El sector apoya las subastas de renovables y pide más concreción

El pasado 6 de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sacó a información pública la propuesta de Orden ministerial que regula el primer mecanismo de subastas de renovables, tras la aprobación del RD 960/2020, de 3 de noviembre, que regula el nuevo régimen económico. El documento establece, entre otras cuestiones, un calendario previsto para las subastas de renovables para el periodo 2020-2025, incluyendo plazos indicativos, frecuencia de las convocatorias, capacidad esperada y tecnologías previstas.

Está previsto que la primera subasta se celebre en diciembre y adjudique un mínimo de 3.100 MW. A partir de 2021, el Gobierno tiene previsto subastar anualmente 1.500 MW de eólica, 1.800 MW de FV, 100 MW de termosolar, 60 MW de biomasa y 20 MW de otras tecnologías, con los que se alcanzarán cerca de 20.000 MW al finalizar el quinquenio (ver gráfico adjunto). A continuación, recogemos las alegaciones que las principales asociaciones del sector han remitido a la consulta pública, cuyo plazo finalizó el pasado 18 de noviembre.

A juicio de aelec, las subastas son “un instrumento adecuado para asegurar la entrada de los 5.000 MW anuales de capacidad que exigen nuestros objetivos a 2030”. Con el nuevo calendario de subastas, añaden, “hay que establecer las condiciones adecuadas para preservar la concurrencia competitiva, lo que permitirá dar mayor flexibilidad y aumentar el interés de los potenciales participantes, sin olvidar que éstas no deben obstaculizar la necesidad de dotar de profundidad a los mercados a plazo y evitar distorsiones en la liquidación de la energía de la subasta para las unidades de adquisición”.

Respecto a las alegaciones presentadas a la propuesta de Orden, desde aelec consideran que: hay que evitar la especulación y fomentar la flexibilidad de los proyectos; los precios mínimos (de riesgo) no son necesarios por la rápida evolución tecnológica, ya que pueden distorsionar y dar paso a proyectos que luego no se ejecutan; sería conveniente dar un seguimiento a los resultados agregados de las subastas para conocer su evolución y cumplimiento; las tecnologías más maduras deben estar más vinculadas al mercado; es importante conocer con suficiente anticipación los detalles de la subasta para que los agentes puedan planificarla correctamente; es positivo establecer cupos para instalaciones existentes que fomenten la hibridación.

La nueva edición del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, presentado recientemente por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables), constata el buen momento por el que atraviesa este sector en el país, con un crecimiento real del 15,6% en 2019. Desde la asociación, señalan que las tecnologías renovables “han alcanzado la competitividad”, lo que puede llevar a pensar que las subastas “no son necesarias” para su desarrollo futuro. Sin embargo, añaden, el récord de instalación de 7.051 MW de 2019 fue impulsado por las subastas, “lo que da una idea del poder que tienen para adecuar las inversiones de las compañías a los objetivos que tenemos como país”, explican.

En sus alegaciones, Appa Renovables considera que las subastas deberían ser específicas por cada una de las tecnologías; cree que la Orden carece de profundidad regulatoria, ya que existen muchos conceptos que se dejan para un desarrollo posterior; considera que el porcentaje de ajuste de mercado de la Orden debería ser superior para las tecnologías más maduras, como la eólica y la fotovoltaica; así como que debería dar mayor protagonismo al almacenamiento, tanto para futuras instalaciones como para las plantas que ya están en marcha.

En el caso concreto de la biomasa, desde Appa Biomasa alegan que la capacidad subastada debería elevarse a 200 MW en 2020 para absorber proyectos que han estado madurando en los últimos años y a 100 MW en años sucesivos, para llegar a los 700 MW en 2025, “lo que permitiría alcanzar el objetivo del PNIEC para la biomasa en 2030”. También creen importante que se subaste la práctica totalidad de capacidad en la primera mitad de la década. Asimismo, entienden que la capacidad que se subaste cada año debe dividirse en dos segmentos según el tamaño de las instalaciones: la mitad de la capacidad subastada para instalaciones de hasta 20 MW y la otra mitad para las de más de 20 MW.

Por otro lado, consideran crucial que el plazo máximo de entrega de energía se establezca en 20 años para las tecnologías biomásicas, “no solo porque cuentan con costes de inversión superiores al resto de renovables, sino porque al ser dependientes del suministro de un combustible consumible que debe ser comprado, requieren un apoyo retributivo a largo plazo”. En lo que respecta a los parámetros retributivos de las tecnologías, entienden que para instalaciones gestionables como la biomasa el valor del coeficiente de ajuste del mercado “debería ser cero”. Lo contrario, señalan, “resultaría discriminatorio, al penalizar el buen funcionamiento de la tecnología con biomasa”.

