Bruselas sube los impuestos al diésel un 46% y un 23% a la gasolina

La Comisión Europea presentó, el pasado 14 de julio, el paquete legislativo climático Fit for 55, una iniciativa que cambiará fundamentalmente las reglas del mercado europeo del carbono. El objetivo, reducir las emisiones de CO2 en, al menos, un 55% en 2030 y lograr que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo en 2050. Las trece iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario representan el ambicioso camino para lograr dicho objetivo.

Una de las que tendrá más impacto será la revisión de la Directiva de fiscalidad energética. Desde la Comisión Europea explican la necesidad alinear la norma de 2003 con los objetivos del Pacto Verde Europeo para descarbonizar la actividad en el Continente. Bruselas ya protagonizó un intento en 2011, que acabó en fracaso en 2015 y con la retirada de un proyecto muy similar al presentado ahora por el Ejecutivo comunitario aunque, en aquel caso, el incremento planteado de los impuestos era menor.

La magnitud de los cambios propuestos ahora salta a la vista, al atender a los nuevos mínimos que introducirá la revisión de dicha Directiva. En el caso del diésel, se pasará de 330 euros por cada 1.000 litros a 482 euros por cada 1.000 litros cuando concluya el periodo de transición en 2033, lo que representa una subida del 46%. Actualmente, los impuestos especiales al diésel en España se sitúan en 379 euros, lo que significa que el incremento en nuestro país será del 27%. Con esta subida, y si tenemos en cuenta unos precios del orden de 1,2 euros por litro, la subida rondaría los 12 céntimos a incrementar antes de 2033, lo que supone del orden de 6 euros por depósito.

En el caso de la gasolina, el suelo pasará de 359 euros por cada 1.000 litros a 443 euros por cada 1.000 litros en 2033, un 23,3% más. Los cambios también afectarán al gasóleo utilizado para calentar los hogares, que pasará de 21 euros por cada 1.000 litros a 40 € por cada 1.000 litros, un 47,5% más, lo que, en la práctica, lo deja fuera de mercado frente a otras alternativas como la bomba de calor. La suerte será diferente para la electricidad. La fiscalidad para el MWh pasará de ser 1 euro (para hogares) y 0,5 euros (para empresas) a un mínimo único de 0,67 €/MWh.

La Directiva incluirá, además, una serie de garantías para proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, los Estados miembros podrán excluir a los hogares con menos recursos de los impuestos del combustible para calefacción y electricidad. La Comisión también ha presentado una nueva Facilidad de Acción Climática Social para apoyar a las familias con bajos ingresos. Este nuevo fondo contará con 72.200 millones de euros para los próximos siete años, financiado con los recursos del nuevo mercado de emisiones, para facilitar esta exigente transición a los grupos con menos recursos. La medida supone una propuesta similar a la lanzada en España con el dinero de los windfall profits (beneficios caídos del cielo), pero sin intervenir los ingresos de las compañías.

La Comisión quiere que el 100% de los ingresos que se consigan mediante este tipo de financiación por parte de los Estados se destine a energía o cambio climático. Todos estos cambios se realizarán, en algunos casos, hasta 2033, para evitar sacudidas en el bolsillo de familias y trabajadores. Además, se indexarán con los cambios de la inflación, algo que no sucedía hoy.

El comisario de Economía y responsable de asuntos tributarios, Paolo Gentiloni, ha señalado que la Directiva, en su forma actual, “todavía ofrece subsidios a los combustibles fósiles, y eso es algo que tenemos que eliminar”, y añadió que el objetivo es “poner precio a las emisiones de carbono”, como persigue el nuevo paquete comunitario, incentivando las innovaciones que reduzcan la huella de carbono. Según la memoria de impacto económica realizada por la Comisión, la nueva Directiva de fiscalidad afectará de forma negativa al empleo, ya que puede destruir un 0,2% hasta el año 2025. En el documento, además, se calcula que el cambio hacia unos combustibles más limpios puede acabar restando importantes ingresos a los Estados que, con esta medida, quedarán reducidos.

La drástica reducción de emisiones obligará a la UE a una transformación descomunal de sus sectores industriales y del transporte. Afectará a empresas y hogares. Y le colocará en la vanguardia de la revolución verde, aunque también corre el riesgo de pagar la factura de aquellos que innovan primero, justo cuando ya intenta recortar el terreno perdido frente a China y EEUU en la recuperación o en la transformación de sus economías. Las principales herramientas para recortar los gases contaminantes serán la ampliación del mercado de emisiones europeo para poner precio al CO2 en el transporte por carretera, aéreo, marítimo y la vivienda.

