La transición ecológica, la suma de todos los esfuerzos

La transición ecológica supone un reto de tal dimensión que solo podremos acometerlo si conseguimos sumar la colaboración de todos. Avanzar hacia la sostenibilidad requiere que cada uno de los sectores se involucre en el esfuerzo, ya que no existe una única vía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso cada sector tiene la responsabilidad de aprovechar las ventajas comparativas que ofrece su actividad para maximizar su contribución a los objetivos de reducción de emisiones, sobre todo teniendo presente el horizonte de 2050 al que todos tenemos que llegar si queremos ser capaces de abordar con garantías respuestas eficaces frente al cambio climático. En ese sentido, el nuevo paradigma de la sostenibilidad también implica el desarrollo de actividades que permitan reutilizar residuos, convirtiéndolos en nuevos productos o reintegrándolos en otras áreas productivas. Suponen por tanto la creación de valor, generando nuevos productos o usos, sin que se produzcan desplazamientos de otras actividades. Su impacto en términos de creación de empleo es directo y resiliente a largo plazo. Además, es una actividad vinculada al territorio, que contribuye a la cohesión social y a hacer frente al reto demográfico, y en la que resulta indispensable la implicación de los actores locales. Así lo reconoce la Estrategia de Economía Circular recientemente aprobada por el Gobierno de España, un instrumento indispensable para convertir la circularidad en un principio transversal.

Cepsa tiene un papel clave para reintegrar en la economía los residuos a través de la producción de biocombustibles de segunda generación. Estos biocombustibles a su vez pueden contribuir, de manera decisiva, a la descarbonización del transporte, acelerando así el proceso de transición energética en España. Además, permite hacerlo de forma inclusiva, dado que la incorporación de biocombustibles es una opción accesible de manera directa para todas las personas que viven en el mundo rural, en el que el ritmo de electrificación del transporte será más lento, y aprovechando el potencial industrial y en términos de empleo de una compañía consolidada. La nueva Ley de Residuos que se tramita en el Congreso de los Diputados en estos momentos representa una oportunidad para avanzar en la transición ecológica. Pero ese objetivo sólo será posible si la nueva legislación es capaz de definir un marco regulatorio claro, que facilite y agilice los procedimientos administrativos y que dé la certidumbre, seguridad jurídica y estabilidad para aprovechar todo el potencial derivado de estas nuevas actividades vinculadas a la reincorporación de los residuos al ciclo productivo. Para ello, resulta también necesario que las normativas de las comunidades autónomas tengan criterios homogéneos que favorezcan las economías de escala, tanto para el acceso a los residuos como para la distribución de los productos que se generen con los mismos.