Los vientos de cambio no soplan en la Administración
Los vientos de cambio soplan fuerte en el sector de las renovables. El impulso a la digitalización y la consolidación del teletrabajo son dos efectos que la nueva normalidad, derivada de la pandemia, ha puesto sobre el tablero de juego. La crisis de la Covid, en la que evitamos cualquier contacto presencial innecesario, ha sido el pedal de aceleración para ambas tendencias, que ya forman parte de la rutina diaria de una gran parte de los trabajadores, también del sector de las renovables. Una transformación que ha calado profundamente en la esfera privada, pero que, paradójicamente, apenas ha tenido recorrido en la función pública -al menos, en el ámbito energético-.
La crisis derivada de la Covid-19 representa una buena oportunidad para que la Administración española apueste, de forma decidida, por la digitalización. Precisamente, este mes de octubre, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado 12 medidas al Gobierno para el relanzamiento económico de España, entre las que se incide en la agilización de la tramitación administrativa: simplificación de procedimientos y reducción de plazos; reingeniería de procesos bajo la óptica digital y maximización de la capacidad de trabajo online en la Administración pública. Comparto totalmente estas inquietudes y veo muy conveniente agilizar ciertos trámites en el ámbito de las renovables. Es cierto que, en los últimos años, se ha avanzado en las gestiones telemáticas, pero no con la velocidad suficiente que exigen estos tiempos cambiantes, derivados de la pandemia. Queda mucho por avanzar, pero está en nuestra mano liderar esa transformación digital. Debemos ser ambiciosos: ¿por qué España no va a ser pionera en la tramitación digital (100%) de proyectos de energías renovables y exportar este modelo tecnológico a otros sectores o, incluso, a otros países? Solo depende de la voluntad política y de la búsqueda de los recursos económicos y humanos necesarios. La falta de agilidad en ciertos trámites representa un palo en la rueda para un sector innovador que quiere seguir creciendo año tras año, y también para los inversores que están apostando fuerte por el desarrollo de las energías limpias en nuestro país.
Pongamos un ejemplo concreto para evidenciar este problema. A día de hoy (6 de octubre), fecha en la que escribo estas líneas, desconocemos todavía qué ha pasado con los avales y la justificación del primer paquete de proyectos renovables, cuyo plazo finalizó el pasado 25 de septiembre. No tiene ningún sentido tener que esperar durante semanas por estos trámites, mientras los países de nuestro entorno facilitan estos datos de forma totalmente automática. Tampoco es de recibo que, en plena era digital, la Administración nos obligue a imprimir cinco copias en papel de una determinada solicitud -y presentarla de manera presencial- para iniciar un procedimiento concreto. Esta falta de agilidad y flexibilidad supone un lastre para el sector de las renovables en España. Disputamos la carrera europea de las energías limpias en clara posición de desventaja. La realidad debería hacer abrir los ojos a la Administración: muchos proyectos renovables españoles están parados en las fases de papeleo, en contra de la modernización y los vientos de cambio que, supuestamente, aportarían el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PINEC) o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Me gustaría subrayar, además, que mientras esperamos semanas por determinadas resoluciones, los proyectos en tramitación no pueden someterse a información pública. ¿Por qué? La razón, lamentablemente, es preocupante: en las actuales circunstancias, carecemos de garantías de acceso a la documentación de los proyectos. Cualquier trámite podría ser impugnado, pues en numerosas ocasiones esta documentación se examina presencialmente, en los ayuntamientos de los municipios donde se van a desarrollar los proyectos. Salvo este escollo, el resto de la tramitación de proyectos renovables podría haber seguido adelante si hubiéramos tenido una verdadera administración electrónica.
En este complejo mundo Covid en el que, como es lógico, la prioridad absoluta es -y debe seguir siendo- salvar vidas, hay una parte de la Administración que no está involucrada en los servicios esenciales ni en la gestión de prestaciones sociales o sanitarias, y que, como tantos ciudadanos, profesionales y empresas, podría aprovechar para considerar la digitalización como un pilar de la reconstrucción. Así, ante la próxima adversidad o ante un eventual repunte de los contagios, contaríamos con una administración ágil capaz de gestionar aspectos burocráticos con la rapidez que requieren las situaciones de emergencia. Pero, además, fomentaría una mayor transparencia, fiabilidad y un ahorro claro en costes. En cada momento, un promotor podría ver en qué fase de tramitación se encuentra una licencia. No se traspapelarían documentos. Nos evitaríamos pérdidas de tiempo en consultas en ventanilla, en desplazamientos, o en impresión y almacenaje de papeles.
Digitalizar en su totalidad la tramitación de los proyectos renovables no significa eliminar funcionarios. Significa que los mismos trabajadores públicos que gestionan estos permisos puedan teletrabajar con normalidad, como tantos otros profesionales, cuando les convenga por conciliación, o cuando venga impuesto por la siguiente pandemia: desde sus casas, conectados, seguros y eficientes.
Deberíamos aprovechar la experiencia de lo vivido durante la pandemia para sentar las bases de esta profunda transformación digital en las iniciativas de transición energética. Seguiríamos, así, el ejemplo que nos han dado tantos ciudadanos españoles con su disciplina para evitar los contagios, con su resiliencia para superar la pérdida y la enfermedad. Y con sus ganas de aprender y de seguir adelante, ser mejores cuando todo esto acabe.
La digitalización de la Administración debe ser la máxima prioridad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que los inversores puedan avanzar en sus proyectos y que nuestro país pueda alcanzar las ambiciosas metas que se ha marcado en el ámbito de las energías limpias. La Administración no debe dar la espalda a los vientos de cambio o, pronto, será arrastrada por un huracán.