Fit para el consenso
Existe el riesgo de que el plan de transición ecológica español se convierta en un telar de Penélope en el que PSOE y PP tejan y destejan como hacen con la Ley de Educación. El Fit for 55 que acaba de presentar la Comisión, exigirá revisar el PNIEC y ofrecerá una oportunidad para conseguir el consenso aún no alcanzado y para abordar cuestiones todavía no resueltas. Hemos sido pioneros incorporando renovables, pero tenemos pendiente mejorar su integración en el sistema eléctrico con almacenamiento (baterías, bombeo, power to gas); actuar sobre la demanda (eficiencia energética, flexibilidad); descarbonizar los segmentos industriales, transporte y agricultura no electrificables (gases renovables e hidrógeno); y modernizar el mercado mayorista. El análisis de los PNIECs europeos refleja que España tiene objetivos de penetración de renovables en línea con el resto de países. Sin embargo, nuestro PNIEC marca un objetivo de reducción del consumo energético final gracias a medidas de eficiencia energética del 39,5%, que es superior a la media europea (29,4%) y a la propia directriz del Fit for 55 (36-37%). El éxito de nuestro plan depende, pues, de materializar estos ambiciosos ahorros energéticos. El Gobierno reconoce este reto y está considerando incentivarlos mediante un mecanismo de “certificados de ahorro energético” (CAEs). Este sistema lleva funcionando más de una década en Francia o Italia, donde ha probado ser un auténtico revulsivo.
La eficiencia en Francia se ha desarrollado masivamente en segmentos como el residencial o la industria mediana, gracias a que el modelo de certificados prioriza una experiencia extremadamente fácil para el usuario final. Esto se logra, principalmente, por dos motivos: la Administración ha creado unas soluciones paquetizadas donde los requisitos y los beneficios son claros y previsibles ex ante; y son los profesionales quienes se encargan de los farragosos trámites administrativos y de asegurar la calidad de la intervención. En ambos países, los certificados se han compatibilizado con otro tipo de ayudas, como el programa MaPrimeRénov’ en Francia, que fija el nivel de ayuda en función de la renta o el 110% Superbonus de Italia, que ya es casi tan popular como su selección nacional de fútbol. Estos sistemas no han estado exentos de crítica en aspectos que se han ido mejorando con el tiempo y que en España deben poder evitarse de origen. El plan de descarbonización no saldrá adelante sin explicar los beneficios y sin evitar impactos regresivos. Resulta paradójico que ahora que el mercado del CO2 da la señal de precio buscada para orientar decisiones de nueva inversión, esto suponga un problema político de primer orden. Sin consenso y sin un esfuerzo de comunicación compartido por los principales partidos políticos, será inevitable la instrumentalización de la lucha contra el cambio climático con el fin de desacreditarla.