¿Por qué no dejan que las nucleares contribuyan a la transición energética?

Si todos estamos de acuerdo en el cambio de modelo energético y hay un consenso claro de que nuestro país debe acelerar el paso hacia las energías renovables, ¿por qué impedir que las tecnologías que lo garantizan ayuden a lograrlo? La energía nuclear es un elemento básico en el camino que va desde nuestra situación actual hasta el punto de llegada que han marcado las autoridades nacionales y europeas: una economía libre de CO2. Y ese es el espíritu del acuerdo entre las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para una retirada ordenada de la electricidad procedente de centrales nucleares. Es un pacto que todos hemos asumido y que dota de realismo a esa senda de descarbonización en la que la energía nuclear es la principal contribuidora.

Analizando la producción del parque nuclear español en 2020, vemos que más de una tercera parte de la electricidad libre de emisiones generada en España procede de centrales nucleares. Eliminar de la ecuación esta fuente hace imposible cumplir los objetivos a los que nos hemos comprometido con nuestros socios europeos.

Por ello, la industria nuclear ve con perplejidad y asombro la nueva propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que va justo en la dirección opuesta a dos prioridades: la descarbonización con garantías y la competitividad de nuestras empresas en la recuperación económica. Cargar contra la retribución de la energía nuclear es injusto y contradictorio con los objetivos que se dice perseguir. Abordar un problema coyuntural -la subida puntual de los precios del mercado mayorista- con soluciones de tipo estructural es un error que, además, no soluciona el problema de fondo: los ciudadanos no pagarán menos por la electricidad y, por el contrario, se abocará a un sector estratégico en la transición energética a desaparecer de forma prematura.

Que las centrales nucleares no están amortizadas es un hecho conocido. Un reciente estudio de PwC para Foro Nuclear lo pone de manifiesto. Esta afirmación se apoya en dos argumentos: las inversiones para el mantenimiento de los estándares de seguridad y el inmovilizado pendiente de amortizar.

Seguridad y modernización

El mantenimiento de los estándares de seguridad de nuestras plantas requiere un esfuerzo inversor que el estudio señala en más de 3.000 millones de euros en los últimos diez años. Este esfuerzo se ha dirigido a mejorar la seguridad física de las plantas, modernizar equipos y sistemas, preparar a las centrales para continuar operando, gestionar de forma segura los residuos radiactivos, mejorar la cualificación profesional de los técnicos, minimizar el impacto ambiental y cumplir los requerimientos de las autoridades reguladoras, por ejemplo, en la implementación de las lecciones aprendidas tras Fukushima.

La afirmación de que la amortización de las centrales nucleares no está concluida no es gratuita. Como puede comprobarse en libros, el inmovilizado neto pendiente de amortizar en la actualidad supera los 5.500 millones de euros. Además, existen planes de inversión comprometidos desde ahora hasta el final de su funcionamiento que ascienden a unos 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es mantener las plantas en óptimas condiciones técnicas y de seguridad.

Una fiscalidad asfixiante

Por otro lado, la industria nuclear está sometida a una creciente y voraz presión fiscal que hace que las centrales nucleares paguen una cantidad ingente de impuestos: por la electricidad que producen, por los residuos que generan o por las supuestas implicaciones medioambientales de su actividad. Desde enero de 2020 se han establecido nuevos impuestos autonómicos y la tasa que financia el fondo para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales se ha incrementado cerca de un 20%. Además, se ha extendido a todas las unidades la tasa que financia el servicio de respuesta prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El resultado final es que desde el año 2005 y hasta 2021 los tributos que soportan las centrales nucleares se han incrementado en cerca de 20 euros/MWh. Este incremento representó el 60% de los ingresos en el ejercicio 2020.

Un escenario letal

La suma de mayores inversiones, mayor voracidad fiscal y precios del mercado eléctrico a la baja da como resultado unas pérdidas insoportables para el sector. Según el informe de PwC mencionado, en 2020 las centrales nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros y unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Si el anteproyecto de Ley enviado al Congreso hubiera estado vigente, el flujo de caja negativo se habría incrementado de manera muy significativa, ya que el precio de los derechos de emisión de CO2 se hallaba en un promedio de 25 euros/tonelada.

La industria nuclear, que representa la primera fuente de generación eléctrica del país, viene solicitando reiterada e insistentemente una revisión de la elevadísima fiscalidad que soportan las centrales nucleares. También demandamos una retribución ajustada, pero razonable, que haga viable una tecnología que es indispensable para la descarbonización de la generación de electricidad contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El anteproyecto de Ley va en sentido contrario y aboca al cierre anticipado de nuestras plantas.

Como sector, como industria, debemos rechazar con firmeza las cargas inesperadas y sobrevenidas que quiere aplicar el Gobierno sobre las instalaciones nucleares, ya que se basan en el falso argumento de que reciben beneficios caídos del cielo y que ya están amortizadas. Con las cifras en la mano, esto no es cierto.

La electricidad es un elemento básico de nuestra sociedad y la sostenibilidad es un objetivo en el que todos estamos comprometidos. Seguimos apostando por el diálogo y el acuerdo que tan buenos resultados han dado en el pasado reciente. Pero con la misma claridad y determinación reclamamos al Gobierno igualdad de trato, coherencia, seguridad jurídica y certidumbre para poder abordar de forma conjunta y pactada los retos energéticos a los que nos enfrentamos. La energía nuclear es una parte importante de la solución y no, como se quiere presentar, un incómodo problema.