Pistoletazo de salida

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que recientemente ha presentado al Miteco la Hoja de Ruta del sector eólico para el periodo 2021-2024, señala que la inclusión en la propuesta de Orden de un calendario tentativo hasta 2025 con los cupos mínimos por tecnología a los que se pretende asignar un régimen económico mediante subastas, “aporta una referencia de visibilidad a futuro”.

Como comentarios a las alegaciones presentadas al documento, desde AEE indican que disponer de esa visibilidad a cinco años y garantizar esos cupos mínimos, son aspectos que el sector ha venido demandando desde hace tiempo, “ya que permite obtener una dimensión mínima del mercado eólico, lo que facilita la toma de decisiones de la industria manufacturera ubicada en el país, a efectos de seguir apostando por España como hub de fabricación mundial de aerogeneradores”. En este sentido, añaden, “habrá que ver si dichos mínimos hay que revisarlos al alza para poder cumplir con los objetivos del PNIEC a 2030 y aprovechar la capacidad de las fábricas eólicas ubicadas en España”. De igual modo, indican que disponer de dicho calendario “permitirá a los promotores preparar con tiempo suficiente los proyectos y presentar los mejores a cada convocatoria, lo que redundará en eficiencia y eficacia”.

Desde la asociación eólica señalan que otro aspecto crucial pendiente de regular es el relativo a cómo la subasta va a utilizarse como instrumento de transición justa. Por ello, entienden que, una vez superados los cupos mínimos por tecnología, la asignación del régimen retributivo hasta llegar a tope a subastar “no se debería hacer solo a precio, sino a valor, aprovechando todas las posibilidades que cada tecnología ofrece para la generación de empleo en las regiones afectadas, para la reducción de emisiones o para el ahorro de costes para los consumidores, garantizando un equilibrio territorial”.

A juicio de AEE, el diseño de las nuevas subastas incorpora aspectos positivos como la posibilidad de “establecer cupos por tecnologías, hacer subastas de energía con esquemas pay as bid y por contratos por diferencia que permiten que cada ofertante puje por los ingresos que quiere obtener, y que permita asegurar un canal para esos ingresos durante todo el periodo de cobertura de la subasta”. Asimismo, señalan que hay aspectos técnicos que el sector ha propuesto para que se puedan adecuar, sobre todo lo relativo “a las liquidaciones frente a programa, la gestión de las GdO y la posibilidad de reservar parte de la energía de la subasta para ir a mercado o formalizar acuerdos bilaterales”, pero entienden que, una vez publicado el RD 960/2020, “habrá que echar a andar con este diseño y después evaluar los resultados para ir afinándolo”.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que presentó hace unas semanas al Miteco una propuesta con 29 medidas y 35 reformas para que la fotovoltaica protagonice el Plan de Recuperación, considera que la propuesta de Orden Ministerial “está bien encaminada y supondrá el pistoletazo de salida para que se puedan organizar subastas antes de fin de año, lo que se traducirá en un incremento del empleo y en creación de riqueza en un momento particularmente delicado”.

El calendario, añaden, “contribuirá a dar estabilidad y certidumbre al sector FV, permitirá la instalación de plantas, dará apoyo a la industria con la producción de energía más barata y consagrará a nuestro país como hub fotovoltaico mundial”. Asimismo, se conseguirá homologar el sistema de subastas español a nivel internacional, “lo que permitirá tener precios competitivos y que los proyectos obtengan la financiación que necesitan”.

La asociación también apunta la necesidad de complementar este marco regulatorio en dos aspectos. Por un lado, “celebrar subastas específicas para proyectos de menos de 10 MW, reservándose un 20% de la capacidad subastada para ellos”. Por otro, “favorecer la participación del mayor número de actores y que se reduzcan riesgos, limitando la posibilidad de que se pueda adjudicar más de un 30% de la potencia subastada a una sola empresa”.

Respecto a las alegaciones remitidas por la asociación FV a la propuesta de Orden, éstas se han basado en la posición ya aprobada por las empresas de UNEF en los Grupos de Trabajo. Entre otras cosas, se ha solicitado la convocatoria de subastas en este 2020; el respeto a la neutralidad tecnológica; la aplicación de un proceso de precalificación exigente previo a la subasta; la reducción de la cuantía de los avales -la madurez se acreditaría con la precalificación-; la no aplicación de los coeficientes simétricos de mercado a las tecnologías no gestionables; la participación en mercado con hasta un 25% de la energía generada por la instalación; la cuota de un 20% de la subasta para proyectos pequeños; así como la aplicación de un plazo de 20 años al Régimen Económico de Energías Renovables (REER).