Vehículo de combustión

La Comisión también quiere que no se vendan vehículos nuevos contaminantes a partir de 2035 pero, por el momento, se desconoce si se tendrá en cuenta todo el ciclo o se limitará, como en España, a las emisiones por el tubo de escape, lo que en la práctica supone eliminar el motor de combustión. Según Fuels Europe, “la propuesta revisada sobre las normas de CO2 para automóviles y furgonetas debería reconocer el papel crucial de los combustibles líquidos renovables y bajos en carbono y garantizar que se tengan en cuenta todas las posibles tecnologías de descarbonización”. Igualmente, Europa propone crear un nuevo mecanismo para gravar las importaciones responsables de grandes emisiones (acero, aluminio, fertilizantes y cemento), para que los productores europeos no estén en desventaja con los nuevos requerimientos verdes. Esta medida, que ha generado profunda preocupación en EEUU y China, se espera que sirva para financiar los fondos Next Generation.

El paquete presentado el pasado 14 de julio incluye, también, elevar el objetivo de renovables del 32% al 40%, así como el de eficiencia energética. De hecho, se obligará a las administraciones públicas a que renueven hasta un 3% de los edificios del sector público. En lo que respecta a la mitigación, la Comisión apuesta por reducir 310 millones de toneladas de CO2 con la plantación de 3.000 millones de árboles en toda Europa. Asimismo, la Comisión fijará una obligación de puntos de recarga cada 60 kilómetros en las autopistas para coches eléctricos y cada 150 kilómetros para el hidrógeno.

La revisión de la Directiva de la fiscalidad de la energía y el resto del megapaquete presentado, encara ahora un complicado proceso legislativo, sometido a la presión de lobistas y empresas, y también de países terceros afectados por el nuevo mecanismo para gravar las importaciones. Deberá ser negociado y consensuado entre el Parlamento Europeo y el Consejo (que agrupa a los Estados miembros), lo que podría llevar al menos un par de años. En el caso de la Directiva sobre los impuestos de la energía, el acuerdo contará además con la dificultad adicional de requerir la unanimidad de los 27 países, dado que los asuntos tributarios necesitan el consenso de todos los socios.

Reacciones

Las reacciones al paquete presentado por la Comisión Europea no se han hecho esperar. Fuels Europe asegura que se ha perdido la oportunidad de apoyar los combustibles renovables sostenibles. “Creemos que dejar en manos de los Estados miembros la decisión de eximir o no a los combustibles renovables de la fiscalidad de la energía conducirá a un mosaico de precios de los combustibles y a un mercado europeo de combustibles no armonizado”. Eurelectric, por su parte, aplaude el paquete de medidas y pide que se eliminen las barreras que todavía existen para la electrificación.

Por contra, Gas Infraestructure Europe indica que el establecimiento del objetivo de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030 “es un hito de la transición energética que pretende acelerar drásticamente el proceso de descarbonización. Con ello, se pretende encaminar a la UE hacia un liderazgo climático y técnico. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos de forma eficiente e integradora, es fundamental fomentar la colaboración entre regiones, sectores, vectores energéticos e infraestructuras. Para ello, debemos establecer un marco político adecuado y aplicar un enfoque tecnológico neutral”.

Cogen indica que las propuestas “se quedan cortas a la hora de proporcionar una hoja de ruta completa de medidas que apoyen la consecución rentable de los objetivos”. A pesar de la mayor atención prestada a la integración de la eficiencia energética en primer lugar, “siguen existiendo lagunas en el refuerzo de la eficiencia del sistema, la eficiencia de la oferta y la seguridad del suministro con el menor coste y las menores emisiones de carbono tanto para los consumidores como para la economía en su conjunto”.

Foratom, por su parte, ha acogido con satisfacción el paquete Fit for 55 de la Comisión y apoya plenamente todas las propuestas que tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 en línea con la Ley del Clima y el Acuerdo de París. De hecho, el listón se ha puesto muy alto, ya que se aplicará a una amplia gama de sectores, incluyendo la industria, los edificios y el transporte. Giles Dickson, consejero delegado de Wind Europe, asegura que “la transición del sector eléctrico está en plena marcha. Ahora tenemos que descarbonizar el resto del sistema energético. La revisión del esquema de comercio de emisiones dará nuevas señales de precios para apoyar las inversiones”.