Acompañamiento a la industria en la transición energética
Conseguir unos costes energéticos competitivos para la industria es una de las grandes prioridades del Gobierno. Y el proceso de descarbonización, basado en el progresivo abandono de los combustibles fósiles, el impulso de la electrificación, el fomento de la eficiencia energética y el despliegue ordenado de energías renovables, es la vía más eficaz para lograrlo.
El cambio es estructural, tardará décadas en completarse y no está exento de retos: vivimos en un mundo globalizado y nos afectan elementos fuera de nuestro control, como las cotizaciones internacionales de las materias primas. Pero, a la vez, vamos a empezar a notar resultados positivos en el muy corto plazo.
Los datos indican que la senda iniciada es correcta: en los últimos tres años se ha reducido un 75% la diferencia de precio de nuestro mercado eléctrico con el alemán y la comparación con el francés ya es positiva; en un par de años, según los mercados de futuros, tendremos una energía claramente más barata que nuestros vecinos y, para 2028, costará la mitad que en Alemania.
Detrás de estos datos está la apuesta decidida del Gobierno por el despliegue de la generación renovable, aprovechando el potencial de recurso y las capacidades industriales de España en los sectores solar y eólico, que han hecho posible que la generación fotovoltaica y eólica sean ya la manera más barata de producir electricidad. El nuevo sistema de subastas en vigor desde este año, además, permite trasladar de forma directa a los consumidores el ahorro que suponen estas tecnologías.
Pero no basta esa tendencia, porque cada país tiene su propia estructura productiva, con sus propias necesidades y, sin salir de los límites marcados por la UE, sus propios mecanismos de fomento y protección del tejido industrial.
Por eso, el Gobierno está dando numerosos pasos para reducir el coste energético para la industria, adoptando medidas estructurales en esa dirección. Por ejemplo, el Estatuto de las empresas electrointensivas concede cobertura pública para la compra de electricidad a largo plazo, inicialmente con 600 millones entre 2021 y 2023, y se han habilitado 91 millones para reducir los cargos repercutidos en el recibo de la electricidad. Por su parte, las reformas como el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la minoración del dividendo de carbono por CO2 no emitido, permitirán reducir la factura eléctrica de todos los consumidores de forma estructural.
Además, hemos añadido 100 millones a los 79 millones presupuestados inicialmente este 2021 para compensar el coste indirecto de las emisiones de CO2 sobre el precio de la electricidad y acabamos de prolongar el programa de ayudas para eficiencia energética en la industria hasta junio de 2023, ampliando por tercera vez su presupuesto, que ya suma 357 millones, un 16% más que la cantidad original.
Hace pocas semanas hemos habilitado un paquete de 1.320 millones para autoconsumo y almacenamiento, y la industria puede beneficiarse de varios programas de eficiencia energética con una asignación de más de 370 millones. A la vuelta del verano llegará otro paquete para usos térmicos y aplicaciones innovadoras dotado con 650 millones.
Vendrán más medidas, como las redes de distribución eléctrica cerradas, para las que el Gobierno está tramitando un real decreto, que permitirán un nuevo modelo de gobernanza del suministro eléctrico, más seguro y competitivo, en los entornos industriales.
Mientras abordamos los retos estructurales, no perdemos de vista los coyunturales. Ante un momento de elevados precios de electricidad, hemos adoptado medidas excepcionales para hacer frente a la situación de altos precios del gas y de los derechos de emisión, como la suspensión temporal del impuesto al 7% de la generación, que beneficiará particularmente a las empresas grandes consumidoras: gracias a la nueva estructura tarifaria se rebajará del 3% al 6% su factura final, dependiendo de la tensión a la que se conecten.