Mejoran los datos de pobreza energética en España
Los indicadores que miden su evolución han bajado en 2019, algo que no sucederá este 2020 debido a las dificultades económicas que está provocando la pandemia entre los más vulnerables.
Aunque los cuatro valores utilizados para medir y analizar la evolución de la pobreza energética en España han mejorado en 2019 respecto al año anterior, tal y como refleja el informe actualizado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicado a mediados de noviembre, lo cierto es que los datos siguen siendo preocupantes.
Según el documento, más de 3,5 millones de españoles (7,6%) no pudieron mantener una temperatura adecuada en su vivienda el invierno pasado. Afortunadamente, esta cifra ha bajado un 1,5% respecto al año anterior y un 2,5% en el periodo 2016-2019, lo que indica que el número de personas que pasan frío en sus hogares ha descendido en más de un millón en los últimos cuatro años. Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra son las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de su población en esta situación, mientras que La Rioja, Ceuta y Cantabria son las que arrojan los mejores datos. A nivel de la UE, se observa un mejor comportamiento en los países del norte y centro de Europa -con Austria y Finlandia a la cabeza-, que cuentan con un mayor desarrollo de las redes de calor, mientras que los países del sur y del este, como Bulgaria, se encuentran en una situación más desfavorable.
Otro de los indicadores para medir la pobreza energética en España es el retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda, lo que puede llevar a interrupciones del suministro energético. Los datos de 2019 confirman la tendencia decreciente de este indicador, que se reduce al 6,6% de la población -el equivalente a 3,1 millones de personas- desde el 7,2% del año anterior. Ceuta y Andalucía son las regiones con un mayor porcentaje de hogares en esta situación, mientras que La Rioja y Castilla y León cuentan con el porcentaje más bajo. A nivel europeo, los países con más dificultades en pagar los recibos a tiempo son los del sur y este del Continente -especialmente Grecia, con un tercio de la población afectada-, en contraste con los países del norte y oeste, como Luxemburgo y Holanda, que presentan un mejor comportamiento.
El informe también refleja que el 16,7% de la población -unos 7,5 millones de personas- tuvo un gasto energético desproporcionado (2M) respecto a su nivel de ingresos el pasado año, especialmente las viviendas sin calefacción, reduciéndose este dato en tan solo un 0,2% respecto al año anterior. Esto refleja una importante presión presupuestaria y aumenta la probabilidad de un retraso en el pago de las facturas. Las regiones con los peores datos son Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que el País Vasco es la que mejores datos aporta. En el caso de Europa, el 16,2% de los hogares europeos destina una parte significativa de sus ingresos al pago de facturas energéticas, con una participación superior al doble de la media del conjunto de la UE. Las tasas de gasto energético más elevadas se dan en el este, norte y oeste del Continente.
Respecto al indicador de pobreza energética escondida (HEP), entendida como el porcentaje de hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de la media nacional, ha presentado una leve mejoría, pasando del 11% en 2018 al 10,6% en 2019, lo que afecta a más de 4,5 millones de personas en España, con una mayor proporción entre los hogares sin calefacción. Ceuta, Canarias y Melilla vuelven a destacar como las zonas con un valor más alto, mientras que La Rioja y Navarra siguen siendo dos de las regiones con mejores datos. Los países europeos peor posicionados y, por tanto, con un mayor porcentaje de hogares en esta situación son Finlandia y Suecia, aunque esto puede deberse a pautas de comportamiento más eficiente.
Si tenemos en cuenta otras variables analizadas en el informe, se puede constatar que la pobreza energética sigue cebándose en los hogares más desfavorecidos, es decir, aquellos en los que viven personas sin empleo, con las rentas más bajas (primer quintil), en pisos con alquiler de renta antigua y en hogares sin calefacción. Respecto al tamaño del hogar, los indicadores 2M y HEP presentan valores más altos en hogares habitados por una persona, mientras que en los otros dos indicadores, los valores más altos se dan en hogares con cinco o más miembros. Finalmente, si tenemos en cuenta el análisis tomando como base las distintas zonas climáticas del Documento Básico de Energía del Código Técnico de la Edificación, se puede concluir que, en líneas generales, los hogares situados en las zonas A y B, tienen una serie de características que los hacen ser proclives a tener valores mayores en los cuatro indicadores.
Impacto de la pandemia
El coronavirus no se ha convertido, precisamente, en el mejor aliado para combatir la pobreza energética. Todo lo contrario. El confinamiento domiciliario y el teletrabajo han aumentado el número de horas que pasamos en el hogar, lo que supone una subida del gasto energético. Para reducirlo, los expertos aconsejan mejorar la eficiencia energética de las viviendas, ya que subir la calificación energética de las mismas puede suponer ahorros de entre 500 y 600 euros anuales.
La crisis económica que está provocando la pandemia, con un gran número de personas en situación de ERTE o que han perdido sus empleos o negocios en los últimos meses, está castigando con mayor intensidad a las personas vulnerables, provocando daños irreparables en la economía de muchas familias en España.
Un dato significativo es el aumento del número de beneficiarios del bono social de electricidad. Según el último Boletín de Indicadores Eléctricos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica mensualmente, a junio de 2020 el número de consumidores acogidos al bono social rozaba el millón trescientos mil, lo que supone un 1,1% más que el mes anterior. De la cifra total, la mitad (unos 665.000) pertenecen a una unidad familiar sin menores, más de 320.000 son familias numerosas, alrededor de 160.000 pensionistas, unos 90.000 viven con un menor y algo más de 60.000 tienen dos hijos menores.
Para facilitar el acceso a los nuevos consumidores vulnerables como consecuencia de la pandemia, el Gobierno ha incluido un nuevo supuesto del bono social eléctrico, limitado en el tiempo hasta el 30 de junio. Desde el 1 de octubre, pueden acceder a él los hogares en los que, al menos, haya un miembro de en paro, esté incluido en un ERTE o, en el caso de los empresarios, que hayan visto reducida su jornada laboral con pérdidas sustanciales de ingresos. Los hogares beneficiarios del bono social eléctrico también recibirán el bono social térmico en 2021 para sufragar los costes de climatización. Además, se prohíbe el corte de suministros a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social y a los que sean beneficiarios del bono social y estén en alguno de estos tres supuestos: vivan con un menor de 16 años, estén en situación de dependencia de grado II o III y/o tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Desde el principio de la pandemia, las empresas energéticas han puesto en marcha medidas para facilitar a sus clientes el pago de las facturas y mantienen acuerdos de colaboración con organismos públicos para ayudar a los clientes más vulnerables.