Primeros pasos de la transición justa energética
La transición energética hacia una economía neutra en carbono es un camino que no está exento de obstáculos. La emergencia climática nos urge a cumplir con el Acuerdo de París de 2015 y seguir el marco jurídico que ha dotado la UE. Sin embargo, no se puede ignorar el impacto económico y social que comporta el abandono de nuestro actual modelo de producción energética, del que dependen comunidades enteras. En este “juego de jenga”, extraer la pieza equivocada podría resultar fatal.
Para evitar que la torre se desmorone, se ha construido la Estrategia de Transición Justa a modo de contrafuerte. Se trata de un marco de acción propuesto por la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas contra el cambio climático, para minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización y maximizar beneficios en la actividad y el empleo.
En España se fijaron los cimientos por Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre. La finalidad de esta norma era buscar cómo paliar los daños colaterales derivados del cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear. La solución es inteligente y pone el foco en los grandes accesos a la red eléctrica y en los usos del agua que dichos cierres liberan. Es decir, en bienes públicos como son las redes de transporte de energía y los recursos hídricos.
La transición justa consiste, precisamente, en reservar estos bienes públicos al proyecto de energía limpia que presente mayores beneficios medioambientales y sociales para los habitantes del entorno donde se encontraba la central de energía sucia clausurada.
El acceso a la red eléctrica en la jerga técnica se denomina “nudo de transición justa”. Mediante el anexo del RDL 23/2020, de 23 de junio, se han identificado 22 nudos distintos.
Para cada uno de estos nudos habrá un “Convenio” con las obligaciones sociales y ambientales que tendrán que cumplir aquellos megaproyectos que se beneficien de los accesos a la red eléctrica. La música suena muy bien, pero para que se inicie la andadura hay que ponerle no solo la letra, sino también ¡la letra pequeña!
El primer paso se ha dado en Teruel. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado en la primera semana de noviembre una Orden que convoca un concurso público para el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV.
Esta Orden es realmente importante, tanto por su magnitud como porque para seleccionar el proyecto renovable se van a aplicar por primera vez los principios de la transición justa.
En el concurso se licitan 1.202 MW de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable. Da una idea de la magnitud de esta cifra, saber que en la última subasta de ayudas a nuevas instalaciones renovables la potencia media de cada proyecto es de 33,5 MW.
Los criterios sociales están apuntados en la Base 14 de la convocatoria: se pide a los licitadores que identifiquen con datos objetivos los aspectos en los que la puesta en marcha de la instalación contribuye a la creación de oportunidades para la zona de transición justa directamente afectada por el cierre de la central de Andorra (Teruel), así como incorporar los compromisos sociales como condición de la ejecución de los proyectos. La empresa que presente las mejores condiciones recibirá una puntuación máxima de 55 puntos de un total de 100.
Esto no es baladí, puesto que, además, en caso de que se haya obtenido idéntica puntuación en el conjunto de criterios de valoración establecidos -criterios asociados a la tecnología de generación, criterios de impacto socioeconómico para la Zona de Transición Justa, criterios para la valoración de la madurez del proyecto y minimización del impacto medioambiental-, se desempatará sobre la base de la puntuación obtenida referente al Impacto socioeconómico para la zona del Convenio de Transición Justa.
Jurídicamente, este mecanismo es muy interesante porque consigue a la vez dos objetivos de interés público: por un lado, atribuir los nudos de la red a proyectos muy significativos evitando una atomización de instalaciones de generación y, con ello, no tener que tramitar una pluralidad de proyectos de menor dimensión. También busca no perder los empleos de tecnologías que han quedado obsoletas.
Así, la transición justa pretende servir de arnés, para que quienes vivían gracias a un desfasado modelo energético no se despeñen al cruzar por el puente hacia un sistema libre de emisiones.
Es el caso de aquellas centrales térmicas o nucleares que han cerrado y para las que el Estado prevé que, en el proceso de búsqueda de un nuevo huésped para la red eléctrica, las nuevas instalaciones aseguren trabajo y dinamización de las zonas afectadas.
Ahora se abre un plazo de dos meses para que las empresas presenten sus proyectos.
El éxito de la iniciativa depende de muchos factores y, entre ellos, de su acierto jurídico y, en este momento, de la interpretación por posibles licitadores de los criterios de puntación.
Ojalá podamos pronto decir que, para la transición justa, Teruel existe.