Energía competitiva, la condición sine qua non

Reconocer un problema es el primer paso para solucionarlo, pero si se queda en eso, el reconocimiento resulta inservible. El Estatuto para el Consumidor Electrointensivo reconoce el grave problema de la industria básica, pero poco más. No conlleva medidas que solucionen la desventaja competitiva que les supone a los industriales electrointensivos pagar más del doble que sus homólogos franceses y más de 30 €/MWh que sus homólogos alemanes, competidores directos.

Seguimos casi igual, porque las medidas realmente efectivas se quedaron en el tintero -medidas que propuso AEGE, pero que no llegaron al BOE- y que son precisamente las que disfrutan desde hace tiempo nuestros competidores, que la Unión Europea permite y que reducirían en parte ese, permítanme, vergonzoso diferencial.

A nuestras industrias asociadas en AEGE, la electricidad les supone entre un 10% y un 50% de sus costes productivos, incluso en algunos casos hasta el 60%, así que entenderán los lectores que cualquier subida en dichos costes como las que desgraciadamente se están produciendo en las últimas semanas, meses ya, con la descontrolada subida del CO2, supone todo un golpe a nuestra competitividad.

Si esto lo unimos a ese incremento estructural de precio eléctrico frente a la competencia de Alemania y Francia, donde un consumidor industrial tiene ya de salida una ventaja de más de 20 euros/MWh con respecto a España, la foto es una desventaja estructural para los españoles que se debe al diferencial de costes regulados, tasas, impuestos y compensaciones frente a los de estos países competidores.

Para solucionar este ya “pertinaz” problema se necesita voluntad para hacerlo y para ello sería preciso emular las normativas de Alemania y Francia adaptándolas a nuestra situación.

Si en esos países ha sido posible implantar esas medidas con el plácet de la Comisión Europea, aquí debe serlo igualmente. Me refiero a la compensación de los peajes de transporte eléctricos y la de los cargos de financiación de las renovables que se pagan indirectamente vía fiscal, Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Somos industria básica, empresas globales que se ven afectadas por una desventaja que lastra enormemente nuestra competitividad en los mercados exteriores, empresas que ahora, además de este efecto estructural, sufrimos también el impacto de la desenfrenada alza de precios en el mercado.

Nuestros presupuestos para 2021 se hicieron en base a 25 euros/MWh menores que lo que ahora estamos viendo con el CO2 a más de 50 euros/Tm y conviviendo con precios eléctricos finales de unos 84 euros/MWh, los más caros de los últimos 20 años.

Es cierto que el precio del CO2 está repercutiendo en toda Europa, pero aquí esa escalada se ve agravada por una insuficiente compensación del CO2 indirecto y por el IVPEE, un 7% a la producción.

Nuestra desventaja competitiva se cifra actualmente en una diferencia de costes con el exterior de unos 1.000 millones al año. A la compensación del CO2 indirecto, que esperemos alcance la cuantía máxima permitida, recientemente el Gobierno ha anunciado una ayuda de compensación de cargos de renovables de 91 millones. Haciendo la cuenta, el déficit sigue siendo de 700 millones, lo que reduce enormemente nuestra capacidad para invertir en descarbonización.

Tenemos ya una Ley de Cambio Climático; sin embargo, no hemos avanzado nada en lograr que la descarbonización pueda hacerse con un precio de la energía competitivo. La ley no incluye mecanismos que den certeza a una industria que depende del factor energético.

La transición ecológica tiene que ser una oportunidad para crear más industria, pero nuestras industrias no pueden avanzar sin un precio eléctrico competitivo.

Tenemos una Ley del Clima aprobada, pero vemos el precio del CO2 en loca escalada y desorbitado. Ahora es el momento para que el Gobierno autorice la compensación máxima del CO2 indirecto del ejercicio de 2020, unos 220 millones de euros frente a los 79 aprobados hasta la fecha. La transición energética y ecológica será difícil de lograr si la industria no tiene certidumbre para disponer de esos fondos.

Desde AEGE reiteramos la necesidad de realizar una transición ordenada, acompasada con los tiempos de la industria y en la que se garantice un precio eléctrico estable y competitivo.

En nuestro país la industria no tiene recambio, necesitamos con urgencia una industria fuerte y competitiva que ocupe, por fin, ese 20% del PIB que garantizaría al país empleo y futuro.

Aprovechemos la oportunidad que supone la transición ecológica, optimizamos las inversiones del plan de recuperación y apostemos por una industria más fuerte y competitiva.