Decepción por la escasa ambición de la futura Ley Europea del Clima

El pasado 11 de diciembre, la recién elegida presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentó el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), un paquete de medidas en materia de cambio climático, con el objetivo de convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono del mundo en 2050. Una de las propuestas estrella es la puesta en marcha de la nueva Ley Europea sobre el Clima para transformar en norma el objetivo de neutralidad climática para 2050, cuyo borrador se presentó a principios de marzo. Un documento, en líneas generales, calificado de poco ambicioso, que retrasa hasta otoño la revisión del objetivo de reducción de emisiones a 2030 y que ha sido objeto de algunas críticas.

El Pacto Verde plantea aumentar el objetivo de reducción de emisiones del 40% actual hasta el 50% o el 55% con respecto a los niveles de 1990; sin embargo, la propuesta de Ley del Clima recoge que no será hasta septiembre de este año cuando la Comisión revise el objetivo y explore opciones para incrementarlo y, al menos, hasta junio de 2021 no evaluará cómo debe modificarse la legislación actual para lograrlo.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado la propuesta de “muy mejorable”, especialmente en los objetivos a 2030. Considera “que le falta concreción y más orientación sobre cómo se van a articular las inversiones, las medidas industriales, energéticas o sociales que hay que activar ya mismo para conseguir la neutralidad climática en 2050”. El proyecto de Ley tampoco ha sido del agrado de los ecologistas, quienes opinan que el documento no responde a la gravedad de la emergencia climática. En este sentido, proponen aumentar, al menos hasta un 65% la reducción de emisiones en 2030 y lograr las emisiones netas cero en 2040.

Otra de las críticas vertidas sobre el borrador se centra en la obligatoriedad de la futura norma, ya que se considera que, una vez aprobado el texto, la meta cero emisiones debería convertirse en objetivo vinculante no solo para el conjunto de la UE, tal y como recoge la propuesta, sino también para cada uno de los Estados miembros.

La futura Ley del Clima también incluye medidas para hacer un seguimiento de los avances, de manera que cada cinco años, a partir de septiembre de 2023, la Comisión evaluará la coherencia de las medidas adoptadas a nivel europeo y nacional, y estará facultada para emitir recomendaciones a los Estados miembros cuyas actuaciones no sean coherentes con el objetivo de neutralidad climática. Los Estados miembros estarán obligados a tener en cuenta dichas recomendaciones o a justificar los motivos de no haberlas seguido.

Además del borrador de la Ley del Clima, el ejecutivo comunitario ha abierto una consulta pública sobre el futuro Pacto Europeo sobre el Clima, una iniciativa encaminada a que los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones de todos los sectores de la sociedad y de la economía participen en la formulación de nuevas acciones por el clima, el intercambio de información, la puesta en marcha de actividades de base y la presentación de soluciones. La consulta estará abierta hasta el 27 de mayo. Las respuestas recibidas se utilizarán en la formulación del Pacto sobre el Clima, que se pondrá en marcha antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), prevista para el mes de noviembre en Glasgow.

Impuesto al carbono

La Comisión Europea también ha lanzado la publicación de la evaluación inicial de impacto sobre el futuro mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, otro de los instrumentos políticos importantes del Pacto Verde Europeo.

Los esfuerzos de Europa para conseguir la neutralidad climática en 2050, podrían verse socavados por la falta de ambición de algunos socios internacionales, lo que significaría un riesgo de fuga de carbono. Esto ocurre cuando las empresas transfieren la producción a países que son menos estrictos con respecto a las emisiones. En tal caso, las emisiones globales no se reducirían. Este nuevo mecanismo contrarrestaría este riesgo al poner un precio al carbono en las importaciones de ciertos bienes desde fuera de la UE.

La medida deberá cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio y otras obligaciones internacionales de la UE. La Comisión baraja varias opciones a la hora de diseñarlo: desde una tasa en las aduanas hasta la extensión del mercado de derechos de CO2 a las importaciones. Para calcular su magnitud, estudia usar la metodología empleada en este mercado o asignar una huella de carbono a los distintos productos, teniendo en cuenta su relación con las políticas climáticas actuales y futuras, y propone aplicarlo en los sectores con mayor riesgo de fuga de carbono. Para su aplicación, será necesario que los importadores y las autoridades puedan determinar las emisiones de CO2 asociadas a la producción de los bienes, de modo que será necesario implantar controles y auditorías en terceros países.

La Comisión también ha lanzado una consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre fiscalidad energética.