Retos de la transición energética: renovables y ¿qué más?
La penetración de las energías renovables en España, esencialmente la eólica y la solar fotovoltaica, es la piedra angular sobre la que pivotarán los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y descarbonización de la economía que conforman la columna vertebral del acuerdo de París de 2015, la Agenda 2030 y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCC). Pero estas tecnologías, en parte por su amplio nivel de implantación, generan retos importantes. Su conciliación con sectores económicos tradicionales como el turismo y la agricultura no pueden ser soslayados. En el caso de la eólica marina, deberá hacerse un gran esfuerzo por mitigar su impacto en el sector pesquero con el que ya ha entrado en conflicto en varios frentes. Veamos qué aportan en este sentido los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) recientemente sometidos a trámite de información pública. Además, estas tecnologías exigen un desarrollo sólido y transparente de las redes de transporte y distribución y no parecen aportar una solución adecuada para sectores clave como el transporte o la industria electrointensiva. El transporte pesado por carretera precisa mejoras en la autonomía de vehículos eléctricos y una decidida inversión en la expansión de puntos de recarga y en el desarrollo de la pila de combustible de hidrógeno. Pero las incógnitas permanecen en sectores tan relevantes como los movimientos de pasajeros o mercancías en avión o en barco. Si la solución viene de la mano del hidrógeno (verde) o de biocarburantes, está aún por ver, y dependerá de las ayudas directas que se destinen a ello y de la confianza que en ellas depositen los inversores.
Consumir menos energía y transformar procesos productivos que actualmente contribuyen de forma no despreciable a la emisión de CO2 en los llamados sumideros de carbono, también forman parte de los objetivos perseguidos por la LCC. En la reducción del consumo, jugarán un papel esencial los objetivos e incentivos que se establezcan en los planes de rehabilitación de edificios y en el nivel de exigencia de los criterios medioambientales y de sostenibilidad que adopten las administraciones públicas en sus licitaciones. En relación a los sumideros de carbono, será clave el sector agrario, que contribuye en un 10% a las emisiones anuales de CO2 (el 30% si consideramos el sector agrícola en sentido amplio, incluyendo transporte, producción y gestión de residuos de fertilizantes y pesticidas) y casi el 70% del N20. Iniciativas como la agricultura regenerativa o la captura de carbono serán una herramienta esencial en la reversión de los procesos de degradación del suelo y de despoblación de las áreas rurales, pero en ambos casos queda mucho por recorrer en cuantificación y concreción. La revalorización del campo que vendrá asociada a estas técnicas de explotación agrícola y forestal, contribuirá a reducir las fricciones que ya se perciben en el sector rural ante la temida invasión de proyectos renovables y el impacto visual que determinan en el medio rural.