El Plan de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) alcanza las 4.000 solicitudes

La ayuda comprometida para el total de peticiones recibidas asciende a 159 millones de euros, lo que supone el 45% del presupuesto global del programa, que desde el pasado mes de marzo es de 362 millones. El mayor número de solicitudes proceden de Asturias, Castilla y León y País Vasco.

La edificación es uno de los sectores económicos que más energía consume en España; concretamente, el parque de edificios existente en nuestro país consume el 30% de la energía final y es responsable de alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente, solo se rehabilita el 0,2% de los edificios al año, lo que da una idea del gran potencial que la rehabilitación energética tiene a nivel nacional y del camino que aún queda por recorrer para poder cumplir el objetivo marcado en el PNIEC de tener 1.200.000 viviendas rehabilitadas en 2030.

Los cerca de 7.000 millones (6.820 millones de euros) que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -diseñado por el Gobierno para la gestión y desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE- contempla destinar a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en los próximos tres años, suponen una gran oportunidad para reactivar la economía, generar empleo sostenible y de calidad y mejorar el confort de los ciudadanos.

El 70% de dicho importe, con el que el Gobierno pretende rehabilitar medio millón de inmuebles de aquí a 2023, se destinará a viviendas y el 30% restante a la mejora de edificios públicos. Además, los particulares que se acojan al Plan, podrán deducirse en el IRPF un porcentaje de las cantidades invertidas en obras de rehabilitación, que irán desde un 20% a un 60%, en función del grado de eficiencia.

Balance del Plan PREE

Una de las iniciativas que, previsiblemente, formará parte del Plan de Recuperación del Gobierno, es el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE). Impulsado en agosto pasado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y coordinado por el IDAE, cuenta con una partida inicial de 300 millones en ayudas directas procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, destinados a actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios construidos antes de 2007, como el cambio de la envolvente térmica, sustitución de antiguas calderas por otras opciones renovables como la térmica o la geotérmica, y mejoras en iluminación.

El criterio utilizado para la distribución de las ayudas entre las diferentes CCAA ha sido el número de primeras viviendas recogidas en el censo de población del INE, de manera que algo más del 50% del presupuesto (unos 170 millones) ha recaído en cuatro regiones: Andalucía, Cataluña, Madrid y C. Valenciana.

Cada comunidad autónoma ha publicado su propia convocatoria. Algunas de ellas, han optado por acotar el tipo de destinatarios últimos de las ayudas, la tipología y usos de los edificios, las actuaciones elegibles y fijar los costes elegibles mínimo y máximo por actuación en función de las características de los edificios de su territorio.

En estos nueves meses, se han comunicado cerca de 4.000 solicitudes (concretamente 3.929), que suponen una ayuda por valor de 159 millones, es decir, el 45% del presupuesto global del programa, según confirma el IDAE. A falta de los datos finales, la entidad pública cree que la actuación en la envolvente térmica será, previsiblemente, la que más demandas genere, en línea con lo ocurrido con los anteriores planes de ayuda del IDAE (PAREER-Crece y PAREER II).

Por regiones, el mayor número de solicitudes proceden de Asturias, Castilla y León y País Vasco, mientras que el mayor éxito en cuanto a presupuesto comprometido lo están teniendo Asturias, País Vasco y Navarra, las tres CCAA que solicitaron ampliar el presupuesto tras haber agotado el inicial, y a las que en marzo de este año se les concedieron 40 millones, 14,5 millones y 4,12 millones, respectivamente, aumentando el presupuesto inicial del PREE en algo más de 62 millones de euros.

Según los cálculos del IDAE, el Plan PREE, que estará vigente hasta el 31 de julio de 2021, permitirá rehabilitar 44.000 viviendas y 4 millones de metros cuadrados de edificios destinados a otros usos, generará 11.500 empleos directos y evitará la emisión de 140.000 toneladas de CO2 al año.

Protocolo de colaboración

Con el fin de facilitar a los beneficiarios del programa de ayudas del PREE cubrir la totalidad de la inversión del proyecto de rehabilitación -complementando la subvención recibida con un préstamo reembolsable-, el IDAE ha formalizado un protocolo de colaboración con distintas entidades financieras que cuentan con productos específicos, dirigidos a las comunidades de propietarios en particular.

Dicho protocolo, explican desde el IDAE, abierto a todo tipo de entidades de financiación -desde banca tradicional a sistemas de crowdfunding-, permitirá a las comunidades de propietarios, entre otros beneficiarios, acceder directamente desde la web institucional a la información de los productos financieros destinados a la rehabilitación energética que comercializan las entidades adheridas, entre las que se encuentran Deutsche Bank, BBVA, Kutxabank, Triodos Bank, UCI, Ecrowd, etc.

La experiencia de las convocatorias de ayudas realizadas con anterioridad por el Instituto que dirige Joan Groizard, ha puesto de manifiesto, señalan desde el IDAE, “la necesidad de que las ayudas que se otorgan a fondo perdido -y que en el caso del PREE pueden ser anticipadas al beneficiario en su totalidad al comienzo de la actuación siempre y cuando así se contemple en la convocatoria de las CCAA-, puedan ser completadas con préstamos reembolsables, de manera que la suma de la ayuda anticipada y del préstamo cubra una parte significativa de las necesidades financieras de la actuación de rehabilitación energética”.

Una de las cuestiones que han podido constatar desde el IDAE son las dificultades que tienen las comunidades propietarias, especialmente, para identificar y acceder a esos préstamos complementarios, “bien sea por falta de información o por la escasez de productos de financiación adaptados a sus necesidades específicas”, de ahí que el objetivo principal de este protocolo, afirman, “es paliar esas barreras y facilitar el contacto directo entre las entidades financieras colaboradoras y los beneficiarios de las ayudas”.