La nueva estructura del recibo de la luz beneficiará a los consumidores

El nuevo recibo, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, dará señales de precio y fomentará la eficiencia al incrementar la parte variable, relativa al consumo. A este respecto, la ministra Ribera ha anunciado el lanzamiento de una campaña de divulgación sobre su diseño, más complejo que el actual.

Durante su intervención en el Ágora de elEconomista, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, se refirió a la nueva estructura del recibo de la electricidad, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, en la que anunció el lanzamiento de una campaña de información y divulgación sobre su diseño, más complejo que el actual. “En grandes líneas, sale beneficiado el consumidor: el más atento tendrá una señal de eficiencia; por eso se incrementa la parte variable del consumo frente a la fija y se introducen franjas horarias, porque hay horas con más demanda y precio más alto”, explicó. Ribera especificó que esta valoración se ciñe a la tarifa doméstica regulada por el Gobierno (PVPC) y no a las ofertas del mercado libre, que dependen del diseño de las empresas y pueden aportar más estabilidad al precio final a cambio de un coste ligeramente superior.

Aprovechó para destacar que los precios de la electricidad en España están bajando con relación al resto de la UE, y que serán más competitivos en 2023 por la penetración de renovables con costes operativos muy bajos: “Nos han permitido convertirnos en el país con más contratación bilateral firmada a medio y largo plazo en 2020”. Pero dejó claro que mientras exista generación convencional sometida a los precios del CO2 que marque el precio marginal del mercado eléctrico, “se producirán distorsiones que a veces son poco agradables”.

Con relación a estas centrales, anunció que trabaja en varias disposiciones “importantes” para los ciclos combinados, necesarios para que funcione el sistema eléctrico “y que funcionan muy por debajo de lo que es razonable y rentable”. Asimismo, explicó las restricciones de Bruselas a varios mecanismos de apoyo y se decantó por apagar las plantas hasta que sean necesarias: “Creemos que lo razonable es hibernarlos para reducir costes del sistema, pero tenerlos disponibles por si se llegaran a necesitar”. Adicionalmente, indicó la necesidad de buscar soluciones en la Estrategia de almacenamiento y desarrollar un mercado de capacidad: “Estamos ultimando una propuesta de regulación que daremos a conocer en breve”.

Sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) -herramienta para repartir los 7.000 millones de costes de las renovables históricas entre el consumo de electricidad, gas y petróleo-, al que se oponen petroleras y gasistas, explicó que se justifica porque el objetivo de renovables es un objetivo del país y la medida “ayuda a dar congruencia a las señales de precios al consumidor industrial o doméstico final”. Incidió en que la aplicación del FNSSE “se hace con un margen de tiempo muy amplio para incorporar esa contribución de los distintos sectores” -la norma plantea que se incorpore progresivamente durante cinco años-y defendió que “tiene que venir acompañado con otras cuestiones, como el cambio de calderas, más autoconsumo o comunidades energéticas sobre la base del consumo renovable”. Remachó esta parte de su intervención afirmando que “en todos los escenarios el balance es positivo”.

Sobre la situación de la industria y el impacto del precio de la electricidad en ella, enfatizó que la energía no es el único elemento de la política industrial y que España es muy competitiva por la calificación de los trabajadores, la flexibilidad, la capacidad logística..., aunque reconoció que “a las pequeñas y medianas empresas les falta un espacio para anticipar cómo puede evolucionar el mercado de su producto en contextos internacionales y prepararse”.

El precio de la electricidad es uno de los argumentos usados por Alcoa para abandonar España y Ribera recordó que, en el caso concreto de la productora de aluminio, hay una sentencia judicial que descarta esa razón: “El problema de Alcoa no tiene nada que ver con el precio de la energía; Alcoa estaba reordenando su producción, buscando otro tipo de mercados y trataba de explicar sus decisiones señalando en otras direcciones que no fuera su propio consejo de administración”. La ministra abrió la puerta a que el Estado tome una participación en Alcoa directamente: “En un determinado momento se puede plantear que haya una participación o intermediación de la SEPI, pero no vamos a volver a un sector público industrial como hace 40 años”.

Fomento del coche eléctrico

El Ejecutivo va a lanzar tres nuevas normas para impulsar el vehículo eléctrico: un decreto sobre mantenimiento de puntos de recarga; otro informativo sobre ubicaciones, tipos y costes de recarga; y otro de acompañamiento a la compra del vehículo, con un nuevo Moves -que ya se ha presentado- y “que permanecerá abierto en el tiempo”. Ribera destacó que las nuevas medidas forman parte de la apuesta del Ejecutivo para facilitar el despegue de la movilidad eléctrica, junto con otras medidas, como las incluidas en la futura Ley de Cambio Climático.

La Ley, concretamente, impone que haya puntos de recarga en los grandes ejes y en las estaciones de servicio de carburantes con más ventas, “porque creemos que es importante que sea sencillo para el ciudadano, que además de tener un mapa en una app que le indique donde está el punto de recarga más próximo, pierda la preocupación sobre cuánto me va a durar o dónde voy a poder recargar”.

Ribera reconoció que todos estos cambios se están produciendo “en muy poco tiempo” y que es lógico que los fabricantes de vehículos afincados en España quieran una demanda local. En este sentido, señaló que ha habido un cambio muy significativo en el sector -”una industria clave en términos de PIB y empleo”-, y que la pandemia y sus restricciones a la movilidad ha hundido las ventas de vehículos y “ha precipitado algunos cambios y no ha facilitado el contar con liquidez para abordarlos”.

No obstante, puso el acento en que “es muy significativo que estemos pasando de un vehículo que es considerado un producto boutique, porque sigue siendo en términos comparados un desembolso muy importante para las familias medias, a la posibilidad de democratizar el acceso a un vehículo eléctrico”, con costes cada vez más competitivos. Defendió la calidad de la industria nacional y afirmó que “creo que nuestro país tiene un recorrido interesantísimo en todo ello; muchas veces vemos más lo que ocurre lejos en lugar de poner en valor lo que tenemos”.