los objetivos sino también en la normativa que le afecta.
La posible regulación en ciernes prevé limitar los excesos de ingresos en concepto de precio de mercado para los generadores de renovables hasta los 60 € /MWh. Hasta ahora, al tener una rentabilidad asegurada del 7,4%, este exceso de ingresos se compensa en el futuro en sucesivas reliquidaciones para mantener la mencionada rentabilidad, pero para ser justos, no podemos dejar de señalar que, en los momentos en los que la pandemia provocó un descenso extraordinario de la demanda de energía y una bajada de los precios de mercado nunca conocida, ningún mecanismo de protección mantuvo los flujos de caja de los productores de energía limpia.
El adelanto de ingresos provocado por los altos precios del mercado mayorista ha servido en algunos casos para adelantar amortizaciones de los proyectos primados, pero también para emprender otros nuevos que contribuyen a cumplir los ambiciosos objetivos renovables. Estos son dos ejemplos que mitigan, a priori, los riesgos empresariales y reducen los costes financieros de los promotores de estos proyectos.
Frecuentemente, estos mismos generadores han realizado coberturas de precio pactadas en el mercado de futuro para estabilizar sus flujos de caja, por lo que no perciben directamente esa retribución extraordinaria del mercado diario. Todo sin olvidar que, al establecer un acuerdo de compraventa de energía con una contraparte, obligarles a volver a vender esa energía a un nuevo precio, tal y como contemplaría este nuevo RD-L, se estaría incumpliendo un compromiso previamente adquirido, con la inseguridad jurídica que esto provocaría. En resumen, muchos generadores no están recibiendo ingresos extraordinarios al haber pactado previamente precios más bajos.
El objetivo de esta novedad regulatoria es el de poder ofrecer durante 2022 un precio base de la energía ya mencionado para los consumidores que pueden acogerse al PVPC. Diez millones y medio de consumidores en estos momentos cuya tarifa estará soportada a costa de limitar los ingresos de las renovables. La industria electrointensiva también podrá beneficiarse de unos precios artificialmente reducidos con los mismos perjudicados. La lección que deben aprender los grandes consumidores y el Gobierno es que el autoconsumo y las coberturas de precio a largo plazo son los mecanismos que podrán proporcionarles seguridad y estabilidad en los costes energéticos.
Adicionalmente, el actual Gobierno asume que los precios en 2022 se van a mantener por encima de 60 €/MWh, pero los mercados de futuros están dando señales de bajada y sería rocambolesco, pero no imposible, ver cómo el precio fijado como base por el futuro RD-L, fuese superior a los precios reales del mercado. Tan arbitrario es fijar un precio de 60 €/MWh como asumir que lo que el Gobierno ve en la bola de cristal va a cumplirse.
El susto regulatorio supone, para el sector renovable, dejar de percibir 2.000 millones de euros, y la muerte, la cifra similar a los 2.600 millones que el RD-L 17/2021 quería cercenar de los ingresos de las grandes eléctricas sin éxito y que, como de costumbre, acabará saliendo de los bolsillos de los consumidores eléctricos. Pan para hoy, hambre para mañana.
No parece tener sentido que una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumidor, con independencia de su renta o su vulnerabilidad, esté subsidiada por el Gobierno porque, en primer lugar, impide competir a las comercializadoras independientes que, al no estar catalogadas como COR o Comercializador de Referencia, no pueden ofrecer esta tarifa a sus clientes. Más aún, supone una concentración de clientes en los COR de los grupos verticalmente integrados. La transición energética en la que estamos involucrados debe proteger a los consumidores vulnerables, pero no podemos confundir a los más necesitados con el conjunto de los consumidores eléctricos que no tienen voz en el sector, pero sí voto. Sin quererlo, por tanto, la medida provoca no solo desactivar el efecto del mencionado RD-L 17/2021, sino aumentar los ingresos de los operadores dominantes de mercado vía COR. Flaco favor haremos a los consumidores a la larga si eliminamos la competencia de un mercado ya de por sí muy concentrado.