Hacia un modelo dual y una economía colaborativa
La evolución del sector energético estará determinada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se concretan en la potenciación de las energías renovables maduras (eólica y solar) y su integración en los usos finales, la investigación sobre nuevas fuentes (hidrógeno) y las soluciones tecnológicas que permitan el almacenamiento de la energía y la transformación de las redes, lo que supondrá un cambio en el modelo hasta ahora conocido.
El acercamiento de las fuentes al consumidor incidirá sobre una cuestión crítica, el acceso a las redes, que reducirá el poder del Regulador para ordenar el mismo, incluyendo criterios de impacto social y territorial para decidir sobre el acceso a través de concurso, al tiempo que afectará a la composición de la oferta y la demanda en el mercado mayorista. La conversión de los consumidores en generadores debería conducirnos a un modelo más descentralizado, en el que empresas y ciudadanos decidan sobre sus necesidades energéticas con mayor autonomía. Junto a ello, la pervivencia de grandes plantas de generación, sometidas a un mayor control administrativo, puede dar lugar a un modelo dual en el que convivan la generación y el acceso, fuertemente regulados, con formas de autoconsumo en las que el Regulador pierda parte de su poder de control.
Además, asistiremos a un ecosistema empresarial más dinámico, en el que las empresas no serán ya sólo eléctricas, petroleras o gasistas, sino que trabajarán en los diversos ámbitos que la coexistencia de distintas fuentes de energía y la cadena de valor impongan. Ello exigirá mayor colaboración entre grandes corporaciones y empresas tecnológicas más jóvenes, dando lugar a proyectos conjuntos como consecuencia de la hibridación y la introducción de nuevas tecnologías. Esto ocasionará nuevos retos en el Derecho de la Competencia en relación con los acuerdos entre competidores, si bien las autoridades supervisoras tendrán que asumir que, en la fase de despegue de algunas tecnologías, esos acuerdos deberían ser autorizados, con condiciones, aun cuando puedan tener algún efecto no deseable sobre la competencia, en aras de un interés superior: la transición energética hacia una economía descarbonizada.
Asimismo, una vez que las instituciones precisen mejor las condiciones que deben cumplir las empresas para cualificar como inversión sostenible, las compañías se beneficiarán de un menor coste de financiación tanto en el mercado de capitales como en el bancario y otros alternativos (fondos de inversión y de deuda). Finalmente, las empresas de los restantes sectores se enfrentarán a crecientes exigencias para demostrar que su aprovisionamiento energético es sostenible, lo que les obligará a involucrarse más en asegurar, incluso contractualmente, que su cadena de suministro se adapta a la economía verde y circular a la que aspiramos.