El FNSSE y la competitividad del gas para la industria
Suiza se pronunció hace unos días en contra de la ley que preveía introducir impuestos al gas natural, los billetes de avión y la importación de gasolina y diésel, destinados a pagar una compensación por las emisiones de CO2 que se repercutirían al usuario final. El objetivo era reducir las emisiones, pero las medidas resultaban demasiado negativas para el poder adquisitivo de los suizos y no salieron adelante.
El ministro suizo de Medioambiente y Energía declaró, entonces, que “el rechazo de las urnas no lo es a la protección climática, que al contrario muchas personas quieren reforzar, pero no de esta manera. La transición energética es urgente, debemos avanzar y encontrar el camino.”
En España, la industria, como base del sistema gasista, supone el 62% del consumo total de gas nacional. Los industriales españoles consumidores de gas mantenemos también un firme compromiso con la descarbonización y estamos abiertos y expectantes a contar con nuevos combustibles sostenibles viables y competitivos que nos permitan transitar hacia ella.
En este momento se está tramitando el anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos son evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales de descarbonización de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema para movilizar en los próximos años las inversiones necesarias.
La intención es trasladar de la factura eléctrica el coste energético hundido de decisiones políticas anteriores (Recore) y distribuirlo al sector del petróleo, gas y, en parte, también al eléctrico, y pese a que se anuncia que el reparto por sectores irá a cargo de los operadores, resulta evidente que se producirá un traspaso de costes al consumidor final. Miles de industrias en España necesitan el gas para su producción y, a día de hoy, les es inviable el cambio de combustible y su descarbonización de una manera eficiente y competitiva.
La aportación al fondo incrementaría la factura a las industrias gasintensivas hasta 5€/MWh, lo que es inasumible en el momento como el actual cuando luchan para salir de la crisis post-Covid. Para contextualizar la gran magnitud de este importe hay que indicar que el coste del gas para el año que viene ronda los 22€/MWh.
El proyecto del FNSSE anuncia compensaciones para algunas industrias, pero ni están aseguradas, ni aclaran cuáles serían los sectores que podrían acogerse a esta medida, ni tampoco especifican ni garantizan el porcentaje que podrían compensar. Es decir, que todo queda en el aire y hay que añadir el riesgo extremo de que estas compensaciones sean consideradas ayudas de Estado. De ser así, las industrias se verían obligadas a pagar la totalidad del fondo. El riesgo es muy elevado.
Además, muchas industrias tienen al gas como coste principal y no podrán acogerse a estas dudosas compensaciones, lo que provocará una pérdida de competitividad y, con ello, una más que evidente consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. Salta a la vista la contradicción entre política energética y política industrial, al querer impulsar la competitividad industrial incrementando sus costes energéticos por encima del resto de sus competidores europeos.
La Comisión de Expertos de Transición Energética decía en 2018: “Si las restricciones de la Hacienda Pública no permiten su financiación (en referencia al Recore) con cargo a los PGE, existiría la opción de financiar este coste mediante un recargo a todas las fuentes de energía final”.
Los consumidores industriales se preguntan hoy por qué no se opta por esta solución. En pureza, el RECORE responde a unos costes incurridos en el pasado y que corresponden a Política Energética, resultado de esta, por lo que deberían trasladarse a los PGE. Pero si no es el momento de pasar 6.000 millones de euros para que sean soportados por las arcas del Estado, es indudable que tampoco es el momento de pasar este cargo para que sea soportado por los consumidores finales y la industria. Si no se exime a la industria de la aportación al Fondo, deberían plantearse dos vías: o esperar a que las condiciones sean las adecuadas para pasarlo a PGE o, en caso de imperar su implantación inmediata, que se inicie una senda progresiva de cinco años para ir traspasando el coste a Presupuestos progresivamente.
La aportación forzosa al FNSSE sin poder tener la opción de remplazar combustible nos lleva derechos hacia una pérdida de competitividad. Encarecer el coste de la energía supone ralentizar y entorpecer el crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
La solución pasa por desarrollar nuevas tecnologías y que estas sean realmente competitivas en precio, que permitan a las industrias realizar sus actividades siendo medioambientalmente sostenibles a igual coste o menor coste que nuestra competencia europea.
Existe una curva de aprendizaje y debemos dejar el tiempo suficiente para que la tecnología se desarrolle y sea competitiva, de lo contrario estaremos abocados a una brecha en el coste energético con nuestra competencia y, de ahí, a la deslocalización de cientos de industrias que son vitales en este momento para la economía del país.
La solución a la descarbonización no vendrá de la aportación al Fondo. Busquémosla mejor en el desarrollo económico y en la tecnología, pensemos en la industria y en su realidad y no nos lancemos al abismo con una política energética precipitada.