La Ley de Cambio Climático prevé más de 200.000 millones de inversión

La importante movilización inversora y el resultado de las mejoras de eficiencia energética durante la transición energética, prevén que el PIB en España pueda llegar a incrementarse entre 16.500 y 25.700 millones al año y el empleo neto pueda aumentar entre 250.000 y 350.000 personas.

La primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, encara su recta final. El pasado 8 de abril, el Congreso aprobaba por mayoría el texto final, remitido al Senado para su aprobación definitiva. El proyecto de Ley establece unos objetivos mínimos a 2030 para cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional y poder alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.

Estos objetivos son: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23%; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%.

A lo largo de esta década, la Ley prevé una mejora anual del 3,5% de la intensidad energética primaria de la economía española, reducir al 61% la dependencia energética del país al descender las importaciones de carbón y petróleo, movilizar más de 200.000 millones de inversión y aumentar entre 250.000 y 350.000 personas el número de empleos. Todo esto podría hacer que el PIB de España se incremente entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año.

La Ley consta de 36 artículos y nueve Títulos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una disposición derogatoria única y trece disposiciones finales. A continuación, resumimos algunos de los aspectos más destacados del Proyecto de Ley.

En movilidad y transporte, se adoptarán medidas para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050, y se obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares a adoptar planes de movilidad urbana sostenible no más tarde de 2023. Asimismo, se adoptarán medidas para reducir paulatinamente las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles de buques, embarcaciones, naves y plataformas físicas cuando estén amarrados o fondeados en puertos, para llegar al objetivo cero emisiones en 2050. El Gobierno también elaborará una Estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril.

En relación a los puntos de recarga, las estaciones de servicio cuyas ventas superen los 10 millones de litros de combustible al año tendrán que instalar, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW, que será de 50 kW para las que vendan más de 5 millones de litros pero menos de 10. También será obligatoria la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y, antes del 1 de enero de 2023, en aquellos de uso distinto al residencial privado con más de 20 plazas de aparcamiento. El Gobierno también se compromete a informar a los ciudadanos de los puntos de recarga de acceso público.

Respecto a los combustibles, no se darán nuevas autorizaciones a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos ni de yacimientos de minerales radiactivos. Además, se deberá justificar la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil. Por otro lado, se aprobarán planes específicos para la penetración de los gases renovables -biogás, biometano e hidrógeno, entre otros- y se establecerán objetivos anuales de integración de renovables y de suministro de combustibles alternativos en el transporte.

En edificación, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana a fin de mejorar el parque edificado. Asimismo, se podrá incentivar la rehabilitación de viviendas, especialmente aquellas que fomenten el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia, la calefacción y refrigeración cero emisiones.

En hidráulica, las nuevas concesiones que se otorguen tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables en el sistema eléctrico. A tal fin, se promoverán las centrales hidroeléctricas reversibles y el aprovechamiento para la generación eléctrica de los fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos.

Cambio climático y transición energética

Sobre cambio climático, el proyecto de Ley establece la aprobación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con objetivos y medidas para combatir sus efectos, que se desarrollará mediante programas de trabajo, a aplicar en periodos de cinco años, y mediante planes sectoriales de adaptación. En relación a esto, se fomentarán las acciones que resalten las externalidades positivas que proporcionan los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente aquellas que proporciona el sector agrario y forestal, el uso de la biomasa de origen primario, los productos forestales de los montes, servicios ecosistémicos y energía de origen renovable y sostenible.

Al objeto de garantizar un tratamiento equitativo a colectivos y territorios potencialmente vulnerables durante el proceso de transición, la Ley establece la aprobación cada cinco años de Estrategias de Transición Justa. Asimismo, señala el cese de la producción de carbón nacional, de manera que el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas.

La Ley también establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión, sean empleados para cumplir los objetivos de cambio climático y transición energética. Los PGE recogerán cada año los créditos correspondientes en el presupuesto del MITECO, destinándose al sistema eléctrico al menos 450 M€ para financiar los costes del sistema eléctrico referidos a fomento de renovables, pudiendo destinarse hasta el 30% de los ingresos totales a medidas sociales.

Por otro lado, el Gobierno impulsará diversas acciones para el desarrollo de la digitalización en el marco de la Estrategia Digital España 2025; se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde; se fomentará la I+D+i en renovables; se propondrá modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en comunidades de propietarios; se presentará una propuesta de reforma del marco normativo en materia de energía; y se realizarán campañas de sensibilización y concienciación al ciudadano sobre los efectos del cambio climático y su impacto.