Renovables, la respuesta al reto climático
El marco actual de la política enérgica en España está determinado por la necesidad de dar respuesta al reto climático. La entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (“LCC”) impulsará la transición energética de la economía española para alcanzar la descarbonización de la economía. En particular, la LCC determina que, lo antes posible y antes de 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática, de forma que el sistema eléctrico esté basado exclusivamente en fuentes de generación de energía renovable. No obstante, existen diversas barreras que dificultan modificar nuestros patrones de generación, distribución y consumo de la energía. Entre otras, los costes asociados a la producción y el almacenamiento de algunas energías de origen renovable, la ausencia de tecnología para optimizar los procesos o cierta indefinición regulatoria.
Además, debemos reflexionar sobre la pertinencia de modificar el sistema eléctrico y virar desde el modelo tradicional de flujos de energía unidireccionales hacia un modelo bidireccional que, entre otros, permita la producción, almacenamiento y distribución de la energía renovable a nivel local, lo que permitirá acercar la generación al consumo y, por tanto, reducir pérdidas, incrementar la implicación de los consumidores en la gestión de su energía y reducir el impacto de la producción renovable sobre el territorio, cuestión candente en este momento. Es más, entre los desafíos a los que se enfrenta el sector energético se encuentra, sorprendentemente, la opinión pública de los grupos ecologistas y las autoridades regionales y locales que, en algunos casos, alertan sobre las desventajas de las renovables, advirtiendo sobre los efectos de una pobre planificación sobre el territorio, las poblaciones, la biodiversidad y los ecosistemas.
Lo cierto es que las renovables constituyen una solución clave para lograr la descarbonización de la economía española. Existen numerosos criterios objetivos que hacen de ellas una magnífica opción: sostenible, limpia e ilimitada. Entre otros, las instalaciones de energía renovable superan rigurosos trámites de impacto ambiental, deben ajustarse a estrictas medidas de reequilibrio sostenible y al final de su vida útil deben desmantelarse sin dejar huellas en el terreno. Además, los nuevos concursos de capacidad introducirán requisitos que, bien gestionados, pueden ser una maravillosa herramienta para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad social en nuestro país, especialmente en la España vaciada. En definitiva, se trata de un desafío complejo, pero que ofrece numerosas oportunidades y que debe abordarse con inteligencia estratégica y financiación público-privada por igual, ya que la transición energética ha dejado de ser una opción.