Bruselas movilizará 200.000 millones en la descarbonización de edificios

La Comisión Europea ha presentado medidas con las que pretende impulsar la tasa de rehabilitación de los inmuebles y lograr que el parque de edificios de la UE sea cero emisiones en 2050. Parte de la inversión procederá del Fondo para el Clima Social, que movilizará 72.000 M€ para el período 2025-2032

La Comisión Europea ha presentado la segunda parte del paquete climático ‘Fit for 55’, que incluye una serie de propuestas para lograr que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo en 2050. Una de las iniciativas presentadas tiene como objetivo lograr la descarbonización del parque de edificios en la UE e impulsar la tasa de renovación energética de los mismos en 2050, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 85% de los edificios actuales seguirán en pie en esa fecha. La propuesta legislativa, que está siendo examinada por el Consejo y el Parlamento Europeo, supone la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD, sus siglas en inglés), anunciada en la Estrategia ‘Renovation Wave’ de octubre de 2020.

Los edificios son el mayor consumidor de energía de Europa. Utilizan el 40% de la energía y generan el 36% de las emisiones GEI. Concretamente, la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria suponen el 80% de la energía que consumen los ciudadanos. Esto se debe a que la mayoría de los edificios en Europa todavía funcionan con combustibles fósiles. En la actualidad, alrededor del 35% de los edificios de la UE tienen más de 50 años y cerca del 75% son energéticamente ineficientes. Solo el 1% del parque de edificios se renueva cada año.

En líneas generales, las medidas propuestas facilitarán la renovación de los edificios, particularmente los que tengan peores resultados; modernizarán el parque de edificios haciéndolo más resistente y accesible; reducirán las facturas energéticas; ayudarán a reducir la pobreza energética; crearán nuevas oportunidades laborales; y ayudarán a mejorar la calidad del aire, la digitalización de los sistemas de energía para los edificios, así como el despliegue de infraestructura para la movilidad sostenible.

La Comisión propone que, a partir de 2030, todos los edificios nuevos sean cero emisiones. En el caso de los edificios públicos, la fecha se adelanta a partir de 2027. Con esta revisión, la EPBD pretende que, a partir de estas fechas y siempre que sea técnicamente viable, el 100% del consumo de energía de los edificios nuevos esté cubierto por renovables.

Asimismo, los Estados miembros deberán planificar políticas y planes nacionales con vistas a eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles en calefacción y refrigeración en los edificios a más tardar en 2040, que se integrarán en los planes de Energía y Clima. Tampoco se concederán incentivos económicos para la instalación de calderas de combustibles fósiles a partir de 2027. Además, los Estados miembros tienen la posibilidad de prohibir el uso de combustibles fósiles en los edificios.

Certificados de Rendimiento Energético

La revisión de la EPBD también proporciona mayor visibilidad de la integración de las renovables en los Certificados de Rendimiento Energético (EPC, por sus siglas en inglés), que son aquellos que proporcionan información pública sobre el consumo de energía. Con las propuestas de la Comisión, los EPC serán más claros y contendrán información mejorada, ya que la nueva plantilla para este tipo de certificados incluye el requisito de mostrar claramente la producción de energía renovable, cuánto representa en comparación con las necesidades del edificio y cuánto mejora sus emisiones generales.

La obligación de tener un certificado de eficiencia energética se extiende a todos los edificios públicos, para los que se renueve un contrato de alquiler, aquellos que estén en proceso de rehabilitación importante, así como para los edificios que estén en venta y alquiler. Estos últimos deberán indicar la clase de rendimiento energético en todos los anuncios. Para 2025, todos los certificados deben basarse en una escala armonizada de A a G.

Respecto a las renovaciones, se proponen nuevos estándares mínimos de rendimiento energético (MEPS) para el 15% de los edificios menos eficientes, es decir, aquellos con un Certificado de Eficiencia Energética clase G. Todos los edificios no residenciales o públicos tendrán que alcanzar al menos la clase F en la escala de eficiencia energética de la UE en 2027 y la clase E en 2030, mientras que los edificios residenciales deberán alcanzar la clase F en 2030 y la clase E en 2033. La mejora de los edificios a la clase energética F, que se aplicaría a unos 30 millones de edificios -que son los que actualmente consumen al menos más de 2,5 veces más energía que la media-, generará entre 4,6 y 6,2 Mtep al año en ahorros de energía en toda la UE.

El aumento de la intensidad de las renovaciones debe estar respaldado por una capacidad adecuada y mano de obra calificada. Por eso, la Comisión también ha publicado un documento de trabajo del personal, que describe los posibles escenarios para una ruta de transición hacia un ecosistema de construcción más resistente, ecológico y digital.

Inversión necesaria

La falta de financiación es una de las principales barreras para la renovación de edificios. La Comisión está ayudando a movilizar la financiación para los costes de inversión iniciales de estos 30 millones de edificios, con hasta 150.000 millones de euros del presupuesto de la UE disponibles para implementar las normas mínimas de rendimiento energético de aquí a 2030. Dicha financiación procede de varias fuentes, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El nuevo Fondo para el Clima Social propuesto también movilizará 72.200 millones de euros del presupuesto de la UE para el período 2025-2032 para apoyar a los hogares, en particular a los que viven en edificios con peores resultados. También se anima a los Estados miembros a desplegar herramientas de financiación y habilitación para hacer más atractivas las inversiones privadas y orientarlas hacia las necesidades de renovación. Para permitir una combinación eficaz de financiación pública y privada, la Comisión también está trabajando para que el marco de ayudas estatales sea más propicio para las necesidades de las normas mínimas de rendimiento energético a nivel de la UE.

Los Estados miembros deben establecer plazos específicos para lograr clases de rendimiento energético más altas a través de nuevos planes nacionales de renovación de edificios. Según la Comisión, centrarse en los edificios menos eficientes, maximizará el potencial de descarbonización y aliviará la pobreza energética, beneficiando a los hogares con menos recursos que no pueden permitirse renovar sus viviendas, ya que los edificios con la calificación energética más baja consumen 10 veces más que los de clase energética superior.

La propuesta de la Comisión también incluye el denominado ‘pasaporte de renovación’ del edificio, una herramienta para facilitar a los propietarios su planificación y una renovación hacia un nivel cero emisiones. Asimismo, define los ‘estándares de cartera hipotecaria’ como un mecanismo para incentivar a los prestamistas a mejorar el rendimiento energético de sus edificios y alentar a los clientes potenciales a que sus viviendas sean más eficientes energéticamente. La Comisión también invita a los Estados miembros a incluir consideraciones de renovación en las normas de financiación pública y privada, y a establecer los instrumentos adecuados, sobre todo para hogares de bajos ingresos.

Las nuevas normas también fomentan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las tecnologías inteligentes para garantizar que los edificios funcionen de forma eficiente, y pide que se establezcan bases de datos digitales de edificios. Asimismo, requieren que los edificios de emisión cero y lo que se sometan a renovaciones importantes estén equipados con dispositivos de medición y control para monitorear y regular la calidad del aire interior. Con respecto a la movilidad, la propuesta respalda el despliegue de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en edificios residenciales y comerciales, y pone a disposición más espacio de estacionamiento para bicicletas.